No se mata la verdad matando periodistas

En agosto de 2010 los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron una visita a México con la finalidad de conocer directamente el estado del ejercicio de la libertad de expresión.

Cuando se dio la visita la cifra de atentados contra periodistas eran las siguientes: Según los reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 64 periodistas habían sido asesinados entre el año 2000 y 2010, y 11 periodistas habían sido desaparecidos entre 2006 y julio de 2010. Tres años después la cifra de periodistas asesinados creció a 86 y los desaparecidos a 20. El último periodista asesinado fue Gregorio Jiménez de la Cruz, ultimado en Veracruz. Su cuerpo fue encontrado muy cerca del territorio chiapaneco.

Cuando una persona que tiene por oficio el periodismo es asesinada, la  primera línea de investigación que debe contemplarse y agotarse es la consideración de que el crimen deriva de su ejercicio periodístico. La información sobre el caso de Goyo no deja lugar a dudas: quien haya ordenado su muerte, lo hizo a consecuencia del ejercicio periodístico.

Varias de las entidades del norte del país destacan como lugares donde el ejercicio periodístico conlleva riesgos graves a la integridad física. Veracruz, aunque en el sur, forma parte de las entidades de riesgo. La amplia presencia de la criminalidad organizada, la corrupción, la impunidad y otros factores inciden para evitar que tales asuntos de interés público se investiguen y se difundan. El silencio del periodismo, que se autocensura, genera falta de información, confusión y manipulación por quienes detentan el control sobre los grandes medios de información.

Si se calla al periodista, se priva a la sociedad de conocer la verdad. Es por eso que la labor de quienes ejercen la libertad de expresión como periodistas debe ser valorada en el marco de una sociedad democrática. Se debe tener en cuenta que las y los periodistas constituyen canales de comunicación y trasmisión de información útil para el debate y la toma de decisiones.

Si se valorara adecuadamente la función social de quien ejerce el periodismo debería protegérsele. Una conducta sencilla, pero importante en función de reconocer al periodista sería que los gobernantes lo reconocieran reiteradamente en sus discursos y su práctica. Es un buen mensaje que se reconozca al periodismo crítico y no solo al condescendiente con las políticas de gobierno. En esa medida se  entenderá que el periodismo en general, pero en particular el crítico no resulta inconveniente en una sociedad democrática.

Es también importante asegurar un ambiente adecuado para el ejercicio de la libertad de expresión en tanto que ello también asegura el ejercicio efectivo del derecho a la información. Este derecho de carácter social, implica la expectativa de recibir información veraz y lo menos manipulada posible, y ello solo puede asegurarse si quien ejerce la libertad de expresión se encuentra libre de todo condicionamiento político o económico, y libre de todo atentado contra su integridad personal o familiar a consecuencia del ejercicio periodístico.