Comunidades, colectivos y organizaciones se reúnen para analizar estrategias de paz

Población de Nicolás Ruiz. Foto: Ángeles Mariscal
Dieciséis organizaciones, colectivos y comunidades se reunieron en Nicolás Ruiz, tres meses después del ataque del crimen organizado que dejó tres muertos y un desaparecido. Buscan establecer estrategias de paz, acusan al Estado de omisión o complicidad ante las agresiones del crimen organizado.
Comunidades originarias, colectivos y organizaciones civiles de seis municipios de Chiapas se reunieron este viernes en Nicolás Ruiz para firmar un pronunciamiento conjunto en defensa del territorio, la vida y la paz. El documento acusa al Estado mexicano de omitir su responsabilidad ante la violencia del crimen organizado —o de ser parte de ella— y exige la aparición con vida del comunero tseltal Ángel Jiménez López, desaparecido desde el 24 de abril cuando un grupo armado irrumpió en el pueblo.
El encuentro fue convocado por las autoridades del municipio y reunió a 16 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Las Abejas de Acteal, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ejidos de Venustiano Carranza, Teopisca y Socoltenango, e investigadores de ECOSUR. Es la expresión más reciente de una resistencia que lleva al menos dos años construyéndose ante la ausencia del Estado.
El documento firmado este 25 de julio tiene tres demandas centrales. La primera y más urgente es la aparición con vida de Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal secuestrado por el crimen organizado durante el ataque del 24 de abril. A la fecha, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la Acción Urgente No. 2316/2026 y fijó al Estado mexicano una fecha límite de respuesta —el 15 de mayo— que no fue cumplida.
La segunda denuncia el avance del crimen organizado «en colusión o ante la omisión de las autoridades», y exige el cese a la criminalización de las organizaciones que defienden el territorio. La frase no es nueva: en su comunicado del 25 de abril, la comunidad ya había escrito que «las autoridades estatales y federales han omitido su responsabilidad en la seguridad o son parte de la violencia generalizada.»
La tercera señala a los megaproyectos de infraestructura —el Corredor Interoceánico y las autopistas San Cristóbal-Teopisca y Palenque-San Cristóbal— como políticas de despojo continuas, equiparables al Plan Puebla Panamá. Los firmantes reafirman su autonomía territorial y su derecho a defenderse desde sus asambleas y costumbres ancestrales.
El pronunciamiento cierra con un homenaje al historiador Jan de Vos, a 15 años de su muerte, por haber transcrito los Títulos Primordiales del pueblo de Nicolás Ruiz. No es un gesto menor: invocar la memoria de la tierra como parte de un pronunciamiento político de seguridad es recordar que la defensa del territorio tiene raíces anteriores a cualquier cártel.
El contexto de la reunión de las organizaciones y comunidades es el ataque del 24 de abril a Nicolás Ruiz, cuando cinco camionetas con hombres armados entraron al municipio desde distintos puntos. Cuando la comunidad los expulsaba, los criminales asesinaron a Luis Ángel Gómez Ramírez. Maricruz Moreno Gordillo, secuestraron a Ángel Jiménez López, campesinos que salía de su trabajar sus tierras.
Lo que hace más grave la acusación de omisión es lo que ocurrió antes del ataque. Nicolás Ruiz llevaba meses organizando guardias comunitarias junto con municipios vecinos en la Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios, formada en 2024 tras expulsar a traficantes de personas migrantes que usaban la región como ruta.
El gobernador Eduardo Ramírez los visitó y les pidió que bajaran la guardia. «¿Para qué vas a seguir teniendo a tu gente bajo el sol, desgastándola? Yo le garantizo la seguridad», les dijo, según relató el presidente municipal Audelio Jiménez Gómez a Chiapas Paralelo días después del ataque. Lo creyeron. Desmovilizaron las guardias. Y el crimen organizado entró. El gobernador no ha respondido públicamente a esa acusación.
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