Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra exige la liberación de cuatro servidores de la Iglesia presos en Chiapas

Integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra. Foto: Cortesía

En su tercer aniversario, la organización con sede en Rayón pidió también la suspensión de la carretera Palenque–San Cristóbal.

El Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra -una organización que nació ante la necesidad de documentar y encaminar acciones para la población de la zona zoque de Rayón, Pantepec, Tapilula y Pueblo Nuevo Solistahuacán-exigió al Gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General del Estado la liberación inmediata de cuatro integrantes de parroquias católicas de esta región.

Las demandas están contenidas en el pronunciamiento por el tercer aniversario de la organización, fechado el 29 de agosto de 2026 en Rayón, el municipio zoque donde tiene su sede. Se trata de Orbey Juárez Juárez, José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez, de la parroquia de San Dionisio Mártir, en Pueblo Nuevo Solistahuacán, encarcelados «por un crimen que no cometieron». El cuarto es Bartolo Gómez Gutiérrez, de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, en Rayón.

El mensaje del centro humanitario interpela a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la unidad policial creada en la actual administración estatal. Les atribuye torturar, amenazar, sembrar droga y trasladar detenidos en condiciones que califica de deshumanas.

No es la primera vez que la organización señala a esa corporación. En su pronunciamiento del segundo aniversario, en septiembre de 2025, ya le había atribuido invasión de territorios comunitarios, allanamientos sin orden judicial e intimidación.

Los tres detenidos de Pueblo Nuevo Solistahuacán fueron aprehendidos el 22 de enero de 2026 en la colonia El Estoraque, en un operativo de la FRIP, según documentaron entonces el Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEDH), sus familiares y la Arquidiócesis de Tuxtla.

Están acusados del homicidio de un trabajador del ayuntamiento. Orbey Juárez, de 39 años, es agricultor y electricista, y subcoordinador de una capilla; José Julián López, de 21, es comerciante y ministro extraordinario de la comunión. La defensa ha denunciado detención arbitraria, cinco días sin comunicación, tortura e irregularidades en la integración de la carpeta.

Integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra. Foto: Cortesía

«El Estado, la delincuencia organizada y las empresas criminales»

En su pronunciamiento hacen una lectura política donde cuestionan a «la así llamada transformación» por no haber transformado los anhelos de los pueblos, describe una guerra dentro de la clase política mexicana que produce víctimas, y afirma que la brecha de desigualdad sigue creciendo aunque las cifras oficiales reporten menos pobres.

En Chiapas, dice, se ejecutan en nombre de esa transformación megaproyectos carreteros, ferroviarios y aeroportuarios que no ponen en el centro a los pueblos originarios, y la vulnerabilidad de las personas defensoras es «el pan cotidiano».

El texto se reivindican el trabajo que hicieron a favor de los grupos desfavorecidos Francisco y Clara de Asís; el obispo Samuel Ruiz García y el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, asesinado el 20 de octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas, a quien llama «mártir de la verdad» y describe como estorbo para lo que denomina una tríada: Estado, delincuencia organizada y empresas criminales.

Por ese asesinato, un juez federal sentenció en agosto de 2025 a 20 años de prisión al autor material. La investigación sobre los autores intelectuales sigue abierta. El padre Marcelo tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2015.

La carretera

Otro cuestionamiento del centro humanitario es la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, de 153 kilómetros, que atraviesa territorios tseltales y ch’oles de Palenque, Salto de Agua, Chilón, Ocosingo, San Juan Cancuc, Tenejapa, San Juan Chamula y San Cristóbal. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo en 2025 pese a los amparos promovidos por comunidades que reclaman falta de consulta previa, libre e informada. Los juzgados han negado las suspensiones.

El 9 de agosto pasado, habitantes de Chilón y Sitalá marcharon en el ejido Bachajón para reiterar su rechazo al proyecto y a la presencia de fuerzas de seguridad en sus comunidades.

Cabe señalar que el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra nació el 2 de agosto de 2023, como continuidad del trabajo de misioneros franciscanos en la zona zoque. En el pronunciamiento informa que ya obtuvo su personalidad jurídica como asociación civil y que en marzo abrió una oficina propia en Rayón.