México no puede seguir normalizando la corrupción: Sistema Nacional

Sistemas Nacional Anticorrupción junto a las representaciones estatales
Foto: Cortesía

El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Estado de Chiapas se sumó al llamado del Sistema Nacional Anticorrupción respecto al pronunciamiento en la que se afirma: “México no puede seguir normalizando la corrupción”.

El Sistema Nacional insistió en su trabajo hacia la prevención, sanción y protección a denunciantes, ya que la transparencia no es una opción sino una obligación.

Dicha instancia, expresó su compromiso contra la corrupción y acciones coordinadas en el Sistema Nacional y los Estatales esto ante el Índice de Percepción de la Corrupción.

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (IPC) publicados por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, señalan que México obtuvo una calificación de 26 puntos sobre 100, posicionándose en el lugar 140 de 180 países evaluados y como el país con mayor percepción de corrupción dentro de la OCDE y el G20, solo por encima de Rusia.

Estos resultados, impulsan a los Comités de Participación Ciudadana y Comités de Participación Social de los Sistemas Anticorrupción, tanto Nacional como Locales, a ratificar su compromiso contra los actos de corrupción y fortalecen nuestra convicción de que sólo mediante un Plan de Trabajo Nacional Colaborativo.

Dicho plan está centrado en la participación ciudadana y en desarrollar una cultura de la integridad, profundizando la transparencia proactiva y la rendición de cuentas con evaluación institucional y pública, enfocado en atender los factores críticos como la impunidad, la debilidad en la aplicación de sanciones y la influencia del crimen organizado en los actores públicos y privados, dentro del ámbito de nuestras atribuciones.

El desafío impulsa al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA a establecer las siguientes cuatro prioridades del plan de trabajo para prevenir y combatir los actos de corrupción públicos y privados, en seguimiento a los ejes de Buen Gobierno y Anticorrupción y sus pilares del Gobierno Federal: cero impunidad y atención a las Victimas; profesionalización de la administración pública; prevención de la corrupción mediante programas de ética e integridad y fomento y gestión de la denuncia.