México, en una crisis de justicia, seguridad, y sobre todo política: Álvarez Icaza

Grupos indígenas rechazan la energética y otras reformas que consideran los despojan de su tierra y territorio. Foto: Archivo

Grupos indígenas rechazan la energética y otras reformas que consideran los despojan de su tierra y territorio. Foto: Archivo

 

El ex-secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza aseguró que a 10 años de la declaración de guerra contra el crimen organizado hecha por Felipe Calderón, la estrategia no cambió con Enrique Peña Nieto, por lo que pasamos de una crisis de derechos humanos a una mayor descomposición social, de justicia, de seguridad y sobre todo política.

En el marco de un Coloquio y Congreso de Derechos Humanos organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNCAH), Álvarez Icaza señaló que el crimen de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es uno de los casos mas grave en el sexenio de Peña Nieto, aunque no el único, donde toda la responsabilidad recae por el Estado mexicano como señala las leyes nacionales y los convenios internacionales.

“Por aquiescencia se da ya de facto la responsabilidad del Estado mexicano, es decir porque permitió que ocurrieran los hechos graves, porque aún cuando se pudo evitar, nunca lo hizo, y si a eso le sumamos responsabilidad en la investigación y hacer todo opr ocultar una verdad, donde en vez de investigar premian a los malos investigadores, entonces esto se agrava más”, expuso.

“Lamentablemente hemos pasado de una crisis de derechos humanos a una mayor descomposición y no sólo en materia de derechos humanos, de seguridad y justicia sino política”, dijo el activista y defensor de los derechos humanos.

Señaló que cuando uno ve estos 10 años esta lógica de enfrentar al crimen organizado, la resultante es que en México no tenemos más seguridad y sí tenemos menos derechos.

“La resultante de la intervención del Estado ha contribuido de manera muy significativa no sólo a espirales de violencia sino a generar hechos muy graves como los fenómenos de las desapariciones forzadas, que si bien ya existían en México, como en Guerrero que tuvo unas 85 por ciento de las desapariciones forzadas en la Guerra Sucia de los setentas. En la época actual esto tuvo dimensiones catastróficas, los números de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales o muertes violentas colocan a México con lo que pasó en las dictaduras en América Latina en los setentas y ochentas”, aseguró el experto en derechos humanos.

Indicó que el uso de la capacidad de fuerza del Estado no sólo no ha contribuido a disminuir el fenómeno de la inseguridad sino al contrario ha contribuido a los fenómenos de violencia.

Explicó que el Ejército no está capacitado para el desarrollo de labores de fuerza pública, y que le preocupa ahora ver expresiones públicas de altos jerarcas militares reclamando que se le den más “atribuciones”.

“Es un fenómeno que no existía, tener jerarcas militares pidiendo leyes para tener atribuciones. De facto es una confesión de parte de que no la tienen, pero han estado ahí estos 10 años haciendo esa labor”, agregó.

Ahora, dijo, el dilema es extraordinariamente grave, porque en una democracia lo que se hacen son leyes para regular las fuerzas del Estado, no hacen leyes para regular a los ciudadanos, y lo que ha venido pasando en México estos 10 años es la antítesis, pues se hacen leyes para regular la participación ciudadana, para controlar al individuo, restar la privacidad, contribuir a la opacidad y disminuir el acceso a la información pública. Pero ninguna ley para regular la fuerza del estado, es pues todo lo contrario de un estado democrático.

Dijo que el riesgo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos es cada vez más alto en estos 10 años, y lo que es peor es que el presidente que dijo que cambiaría esta estrategia no sólo no la cambió sino que la agudizó aún más.

Álvarez Icaza pidió a los estudiantes de la licenciatura y maestría en derechos humanos de la UNACH, trabajar de forma colectiva en la defensa de los derechos humanos. Que de ninguna manera hagan una labor individual, porque es necesaria la unidad en tiempos de crisis en la materia.

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