La justicia al revés

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Por Francisco Gómez Maza

Hace algunos años, en un pueblo perdido en la geografía mexicana, un indio purgó una condena de 60 años de cárcel, sentenciado por parricidio. Murió en su inmunda celda, después de que durante una década, exactamente a las 12 del día, aparecía su padre quien le llevaba la comida del día: frijoles, tortillas y chile… El juicio fue en español. Y Cushcul sólo hablaba y entendía tsotsil. Fue un caso cerrado. No hubo defensores de derechos humanos, ni menos suprema corte de justicia.

Hoy, los medios de información compiten por ver quién copia y pega más rápido la información del indulto presidencial al profesor Alberto Pastishtán*. El presidente Enrique Peña Nieto publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Código Penal Federal, aprobadas por el Congreso, en materia de indulto, con lo cual se otorgará el perdón al maestro tsotsil un día después de divulgada la reforma, Es decir, el mero jueves 31 de octubre.

Tuvieron que transcurrir 13 años y cuatro meses, durante los cuales el gran amigo del inolvidable jTatic Samuel Ruiz García, a quien también acusaron de haber sido el alma del levantamiento armado de 1994, para que medio se enderezara esta alrevesada justicia mexicana. Cómo no va a estar emocionado el maestro; cómo no van a estar emocionados sus familiares.

El profesor Patisthán Gómez acusado de tender una emboscada en la que murieron siete agentes de la policía estatal y municipal, y desde entonces – 2000 – se declaró inocente. Los abogados de Patishtán Gómez nunca se rajaron. Pidieron la intervención de la Suprema Corte Justicia de la Nación, por fallas al debido proceso, pero el máximo tribunal declinó competencia. La defensa interpuso recursos en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en Tuxtla Gutiérrez, y el 12 de septiembre pasado esa instancia ratificó la sentencia.

En el decreto presidencial se adiciona el artículo 97 bis al Código Penal Federal para quedar como sigue:

“De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. Etcétera…

Pero… Siempre poniendo peros. A este escribidor nada le gusta. Como tampoco le gusta a la organización defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional, que desde Nueva York advirtió que el indulto otorgado al maestro debe generar en México una revisión completa de casos que apunten a juicios injustos.

Esta liberación debe ser el primer paso para revisar casos similares y adoptar medidas que pongan un alto a la discriminación y la desigualdad en el acceso a la justicia.

Destacó que el indulto otorgado a Patishtán, quien estuvo en prisión por más de una década tras ser sometido a un juicio plagado de fallas, representa el reconocimiento de la injusticia hecha en su contra y debe generar una revisión de casos parecidos.

Javier Zúñiga, consejero especial del organismo, manifestó que pese a que el indulto es un alivio para Patishtán y su familia, éste no proporciona “verdad, justicia y reparación”. Para ello, indicó, los responsables de su encierro deben ser llamados a rendir cuentas.

fgomezmaza@analisisafondo.com

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*Patishtán fue condenado a 60 años de prisión por su supuesta participación en el asesinato de siete policías en Chiapas, en un juicio con fallas profundas, según diversos organismos civiles.

“El caso de Alberto Patishtán es sólo un ejemplo de un patrón que continúa: luego de ser acusado de un crimen que no cometió, no tuvo acceso a un abogado defensor competente, a un fiscal independiente o a un juez imparcial”, asentó Zúñiga en el comunicado.

Nació el 19 de abril de 1971 en el municipio El Bosque, Chiapas.

Se desempeñaba como profesor bilingüe federal afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 7.

Durante 5 años fue director del Albergue Escolar “Nicolás Bravo” en la comunidad El Azufre, municipio de Huitiupán.

Cursó estudios ya como profesor en la Universidad Valle del Grijalva hasta sexto semestre en la especialidad de Ciencias Sociales. A la vez fungía como presidente de una organización triple SSS en su pueblo natal, El Bosque, organización de mutuo apoyo local.

El 12 de junio de 2000, gente armada emboscó en la carretera una patrulla que llevaba 9 personas, 7 perdieron la vida y 2 resultaron heridas. El hijo del presidente municipal perdió el sentido por los disparos y fue en el hospital donde firmó un documento que acusaba al profesor Patishtán y a Salvador González

El 19 de junio de 2000, días después de la emboscada, cuando Alberto Patishtán se dirigía a su trabajo, cuatro hombres se lo llevaron sin decir nada ni mostrar orden de aprehensión.

De 2000 a 2011 Alberto Patishtán mantuvo su lucha por la justicia, en todos los penales tanto en Cerro Hueco, El Amate, el número 5, fue maestro, alfabetizó y enseñó español a indígenas monolingües.

Mientras estuvo en el CERESO 14 fue nombrado ministro de la Eucaristía por la Diócesis de Tuxtla. En 2012 la Suprema corte de Justicia de la Nación inicia la revisión del incidente de reconocimiento de inocencia que promueve la defensa del profesor Alberto Patishtán como último recurso para obtener la libertad del indígena tzotzil.

El 5 de marzo de 2013 la SCJN anuncia que será un juzgado en Chiapas quien determine la inocencia de Alberto Patishtán, sin embargo el 12 de septiembre un tribunal de Tuxtla Gutiérrez le niega la libertad.

Luego de que le es negada su libertad, Alberto Patishtán admite que debe proceder el indulto y el 29 de octubre se aprueban en la cámara de Diputados las reformas al Código Penal Federal que facultan al Ejecutivo Federal en materia de indulto a presos, cuando se tengan pruebas de violaciones a sus derechos humanos.

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