Denuncian en Chiapas encarcelamiento y criminalización de indígena defensores de los derechos comunitarios

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Gobierno castiga a quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios, acusó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU

Dos ejemplos de esta situación son los casos de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y 5 defensores del territorio del municipio indígena San Juan Cancuc.

En el caso de Manuel, él es un indígena campesino de 22 años habitante de la comunidad El Censo, del municipio de Ocosingo, un territorio que se encuentra dentro del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Ricardo Flores Magón.

Él fue detenido el 04 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias que están en contra del movimiento zapatista. Tras ser detenido fue torturado durante más de un día y luego entregado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía) dependiente de la Fiscalía General del Estado. Durante cuatro días permaneció encerrado y fue hasta el 09 de diciembre que se puso a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo.

Su detención fue hecha en el marco de hechos de violencia que se dieron en la comunidad donde un grupo de familias son militantes del EZLN; está disputa en la que no participaron los zapatistas, dejaron como saldo 4 personas privadas de la vida. A Manuel se le acusó de haber asesinado a una de ellas, pese que demostró que al momento de los enfrentamientos se encontraba junto a su familia en su domicilio.

De acuerdo al Frayba, organismo que lleva su proceso judicial, hasta la fecha, más de dos años después de la detención, la Fiscalía no ha presentado a declarar a los supuestos testigos del homicidio, ha diferido en diversas ocasiones la audiencia de Juicio Oral, no ha presentado necropsias de los cuerpos de las personas fallecidas, entre otras irregularidades.

Añade el Frayba que Manuel está siendo criminalizado judicialmente junto a su familia, por ser parte de las Bases de Apoyo del EZLN.

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Por su parte, en el caso de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, de trata de cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

En su caso se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio.

Los detenidos fueron después procesados y luego, de manera sorpresiva, fueron acusados y sentenciados por el homicidio de una persona que murió cuando estaba en manos de la policía municipal.

En su caso la Fiscalía indígena alteró de acta de defunción de la persona muerta, incluso la modificó con anotaciones hechas a mano y con corrector; tampoco se investigó a los policías que iban en la patrulla en la que murió esta persona, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, y el cuerpo lo entregaron a su familia ya muerto.

Los cinco indígenas detenidos están organizados en el llamado Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, también son parte del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), y se han opuesto a proyectos como la construcción de una represa y una carretera turística.

“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, explicó el Frayba en el informe que presentó ante el organismo de la ONU.

De acuerdo al Frayba, los encarcelamientos referidos son evidencia de varios más donde el gobierno mexicano y el de Chiapas criminalizan a defensores indígenas que luchan por defender sus derechos políticos y los proceso de autonomía y autodeterminación como pueblos originarios.

Al sistema de justicia lo usan para ocultar acusaciones falsas, tortura, el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, y detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN).

“Para el Frayba, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia  intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios”, explicaron en conferencia de prensa esta mañana.

Esperan que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU analice el caso y que el gobierno de México y Chiapas detengan la represión contra los pueblos indígenas organizados.

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