Pacificación en Chiapas, un discurso vacío y de simulación: organizaciones

Zona fronteriza de Chiapas. Foto: Ángeles Mariscal

El control criminal persiste, las estructuras criminales persisten con un alto costo en la vida de los habitantes de las zonas sierra y fronteriza, a quienes les controlan desde la movilidad, hasta sus actividades comerciales y de la vida cotidiana bajo un patron de desplazamientos forzados y desapariciones, se detalla en el informe que realizaron organizaciones humanitarias, quienes cuestionaron  la versión del gobierno estatal quien asegura que hay paz en Chiapas.

El informe “Chiapas, la paz pendiente”, el segundo informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Movilidades Libres y Elegidas–Colibres, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Voces Mesoamericanas, con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).

En este infome describe el impacto que sigue teniendo en la población los grupos de la delincuencia organizada en los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, El Porvenir, La Grandeza, La Trinitaria, Mazapa de Madero, Montecristo de Guerrero y Motozintla, en el periodo del 7 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 202.

Es la continuación de un primer informe que documentó la violencia en la región desde 2021, periodo en el que empieza en Chiapas una lucha violenta entre dos cárteles de la droga, por apoderarse y controlar la región fronteriza entre Chipas y Guatemala; y el papel de las instituciones del Estado.

El método que se utilizó para recopilar la información fue deliberadamente cauteloso: ningún testimonio aparece con nombre, porque la violencia que se documenta es, en buena medida, una violencia que se ha querido ocultar y que opera, sostiene el informe, con la complicidad de agentes del Estado.

Al presentar los hallazgos, Pedro Faro Navarro, integrante del Frayba, dijo que si bien las declaraciones de gobierno dicen que la violencia bajó, lo que ya no es visible en esta región son los enfrentamientos abiertos entre carteles. Siguen vigentes las desapariciones, los desplazamientos forzados se dispararon y hay un control de la ciudadanía.

El desplazamiento que no termina

En el tema del desplazamiento forzado interno, el informe describe una crisis sostenida, no un episodio. Detalla que en el periodo 2021-2025 se contabilizan más de 24 mil personas desplazadas en el territorio.  “Muchas han regresado, pero lo han hecho sin garantías, las viviendas están muchas de ellas destruidas, sin posibilidad de reconstrucción, bajo el control de los grupos armados.

El documento llama a este patrón “desplazamiento intermitente” porque la población va y vuelve, pero no logra rehacer un proyecto de vida. Advierte que, en estas condiciones, el retorno no es una solución, sino una fase más dentro de un ciclo de expulsión, regreso precario y nueva huida.

A ese cuadro se suma, denuncia el informe, el negacionismo gubernamental a reconocer a esta población como víctima de desplazamiento forzado, porque si bien hay una ley en materia de desplazamiento, nunca se ha aplicado: carece de reglamento, de registro y de un fondo estatal de contingencias.

Existe un amparo que obliga al Estado a subsanar esos vacíos; sin embargo, según expusieron las organizaciones, el gobierno lo que está haciendo es impulsando una nueva ley que  busca eludir las obligaciones de la anterior.

La desaparición como recurso de terror

El tercer eje del informe es la desaparición de personas, descrita como “un recurso de terror que se incrementa”. Solo en el periodo documentado, se registró 416 desapariciones en municipios de la franja fronteriza. El documento da cuenta, además, de fosas clandestinas  (25 reconocidas oficialmente) y una crisis forense que, sostiene, rebasa los registros oficiales.

 El informe identifica patrones de desaparición selectiva y reclutamiento forzado, y describe un subregistro alimentado por el miedo de las personas a denunciar; y ante la ineficacia institucional, muchas familias terminan buscando a los suyos en redes sociales.

La “pacificación simulada”

El informe se detiene en la estrategia de seguridad del gobierno estatal, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, y en particular en el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Lejos de la narrativa de los operativos “espectaculares” que se han realizado, las organizaciones documentaron privaciones arbitrarias de la libertad y tortura. El caso que el Frayba presenta como ejemplo es el de Óscar Trinidad Carvajal, detenido el 4 de noviembre de 2025 y, según la denuncia, torturado por elementos de esa corporación; esta persona permanece recluido sin la atención médica adecuada. No es el único, advierte el informe.

Para las organizaciones, el problema de fondo es que esos operativos no se traducen en el desmantelamiento de las redes criminales, hay detenciones, pero casi nunca enfrentamientos, y el control territorial sigue en pie. De ahí la conclusión más dura del documento, la pacificación sería, en los hechos, una simulación. Los enfrentamientos disminuyeron, pero no el control criminal -las extorsiones, la vigilancia, la restricción de la movilidad-, que incluso se ha endurecido en los últimos meses. El saldo es una población replegada en el silencio y la autocensura como mecanismos de supervivencia.

La esperanza que se construye desde abajo

No todo el informe es diagnóstico de la violencia. Un capítulo está dedicado a las resistencias, a las redes comunitarias que persisten, la memoria colectiva, el trabajo de las Diócesis de San Cristóbal y sus agentes de pastoral, a las parroquias. También reconoce a las formas de autogobierno y de defensa del territorio que han permitido sostener la vida en medio del miedo. Esa, sugiere el documento, es la otra cara de la “paz pendiente”, la que no llega por decreto, sino que se levanta desde abajo.

Las organizaciones advierten que lo que ocurre en la Sierra-Frontera no es una excepción regional, sino un reflejo de lo que también se vive en la Selva, los Altos y el norte de Chiapas. La paz sigue siendo, como advierte el epígrafe del informe, la única batalla que vale la pena librar. Todavía pendiente.