Dividir a los colectivos de búsqueda de desaparecidos, estrategia del gobierno en Chiapas para no buscarlos, acusan familiares de las víctimas

La principales ciudades de Chiapas recibieron el reclamo de familiares de personas desaparecidas. Foto: Mitzi Fuentes

Familias de personas desaparecidas se movilizaron este 30 de agosto en Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Yajalón. Denuncian que las diferencias entre colectivas son alentadas desde las instituciones, que hay favoritismo en el trato y que las desapariciones se investigan “carpeta por carpeta”, sin tocar el fondo. Chiapas registra cifras oficiales de 1,982 personas desaparecidas, datos de organizaciones hablan de más de 3 mil en cuatro años.

La principales ciudades de Chiapas recibieron el reclamo de familiares de personas desaparecidas. Foto: Mitzi Fuentes

Con las fotografías de sus familiares en las manos, madres, padres, hermanas y hermanos de personas desaparecidas salieron este 30 de agosto a las calles de cuatro municipios de Chiapas —Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Yajalón— para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Hubo marchas, plantones, exposiciones fotográficas y la lectura de un pronunciamiento conjunto.

Las familias reconocen que hoy existe participación institucional en las búsquedas. Pero sus señalamientos apuntan a dos problemas que, sostienen, impiden que esa participación se traduzca en resultados: prácticas que dividen a las colectivas y les dan trato desigual, y una investigación que avanza expediente por expediente sin tocar el problema de fondo.

Familiares de personas desaparecidas en Chiapas, organizadas y sin organización, exigen su aparición con vida. Foto: Ángeles Mariscal

“Nuestras diferencias no pueden ser usadas para dividirnos”

La denuncia más directa la formularon las propias buscadoras durante la movilización en Tuxtla Gutiérrez. Preguntadas por las diferencias visibles entre colectivas y por su origen, una integrante respondió sin rodeos: “Son provocadas por el mismo Estado. Al Estado no le conviene que todas las familias que tenemos víctimas desaparecidas nos vean unidos. Es una estrategia que el mismo Estado impone ante las colectivas”.

Entre los mecanismos de esa estrategia identifica el miedo y el manejo de la información. Describe que se han enfrentado “a omisiones, a datos diferentes, a injusticias, a mentiras” y que se les oculta información de las carpetas de investigación. Y hace un señalamiento específico sobre el personal ministerial. “Nos hemos encontrado con que mismos MP de la Fiscalía General del Estado filtran la información ante otras familias que no tienen nada que ver con estas carpetas de investigación”, aseguraron.

El pronunciamiento leído ese día dedica a este punto uno de sus ocho apartados, titulado “No dividan a las familias que buscan”. Ahí las familias exigen que cesen las prácticas institucionales que generan división, exclusión o trato diferenciado, y sostienen que pertenecer a agrupaciones distintas o contar con acompañamientos diversos no modifica en nada las obligaciones de las autoridades.

“No importa a qué colectivo pertenezcamos, quién nos acompañe o quién nos represente: todas las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas y todas las madres y familias tenemos derecho a participar y recibir información”, dijeron.

El reclamo por el trato desigual fue explícito. Una integrante de otra colectiva, que acompaña a familias desde hace casi siete años, lo planteó así: “Vemos en particular que tienen mucho apoyo hacia una colectiva y eso no se nos hace justo, porque cada desaparecido debe ser tratado de la misma manera”. Su exigencia al gobernador y al fiscal fue de igualdad: “Que no tengan ningún favoritismo hacia nadie y que realmente lo que exigimos es una búsqueda real, igualitaria para cada una de las colectivas”.

Empezaron con diferentes causas y situación, hoy miles de familias de Chiapas se unen para exigir justicia. Foto: Ángeles Mariscal

En Chiapas hay más de seis colectivas de búsqueda

La misma vocera rechazó de antemano cualquier intento de compensación material. “Nuestra lucha no la vamos a vender, no tiene ningún precio, no nos pueden pagar con botas, playeras o con algún tipo, porque nuestra lucha es real”.

El padre Gilberto Hernández García, asesor de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla, coincide en que la unidad del movimiento está en juego, aunque atribuye parte de las fricciones al desgaste de las propias familias. “Trabajamos con emociones, somos gentes de emociones”, dice. “A veces las emociones crean desuniones”. Su exhortación apunta a lo que las une.

“Más allá de las diferencias, de las formas, de las estrategias que cada colectiva tenga de buscar, lo que les une es el fenómeno de la desaparición, sus deseos, su enorme esperanza de encontrar a los desaparecidos, aunque no sean los suyos”, expresaron.

Las buscadoras, por su parte, reportan acercamientos entre agrupaciones pese a las diferencias. “Gracias a Dios hemos tenido cierto acercamiento con otros colectivos de búsqueda”, dijo una de ellas. “Tenemos ideas diferentes que nos complican un poco llegar a acordar, pero al final de cuentas es por ellos, por los que no están, por los que amamos”.

El pronunciamiento denuncia además que buscar las expone: algunas integrantes han recibido amenazas, intimidaciones y advertencias durante las acciones de búsqueda, y les preocupa que esos hechos no siempre queden asentados en los informes ni generen investigación. Fijan entonces un límite: “No aceptamos que los riesgos que enfrentamos sean utilizados después como argumento para excluirnos de las búsquedas”.

A ello suman un señalamiento poco frecuente en este tipo de documentos, es decir, conductas discriminatorias, hostigamientos, acercamientos incómodos e insinuaciones o propuestas de carácter sentimental por parte de funcionarios con quienes necesariamente deben relacionarse. El pronunciamiento de las buscadoras lo enmarca en una relación de poder que, advierten, no puede ignorarse. “Proteger a las madres y familias no significa apartarlas de la búsqueda. Significa garantizar que puedan participar sin poner en riesgo su vida e integridad”.

Cada colectivo de búsqueda de personas en Chiapas vive diferentes momentos de madurez y entendimiento profundo de las circunstancias que han dado origen a miles de personas desaparecidas. Todos comparten el deseo de justicia. Foto. Ángeles Mariscal

“Buscar no es solamente pegar una ficha en un poste”

El segundo eje del reclamo es metodológico, y las familias lo resumieron en una frase que funciona como definición de lo que exigen. “Buscar no es solamente pegar una ficha en un poste. Buscar es investigar, buscar en campo y agotar todas las posibilidades hasta encontrar a la persona”.

Lo que hacen las autoridades hasta ahora, dijeron, tiene otro nombre: “Simulaciones”. Y describieron que la carga material recae sobre las familias. “Muchas veces los familiares tienen que sacar de sus bolsillos para las fichas de búsqueda, las cintas, el caminar, y ellos no lo hacen”.

El pronunciamiento sostiene el mismo argumento desde los datos oficiales. Al 29 de agosto, Tapachula registraba 273 personas desaparecidas y no localizadas; Tuxtla Gutiérrez, 251; Frontera Comalapa, 126; y Comitán de Domínguez, 107. En total 757 personas en cuatro municipios, cerca del 38 % del total estatal. Las familias aclaran que no buscan elaborar un ranking sino entender qué ocurre en esos territorios, y reclaman análisis de contexto que permitan identificar patrones, rutas, temporalidades, formas de operación y posibles conexiones entre casos.

“Las desapariciones no pueden seguir investigándose carpeta por carpeta como si cada caso ocurriera de manera aislada”, advierten al hablar de la estrategia del Estado mexicano para no avanzar en la búsqueda y compartir el problema de fondo.

Sobre qué hay detrás del fenómeno, las buscadoras fueron explícitas al ser preguntadas por el sistema que lo permite. “Es evidente que es el sistema”, respondió una de ellas, y sostuvo que autoridades y grupos criminales “están coludidos”. La misma integrante relató que en su caso, con la carpeta ya judicializada, “quieren involucrar a personas que no tienen nada que ver con la situación”.

Aun así, la demanda no se dirige a los responsables. Es una línea que repitieron todas las voces consultadas, “a nosotros no nos interesa quién fue, sino dónde están”. Una madre que apenas lleva cinco meses buscando a su hijo lo dijo con las mismas palabras: “Yo no busco culpables, lo que solo quiero es encontrar a mi hijo. Lamentablemente no sé nada”.

El padre Hernández García identifica el factor que, a su juicio, distingue lo que ocurre en Chiapas. “Lamentablemente, como la nota distintiva, pues es el crimen organizado. Bien sabemos que muchos de estos grupos miran a los jóvenes que son más vulnerables, tal vez con un poco más de inexperiencia, y los captan de diversas maneras”. Señala que ese perfil —jóvenes, por lo general varones, en situación de vulnerabilidad— coincide con lo documentado por relatorías de Naciones Unidas para el caso mexicano, y afirma que ya se observa en el estado, en zonas como el corredor de Cuxtapeques, donde realiza labor pastoral: “Lamentablemente son puros jóvenes”.

A la falta de visión de conjunto se suma un problema de tiempos. El pronunciamiento describe que en desapariciones recientes siguen siendo las familias quienes llevan información a las fiscalías —testigos, rutas, lugares, vehículos, cámaras— y que cuando pasan los días antes de que se realicen los actos de investigación, esa información puede perderse. En algunos casos, cuando finalmente se solicitan las grabaciones, ya fueron borradas o sobrescritas.

“Una grabación perdida puede significar perder un vehículo, un rostro, una ruta o la última imagen de una persona. Las primeras horas importan. La búsqueda inmediata no puede depender de cuánto insista una familia”, enfatizaron las familias buscadoras.

Otro reclamo apunta a la falta de coordinación entre la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda: “Las familias no podemos seguir llevando información de una institución a otra para conseguir que se comuniquen”. Y las familias relatan que durante las diligencias se les traslada la carencia institucional: que no hay vehículos, que faltan elementos policiales, que servidores públicos usaron sus propios recursos. Reconocen las condiciones laborales difíciles de muchos funcionarios, pero marcan la responsabilidad, “buscarles no es un favor. Investigar su desaparición no es un favor. Son obligaciones del Estado”, señalan.

El padre Hernández García coincide en el diagnóstico sobre el trato en las instituciones: “Que no den carpetazo, que no las traigan a la vuelta y vuelta en la fiscalía, sino que se creen mecanismos eficaces de búsqueda, que en realidad haya presupuestos para estas búsquedas”.

Un capítulo aparte lo ocupan los restos humanos localizados. El pronunciamiento pregunta cuántos han sido localizados, dónde están, qué estudios se les realizaron, si se obtuvieron perfiles genéticos, si se hicieron las confrontas y cuántos permanecen sin identificar. “No entendemos por qué tienen que pasar meses para obtener respuestas sobre restos que ya fueron recuperados”.

Un mismo sentimiento y una misma demanda es compartida por todos los familiares de personas desaparecidas. Foto: Ángeles Mariscal

Un oficio sin respuesta y una marcha al Palacio de Gobierno

Las familias informaron que hace unas tres semanas ingresaron un oficio dirigido al gobernador Eduardo Ramírez para solicitar audiencia, sin haber obtenido respuesta. El contraste con la agenda pública del mandatario fue el argumento central de su reclamo: “Se ha ido a plantar arbolitos, se ha ido a dar apoyos de diferentes carreteras, como una foto para la foto nada más, y a nosotros nos está dando largas”.

“Le queremos pedir al gobernador Eduardo Ramírez que nos dé una fecha, ya, para que nos reciba en el Palacio de Gobierno”, dijeron.

El pronunciamiento sostiene la misma petición y precisa qué esperan de ese encuentro: “No queremos una fotografía ni una reunión protocolaria”, sino hablar de búsquedas que llegan tarde, investigaciones que no avanzan, amenazas durante las búsquedas, restos sin identificar y territorios donde las desapariciones se concentran. La marcha de Tuxtla Gutiérrez terminó precisamente en el Palacio de Gobierno.

Memoria y verdad, trabajan familiares y personas que ayudan a la búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas. Foto: CICR

Una crisis nacional que ya alcanzó a Chiapas

Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas citados en el pronunciamiento, al 29 de agosto de 2026 hay 132,834 personas desaparecidas y no localizadas en México y 1,982 en Chiapas.

“No son solamente cifras. Son personas que faltan en sus casas y familias que viven todos los días preguntándose dónde están. No podemos acostumbrarnos a contar a nuestros desaparecidos por miles”, refirieron enn su manifestación.

Una de las buscadoras describió el fenómeno en los mismos términos: “Es lamentable que en el estado de Chiapas se esté presentando una crisis de desaparición forzada y que el Estado no responda ante este acto de deshumanidad”. El padre Hernández García lo ubica en un marco más amplio: “Lo tenemos en el país, lo tenemos en todo el mundo, pero a nosotros el drama nos toca aquí de manera directa en el estado de Chiapas”. Sobre el sentido de conmemorar la fecha, dice que se trata de “hacer memoria, tener presente este drama, que se visibilice, que no se justifique y mucho menos se ignore”.

La Diócesis de Tuxtla ha apoyado a familiares de desaparecidos con diferentes estrategias y herramientas de búsqueda; sin embargo, diferentes colectivos son víctimas de estrategias de división impulsadas por agentes del Estado. Foto. Ángeles Mariscal

Los buzones de paz: una herramienta en disputa

Desde la Iglesia católica se puso en marcha un mecanismo para recabar información ciudadana: los llamados buzones de paz, instalados en centros de la diócesis, donde cualquier persona puede depositar de forma anónima datos que ayuden a localizar a alguien. Uno de ellos, colocado en el acceso de un templo de Tuxtla Gutiérrez, lleva la firma de Cáritas y la Pastoral Social de la Arquidiócesis, dentro del Programa de Atención a Víctimas de las Violencias, y la leyenda: “Si tienes información que pueda ayudar a localizar a una persona desaparecida, escríbela y depositála aquí. Tu información será confidencial”.

El padre Hernández García los describe así: “Yo les llamo lugares de paz, lugares de esperanza, porque representan precisamente la esperanza para algunas familias de que ahí puedan introducir información”. A la fecha hay cuatro instalados y ninguno ha sido abierto. La razón, explica, remite al mismo problema que denuncian las familias: “No se ha abierto ninguno. Estamos buscando el mecanismo que se debe seguir para incluir a todos los grupos, de tal manera que la información pueda servir a todos”.

Pero desde las colectivas la herramienta aparece ya como un terreno en disputa. Integrantes de las agrupaciones que marcharon en Tuxtla sostienen que la gestión de los buzones quedó en manos de una sola colectiva y que a ellas se les dejó fuera pese a haberlos solicitado. “Nosotros sí fuimos a todos los que existen y pedimos esos buzones, pero agarraron partidarios por una colectiva nada más y nos dejaron fuera”, afirmó una de ellas, que califica ese manejo como “discrecional”.

La propuesta que plantean es la misma que busca la Pastoral Social, formulada desde el otro lado, “estamos pensando generar estos buzones de paz para todos los colectivos, no solo para un colectivo como lo han hecho, porque la verdad eso está muy mal”.

Mientras tanto, esas colectivas reciben información por sus propias vías —redes sociales y un correo electrónico— y hacen un llamado a la población con la garantía del anonimato: “Cualquier información, así sea la más mínima, nos puede ayudar muchísimo a hacer líneas de investigación donde podamos dar con el paradero de ellos. No tengan miedo, nosotros no los vamos a involucrar, todo se va a hacer llegar de manera anónima”.

Grupos organizados de mujeres, activistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, han apoyado la organización de familiares de desaparecidos/as. Foto: Ángeles Mariscal

La fuerza que sí existe

Pese al diagnóstico, hay señales de que la organización produce resultados. En Yajalón, buscadoras lograron que se realizaran exámenes de ADN, una de las diligencias que las familias reclaman de manera permanente.

“Los colectivos, las colectivas de madres buscadoras, de familias buscadoras, son un signo de esperanza”, afirma Hernández García. Y añade una lectura política del fenómeno. “Son también un signo de rebeldía ante un sistema que muchas veces quiere hacerse omiso, indiferente, que parece que trabaja pero que simula muchas cosas”.

El sacerdote sostiene que la presencia de las madres buscadoras —“que muchas veces son las que van encontrando pistas, indicios”— confronta, aunque esa no sea su intención, los sistemas de búsqueda y de procuración de justicia del país. A la sociedad le pide algo concreto: “Necesitamos solidaridad y no necesitamos juicios, no necesitamos revictimización. En estos tiempos nadie está exento de que pueda sufrir una situación como esta”.

Ese reclamo contra el juicio social lo comparten las familias. “Hay mucha gente inocente, como gente que quizás ande en cosas que no”, dijo una de las buscadoras, “pero nosotros no estamos para juzgar, estamos para exigir al gobierno que haga su trabajo”. Es la misma idea que el sacerdote formula desde la doctrina: “Nadie merece, ninguna familia merece, ninguna persona -independientemente de su edad, de su condición moral o de las circunstancias de su vida- merece ser desaparecido”.

Sobre el horizonte de las búsquedas, Hernández García es explícito: “Siempre esperamos encontrar a las personas con vida. Más allá de los números, más allá de los datos, sabemos que detrás hay historias de dolor, familias que los esperan. Nosotros queremos ayudar, no a crear una ilusión, desde luego, pero sí mantener la esperanza”.

El EZLN ha anunciado que acompañara en diciembre de 2026 a familiares de desaparecidas/os; ahora quienes viven en Chiapas, les piden que también se reúnan con quienes viven la misma situación en Chiapas. Foto: Ángeles Mariscal

Llamado al EZLN

La organización busca también tender puentes con otros movimientos. Iztlanda Galdámez Chandomí, hermana de Néctar Galdámez Chandomí. desaparecido el 8 de octubre de 2022 en Jiquipilas, dirigió un llamado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en diciembre tiene previsto un encuentro con madres buscadoras fuera del estado. Pide que se convoque también uno en Chiapas. El argumento es económico y político a la vez: “Muchos compañeros de nosotros, incluyéndome, también somos de bajos recursos”, explica, y por eso no pueden viajar a la Ciudad de México. “Eso ayudaría al movimiento de nosotros como madres buscadoras, porque también el Ejército Zapatista tiene su lucha y ejerce un poco más de presión al gobierno”.

El pronunciamiento cierra con la enumeración de sus exigencias: búsqueda inmediata y permanente, investigaciones diligentes, análisis de contexto, coordinación efectiva entre Fiscalía y Comisión de Búsqueda, condiciones seguras para la participación de las familias, derecho a documentar las búsquedas, identificación humana y confrontas genéticas oportunas, información clara y recursos suficientes. “No queremos administrar la desaparición. Queremos encontrarles. Mientras nos falte una persona, seguiremos preguntando dónde está. ¡Hasta encontrarles!”.