Ananías Laparra, campesino condenado injustamente en Chiapas

 Alejandra Gonza*

  ananias laparra carta

 

El Estado mexicano participó durante las últimas sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una importante mesa de negociación internacional para llegar a una solución amistosa con los abogados representantes del campesino chiapaneco Ananías Laparra Martínez y de su familia, caso en el que la búsqueda de inocencia de un condenado injustamente es un tema clave. Para llegar a estas instancias Ananías cuenta con representantes en México, en Estados Unidos, con el trabajo de numerosos estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle y con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos.

 Sin duda, son días movidos para los inocentes condenados injustamente en México. En el ámbito internacional el caso Laparra Martínez es en varios aspectos parecido a los muchos que visibilizaron esta problemática recientemente. Preso inocente, sin poder político alguno, vulnerable, detenido ilegalmente, torturado por agentes de la policía judicial y del Ministerio Público, junto a su dos niños Rocío y José, y a su esposa Rosa para obtener de todos ellos declaraciones de culpabilidad, y sentenciado injustamente con base principalmente en esas cuatro declaraciones.

Alejandra Gonza, abogada y consultora independiente especializada en derechos humanos, en  una reunión donde se abordó el Caso Ananías Laparra de Tapachula, Chiapas

Alejandra Gonza, abogada y consultora independiente especializada en derechos humanos, en una reunión donde se abordó el Caso Ananías Laparra de Tapachula, Chiapas

 Como consecuencia estuvo encarcelado por más de 12 años cumpliendo parte de una condena de mas de 28 por un crimen que no cometió, destruyendo a su familia, con especial impacto por los actos de tortura en la vida de sus dos niños. En el año 2009, después de peregrinar sin éxito por los tribunales internos, acude a la CIDH y en el 2012 obtiene su libertad por razones de salud, tras las medidas cautelares emitidas por este organismo. El Estado de Chiapas implementó parte de las órdenes de la CIDH liberando a Ananías con beneficio de sentencia suspendida, a través de la llamada Mesa de Reconciliación que en Chiapas logra liberaciones importantes de “presos políticos”. Claro, técnicamente esta libertad no es inocencia, pero puede enfrentar su cáncer y su lucha por ella fuera de la cárcel. No es suficiente.

 En muchos estados, como en el de Chiapas, las causales para acceder al recurso de reconocimiento de inocencia, son extremadamente limitadas por redacción o interpretación de los propios tribunales reticentes a revisar seriamente el trabajo mal hecho por la justicia, dejando a los inocentes sin respuesta, incluso torturados o con graves violaciones a los derechos humanos durante sus procesos.

 El acercamiento y los acuerdos logrados y a lograr por el Estado de México con los peticionarios en este caso ante la CIDH son trascendentales para cambiar una dura realidad y obtener justicia en el caso concreto. El propio Senado calificó como “hecho irrefutable” en México, “la existencia de casos en los que personas que no tienen garantizado su derecho a una defensa adecuada y en los que se violan los principios fundamentales del debido proceso, son sentenciadas con penas privativas de la libertad de manera injusta”. Rescato además, la declaración de que “Desafortunadamente el caso del profesor Patishtán no es el único en Chiapas y mucho menos en México”.

 Y claro que después de tamaña conciencia sobre un problema tan profundo, tienen que empezar a dibujarse soluciones reales, accesibles a todos los que buscan inocencia, técnicamente correctas y con medidas de reparación integral. El mecanismo de solución amistosa y el reconocimiento de responsabilidad internacional se convierten en una gran oportunidad para el Estado y son herramientas idóneas para demostrar su compromiso serio para resolver tan importante problemática, de conformidad con estándares internacionales.

 En noviembre dio otro gran paso al reconocer su responsabilidad internacional en un caso que llegó hasta la Corte Interamericana por detención ilegal y tortura de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, así como por sus posteriores condenas en dos procesos irregulares en los que se utilizaron las confesiones obtenidas bajo tortura y la falta de investigación de los hechos denunciados.

 En el ámbito nacional, también tiene claras oportunidades. El resonado caso del profesor Tsotsil Alberto Pathistán acorraló al Estado que, ante la necedad de la justicia negándose a revisar sus errores, tuvo que aprobar recientemente una modificación al Código Penal Federal Mexicano. Para liberarlo no le quedó otra que ampliar las facultades de indultar del Presidente de la Nación para cuando la justicia falla- en el literal sentido de la palabra- en revisar violaciones a derechos humanos acaecidas en los procesos. La reforma “Pathistán” transforma un subterfugio jurídico en una llave que, haciendo caso omiso a la división de poderes, solo abre la celda de alguno que otro inocente apresado cuando tienen su causa fuertemente visibilizada con poder político, esas que por incomodar tanto al Estado deben ser resueltas a como dé lugar.

Personalmente no me importa la falta de tecnicismo jurídico que permitió que Alberto Pathistán y Ananías Laparra puedan gozar de su libertad aún sin inocencia reconocida. Podríamos pasar horas discutiendo sobre la falta de rigurosidad legal del indulto reformado. Pero cualquiera que haya representado a un preso inocente condenado, rechazado una y otra vez por los tribunales, conoce el arte de buscar el medio para sacarlo de la cárcel como fin en sí mismo y- de lograr liberarlo- pelear su inocencia en otras condiciones. Temo más a un uso indebido futuro de la figura del indulto para los poderosos, a la falta de tecnicismo jurídico de las decisiones que cierran las celdas, como las que sustentaron durante años el principio de inmediatez procesal para dar validez a torturadas confesiones y prueba ilícita en México o a las que impiden el recurso de reconocimiento de inocencia con una soberbia judicial inentendible, aún ante flagrantes casos de injusticia.

Y como si todo se concatenara mágicamente, la Suprema Corte de Justicia de México, gracias al arduo trabajo del Centro PRODH, ordena la liberación de Israel Arzate Meléndez y atrae el caso de Martín del Campo Dodd que cuenta con un Informe de la Comisión Interamericana reconociendo su tortura. Regresa el tema una vez más a su espacio natural, dándole otra chance para asumir una solución integral al problema de los presos inocentes y condenas erradas, tanto de aquellos que quedaron atrapados por el sistema penal antes de las reformas, como los que vienen después de las mismas. Son muchos los que esperan, como lo demuestra también el trabajo de la Comisión Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros.

Desde el ámbito internacional con el importante mecanismo de solución amistosa activo en el caso de Ananías Laparra Martínez, como desde el interno con las medidas que se tomen para atender el tema de presos inocentes y condenas injustas, el Estado debe enfrentar el desafío como obligación seria, diseñando medidas claras para asumir esta problemática en todos los niveles y en todos los Estados. Los presos inocentes no se acaban con las reformas y serán siempre el desafío hasta de la justicia más “perfecta”, cuando esta también se equivoque.

La justicia debe dar una respuesta a su propia injusticia, nacional e internacionalmente, y corregir los errores que coloca con presunción de culpabilidad desde un inicio de un proceso penal a presos inocentes en las cárceles. Ya es hora de llamar a la libertad inocencia y a la inocencia libertad en estos casos. La familia Laparra sigue en la espera y el Estado cuenta con las mejores de las oportunidades.

 *Abogada y consultora independiente especializada en derechos humanos.

 

 

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