Despojo, desplazamientos y criminalización contra pueblos indígenas, un continuo en Chiapas

Cuatro casos recientes, evidencian la continuación de la estrategia de represión por parte de los gobiernos hacia el pueblo de Chiapas. Se trata de  Jotolá, mercaderes de Ocosingo, Agua Clara y Teopisca.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunciaron agresiones, desplazamientos forzados, criminalización y despojo territorial contra comunidades de pueblos originarios.

Ambas organizaciones y denunciantes exigieron al Estado mexicano frenar las acciones que, aseguran, vulneran la autonomía, el territorio y los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Durante una conferencia de prensa, el representante del CNI en Chiapas, Tavita Jiménez, sostuvo que existe una estrategia de represión en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno.

Recordó, el operativo realizado el 12 de febrero de 2026 en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón, donde —afirmó— hubo familias desplazadas, viviendas destruidas, personas detenidas y procesos penales abiertos contra integrantes de la organización.

El CNI también denunció el despojo que enfrentan 39 locatarios tseltales del Mercado Público Tradicional “Dr. Belisario Domínguez Samir Flores Soberanes”, en Ocosingo, quienes reportan pérdida de locales, bloqueo de accesos, amenazas, agresiones y presunta fabricación de delitos.

Asimismo, acusó hostigamiento contra diez familias de la comunidad Agua Clara, en Salto de Agua, por la defensa de las tierras que ocupan desde hace más de una década.

Gerónimo Gómez López, representante de Agua Clara, afirmó que el conflicto en la comunidad se agravó con el avance del proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque.

A estas denuncias se sumaron ejidatarios de Teopisca, quienes señalaron que la ampliación de la carretera San Cristóbal-Teopisca avanza sin un proceso de consulta previa, libre e informada, además de provocar afectaciones ambientales, división comunitaria y riesgo de despojo de tierras.

“Este proyecto no nos beneficia en nada; por el contrario, destruirá la poca tierra que tenemos. Estamos totalmente en contra de esa carretera”, expresó un integrante del CNI Chiapas durante la conferencia.

Por su parte, la directora del Frayba, Dora Lilia Roblero García, advirtió que las agresiones documentadas ponen en riesgo la vida, la seguridad y la integridad de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes de comunidades del CNI en municipios como Ocosingo, Chilón, Teopisca y Salto de Agua.

Añadió que la omisión de las autoridades ha permitido la continuidad de estos hechos, particularmente en el caso de los locatarios de Ocosingo, quienes enfrentan afectaciones a su derecho al trabajo y al sustento familiar.

Respecto al proyecto carretero San Cristóbal-Teopisca, Frayba sostuvo que las comunidades afectadas no han sido consultadas conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que demandó la suspensión de las obras.

Entre sus principales exigencias, el CNI y Frayba solicitaron la liberación de Francisco Moreno y María de Jesús Sánchez, la cancelación de órdenes de aprehensión contra integrantes del movimiento, la atención al desplazamiento forzado, la restitución de los espacios de trabajo de los locatarios de Ocosingo

Y el cese de amenazas, desalojos y actos de criminalización contra las comunidades indígenas que mantienen la defensa de su territorio y autonomía.