Horror de Iguala

"No están solos". Foto: Elizabeth Ruiz

“No están solos”. Foto: Elizabeth Ruiz

 

Por Halina Gutiérrez Mariscal, Fernando Pérez Montesinos y Luis Fernando Granados */El Presente del Pasado

 

La consigna principal de la marcha de ayer (“vivos se los llevaron, vivos los queremos”) es comprensible y heredera de una larga tradición de activismo social. Pero ayuda poco a ponderar la magnitud —la dimensión histórica— de lo ocurrido el 26 de septiembre en la cuna verdadera de la independencia de México. Porque lo realmente aterrador es que en la noche de ese viernes, o poco después, la policía de Iguala y sus aliados asesinaron por lo menos a 49 personas e hirieron al menos a otras 25 —todas salvo tres o cuatro estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Cuarenta y nueve personas, en efecto: los dos muchachos cuyos asesinatos fueron confirmados al día siguiente, un tercero cuyas heridas le provocaron la muerte cerebral, un cuarto a quien sus asesinos desollaron, las tres víctimas “colaterales” que causó el ataque a un autobús donde no viajaban los normalistas (véase esta nota de La Jornada), y los 43 estudiantes que desde entonces se encuentran “desaparecidos”.

Cuarenta y nueve seres humanos asesinados a mansalva son cuatro más que las 45 víctimas de la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997; son treinta y dos más que los 17 campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995; son siete más que los 42 estudiantes que quizá murieron el 10 de junio de 1971 en la ciudad de México (según el cálculo de Joel Ortega) . Son también más que los 38 cadáveres que el ejército mexicano habría removido de la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la noche del 2 de octubre de 1968, y más que los 40 muertos “plenamente identificados” por la Comisión de la Verdad en 1993 (al menos de acuerdo con esta nota de Aristegui Noticias). No hay hipérbole, pues, en la afirmación de José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch (tal como fue reportada por Reforma): la matanza de Iguala de hace dos semanas es en efecto la más grave violación estatal a los derechos humanos ocurrida en México desde la noche de Tlatelolco.

Cuarenta y cinco o cuarenta y seis estudiantes normalistas y tres o cuatro “civiles”. Tres o cuatro “civiles” y 45 o 46 muchachos que aspiraban a ser maestros, que debían haberse convertido en maestros si la pudrición del estado mexicano —la fusión en un solo ente del crimen organizado y la clase política, la irresponsabilidad capital de casi todas las autoridades, el grotesco comportamiento del gobierno de Guerrero, el irremediable colapso ético del PRD— no hubiera provocado su muerte. Su asesinato condensa el horror en que vivimos, la desintegración de un país que en la década de 1920 imaginaba que los hijos de los campesinos podían convertirse en maestros y que poco menos de un siglo después permite, solapa, propicia el asesinato de quienes aspiran a dedicarse a la enseñanza.

Como estudiantes y maestros que somos —y porque este espacio es obra de y está destinado a maestros en ciernes como ellos—, no podemos sino resentir esa brutalidad de manera particularmente aguda. Su asesinato nos aturde y nos espanta, pero también nos interpela; nos obliga a reconocer el feroz resentimiento que la enseñanza —o una forma de enseñanza como la que buscaban practicar esos 46 muchachos masacrados— provoca entre quienes ejercen el poder en nuestro país.

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