Publicidad personal y derechos humanos

Manuel Velasco en El Universal

Grosera, es el más suave calificativo que puede asignarse a una publicidad personal, ostentosa, en una entidad empobrecida, y  con recursos públicos, como la llevada a cabo por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, en las últimas semanas.

Se estima que los montos gastados superan los 100 millones de pesos, cantidad suficientes para paliar las necesidades más apremiantes de algunos municipios indígenas situados en pobreza extrema. La pobreza constituye la mayor de las violaciones a los derechos humanos, puesto que de la misma depende el ejercicio de muchos otros derechos, entre ellos la vida misma.

Según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 74.7% de la población vive en situación de pobreza, y 32% en pobreza extrema, lo que indica que no se encuentran en posibilidad de satisfacer necesidades de vivienda, educación, alimentación, salud, todas ellas consideradas, además, como derechos humanos universales y constitucionales.

En términos prácticos el aprovechamiento de los recursos públicos para fines personales tiene un impacto directo en el disfrute de los derechos humanos y explica también la razón por la cual no se revierten los niveles de pobreza.

El dinero gastado en la promoción personal de Manuel Velasco Coello habría sido suficiente para construir hospitales donde no los hay o para equipar aquellos que ya existen, o bien para instalar un verdadero Hospital de la Mujer en la zona de los Altos. En materia de vivienda habría servido para dotar de vivienda a quienes no tienen o para dotar de los servicios básicos que aseguren una vivienda adecuada a quienes no disfrutan de ella. En otro rubro: tan solo con el diez por ciento de lo gastado habría puesto fin a una pugna territorial de más de treinta años entre Chenalhó y Chalchihuitán.

Desviar los recursos públicos para fines privados constituye corrupción que debería ser sancionada penalmente, y en nuestro contexto, constituye también una grave violación a los derechos humanos, que además viola la Constitución Política del Estado de Chiapas en el artículo 44 fracción IV (que impone cuidar el uso de los fondos públicos con apego a la ley),  y el 78, que impone priorizar el gasto social en educación, salud y bienestar de la población.

La conducta de Velasco Coello también ameritaría un procedimiento de juicio político en los términos previstos en el artículo 81 de la Constitución de Chiapas, puesto que el uso de recursos públicos para fines privados constituye además de violaciones a los derechos humanos, una grave violación a la Constitución si se toma en cuenta los montos y se analizan en relación con la imposibilidad de asegurar una vida digna a una gran parte de la población. Evidentemente que esto solo sucedería en una verdadera democracia y bajo un verdadero Estado de Derecho.

En Chiapas esto no sería posible dada la ausencia de un Poder Legislativo que funcione como verdadero contrapoder y vigile los actos del Ejecutivo. Tampoco es posible dado que la paciencia y tolerancia de nuestra sociedad es infinita, lo que permite el abuso del poder y el desfalco impune sexenio tras sexenio.