Cortadores de caña, jornaleros en la precariedad laboral

Trabajadores Cañeros / Amatlán de los Reyes, Veracruz. Foto: Rubén Figueroa

Por Martha García/Investigadora de ECOSUR, Unidad Chetumal

La condición de vulnerabilidad laboral y social de los jornaleros agrícolas en México atenta contra los derechos humanos y al trabajo digno, situación que responde a los esquemas del mercado laboral precario y, por añadidura, a la omisión institucional.

Las recientes noticias sobre la situación laboral de los jornaleros agrícolas en México que estalló por la represión de la protesta de trabajadores en importante enclave productor de San Quintín, Baja California, y los sucesivos reportes sobre otras regiones del corredor agroexportador del Pacífico, obligan a reflexionar sobre lo que ocurre en la frontera sur con los trabajadores asalariados, nacionales e internacionales, empleados temporalmente en la cosecha de la caña de azúcar.

A partir de reportajes y notas informativas, además de estudios especializados , se da cuenta de la problemática de explotación laboral que sujetan a grupos y familias jornaleras; muchos de ellos incluyen, aparte de la mano de obra masculina, la femenina e infantil. En las zafras de los ingenios de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, a pesar que existe empleo asalariado para la población local, gran parte de la cosecha (corte de caña de azúcar), está en los brazos de trabajadores migrantes.

En los ingenios de La Joya, Huixtla, Othón P. Blanco y Tenosique donde se contrata alrededor de 3 mil cortadores de caña, la importación de trabajadores alcanza poco más del 50 por ciento de la demanda de jornaleros. Estos grupos o cuadrillas provienen de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guatemala y Belice. Aunque participan cortadores foráneos de El Salvador y Honduras, y otras entidades del país, pero ya están asentados en las regiones cañeras.

Varios trabajadores migrantes y sus familias se han quedado a vivir en las llamadas galeras, convierten estas instalaciones, pensadas para una “estancia temporal”, en sus hogares a pesar de la falta de infraestructura de servicios básicos. El decir, la precariedad laboral alcanza las condiciones de vivienda donde se hacinan las familias.

Esta condición general responde la falta de corresponsabilidad social, del gobierno, empresarios y hasta consumidores. En la lista están: los productores, quienes contratan a los jornaleros; los consorcios azucareros dueños de los ingenios azucareros que compran la caña a los productores; y las empresas transnacionales de alimentos como las importantes marcas globales de refrescos, harinas y dulces.

El mes pasado, en la región fronteriza de Río Hondo, se suscitó un accidente que no trascendió en la prensa nacional: un camión cañero se estrelló contra una galera en el ejido de Allende con pérdidas humanas y heridos. Los afectados fueron los trabajadores de Oaxaca originarios de Santa María Xanadi, zapotecos que tienen décadas de emplearse en la zafra del ingenio de San Rafael de Pucté, al sur de Quintana Roo.

Cabe mencionar las tensiones cotidianas que el contexto de marginación imprime entre los mismos trabajadores, quienes además de enfrentar la negociación diaria de sus salarios, se exponen a la competencia laboral, problemas de salud pública y abuso de enganchadores, entre otros. En general, esto alude a un problema estructural en la larga cadena productiva flexible donde priva la falta de reglamentación y supervisión gubernamental y empresarial.

El modelo de trabajo precario que rige en la agroindustria azucarera nacional por la jornada a destajo, es decir, el pago por la cantidad acumulada al día, sostiene la marginación y exclusión de este sector de población con escasa atención de parte de los programas públicos y la indiferencia social. La corresponsabilidad es compartida, la deuda con estos trabajadores sigue pendiente.