Familias denuncian crisis de desapariciones y violencia institucional contra mujeres en Chiapas

Foto: Mitzi Fuentes
En el marco del Día Internacional de la Mujer, familiares de personas desaparecidas, defensoras de derechos humanos y la Colectiva Cereza denunciaron que en Chiapas persiste una violencia estructural e institucional contra mujeres buscadoras y mujeres privadas de la libertad.
Durante una conferencia en San Cristóbal de Las Casas, señalaron que el sistema de justicia continúa reproduciendo desigualdades y castigando la pobreza, el género y la pertenencia comunitaria.
En ese contexto, informaron sobre un amparo colectivo que beneficia a 17 víctimas directas e indirectas, elaborado junto con estudiantes de derecho, madres buscadoras y un equipo interdisciplinario.
El recurso marca un precedente, ya que por primera vez un juez federal reconoció varios casos como desapariciones forzadas, es decir, con presunta intervención directa o indirecta de agentes del Estado.
El juez también determinó que estos hechos pueden constituir delitos de lesa humanidad, lo que implica responsabilidad estatal y la posibilidad de acudir a instancias internacionales.
Las familias señalaron que su principal objetivo no es solo judicializar las carpetas, sino encontrar a sus seres queridos y regresarlos a casa.
Denunciaron además omisiones de corporaciones de seguridad, como la falta de entrega de videograbaciones y registros de arcos magnéticos en retenes de acceso a Tuxtla Gutiérrez.
También documentaron fallas en la respuesta del 911, pese a llamadas de testigos y familiares durante algunos de los levantamientos.
Según datos oficiales, al 27 de febrero de 2026 Chiapas acumulaba 61 desapariciones en lo que va del año, principalmente en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal.
Otros municipios con casos recientes son Palenque, Frontera Comalapa, San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo.
A nivel nacional, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 130 mil personas desaparecidas, con aumento entre adolescentes, jóvenes y mujeres.
Las organizaciones también denunciaron violaciones a derechos humanos en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde mujeres enfrentan hacinamiento, falta de atención médica y restricciones a visitas.







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