Relatora de la ONU exige garantizar defensa de derechos humanos en Chiapas

Marcha de Colectiva Cereza, en medio Patricia Aracil Santos.
Foto: Colectiva Cereza

Mary Lawlor, relatora especial para las Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos, pidió a las autoridades estatales garantizar que las integrantes de la Colectiva Cereza y la activista Patricia Aracil puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos sin temor a acciones en su contra.

He recibido noticias preocupantes sobre declaraciones estigmatizantes del Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas contra la Colectiva Cereza y Patricia Aracil. Las autoridades deben garantizar que las integrantes de la Colectiva puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos sin temor a acciones en su contra, expuso vía redes sociales.

Zein Jerónimo Gil, subsecretario de Ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad de Estado de Chiapas
Foto: SSP

Caso

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Amnistía Internacional, la Colectiva de Madres en Resistencia Chiapas y la  Asamblea de Mujeres Tuxtla expresaron su  profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones emitidas por el subsecretario de Ejecución de Sanciones del estado de Chiapas, Zeín Jerónimo Gil, quien ha difundido públicamente un acta sin sanción con el objetivo de desacreditar la trayectoria de la defensora de derechos humanos, Patricia Aracil Santos, integrante de Colectiva Cereza.

Las mujeres hicieron énfasis en que dichos actos constituyen una forma de estigmatización institucional que pone en riesgo su seguridad, inhibe su participación y obstaculiza la labor legítima que realiza en la defensa de las personas privadas de la libertad y víctimas de tortura.

“Difundir sin fundamento estos documentos es una forma velada de castigo político por ejercer la defensa de derechos en un sistema profundamente punitivista y patriarcal”, compartieron.

Por tanto, les preocupa el mensaje que se envía desde las instituciones cuando se castiga más a quien denuncia abusos que a quien los perpetra, insistieron en que defender derechos no es un delito y acompañar, visibilizar y exigir justicia no debería costar la libertad.