Los pobres como base social

Por Halina Gutiérrez Mariscal/El Presente del Pasado

Presidente impugnado.

En 1978, un joven economista mexicano se graduaba como doctor en economía política y gobierno en la Universidad Harvard. La tesis doctoral que le mereció el grado era una exposición sobre la producción y la participación política en el campo mexicano. Ese joven, Carlos Salinas de Gortari, explicaba en dicho documento que la manera en que los gobiernos mexicanos habían aplicado el gasto social había sido poco eficiente, no sólo en sus efectos económicos sino en términos de la obtención de apoyo popular para el sistema político (quizá el fin último de quienes gobiernan con una visión empresarial y no social).

La aplicación de las ideas de esa tesis, que se publicó en 1980, fue el programa social que, una vez en la presidencia de la república, Salinas anunció como Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), el 2 de diciembre de 1988. Tal vez por los enormes problemas económicos y sociales que enfrentaba el sexenio que comenzaba en 1988, o tal vez por la necesidad de obtener el apoyo popular que parecía diluirse bajo la acusación de fraude electoral, Salinas hizo del Pronasol uno de los puntos fuertes de su gobierno.

¿Cómo afectaba la propuesta de ese nuevo programa la relación entre estado y ciudadanía y la manera en que se concebían mutuamente? Salinas mismo dijo: “frente a las nuevas circunstancias internas y externas, la mayoría de las reformas de nuestra revolución han agotado sus efectos y ya no son garantía del nuevo desarrollo que exige el país. Debemos, por ello, introducir cambios en el Estado, promover nuevas formas de organizar la producción y crear nuevos esquemas de participación y de relación política”, sepultando así toda una visión de estado nacida de la revolución y la constitución de 1917. (“Primer informe de gobierno”, en Carlos Salinas de Gortari, Informes presidenciales [México: Cámara de Diputados (LIX Legislatura), 2006], 27 —el documento puede verse aquí.)

Salinas criticaba que la legitimidad del estado hubiera estado por tanto tiempo directamente relacionada con su capacidad para ofrecer mejores posibilidades económicas y sociales, convirtiéndolo así en un comprador de legitimidad, apoyo y consenso político, a cambio de obra pública y servicios sociales financiados con recursos públicos (véase Enrique González Tiburcio,Seis tesis sobre Pronasol [México: Instituto Nacional de Solidaridad, 1993], 7-8). Según su propuesta, la mejor manera de satisfacer las demandas sociales con menos recursos y aun así conservar e incluso ganar capital político era conseguir que fuera la participación de los mismos ciudadanos la que proporcionara los recursos necesarios para el desarrollo social.

Más allá de interpretaciones sobre el estado y sus responsabilidades sociales, Salinas promovió la implementación de un modelo de desarrollo económico que cumplía con los compromisos de Miguel de la Madrid con organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. En el discurso se manejó la idea del tránsito de un estado propietario a uno solidario, idea que justificó la decisión de privatizar innumerables empresas estatales, promover la desregulación económica e insertar la economía nacional en los mercados internacionales.

Bajo el nombre de “reforma del estado”, este discurso de lo que se dio por llamar liberalismo social fue el eje de todas las acciones llevadas a cabo por el gobierno salinista. Quizá México no había visto modificaciones tan mayúsculas en su estructura estatal y económica desde esa época del gobierno salinista hasta ahora, en que el gobierno federal ha implementado una serie de cambios radicales que acentúan aquella visión de estado que resultó no ser más que una explotación política de la pobreza.

Más que un programa de asistencia social o de combate a la pobreza, Pronasol fue un instrumento para favorecer políticamente al PRI y a sus candidatos. Esto es tan cierto que en las elecciones federales de 1991, el PRI recuperó la fuerza que había perdido en 1988, obtuvo mayoría en el congreso, y pudo de esta manera llevar a cabo reformas constitucionales que de otra manera habría resultado casi imposibles.

El programa funcionó como contención del descontento social que había surgido a causa del deterioro del nivel de vida, después de la crisis económica de inicio de los años ochenta, convirtiéndose así en un recurso de gobernabilidad que permitió al gobierno de Salinas llevar a cabo transformaciones de tanta profundidad como el adelgazamiento del estado, la desregulación, las privatizaciones, el Tratado de Libre Comercio y, en general, la sustitución de un modelo económico y político.

Así, el gobierno federal rompió con el pacto posrevolucionario de estado responsable del bienestar general de los sectores populares de la población. Hasta antes de la instrumentación del modelo neoliberal, el estado contaba con una base de apoyo social a través de las organizaciones corporativas del PRI, o a través de los sindicatos. Con la llegada del neoliberalismo, el pacto con estos sectores sociales se rompió, para ceder paso a un nuevo sector en el que el nuevo estado encontraría su base de apoyo social: los pobres. Ya no serían campesinos ni obreros sino pobres. Esto responde a una nueva manera de concebir la pobreza.

Según los postulados del nuevo modelo económico, el estado de bienestar había adquirido compromisos inadecuados con sectores con los que no debía tenerlos, pues los recursos debían ser focalizados en la población que realmente lo necesitaba: los pobres. A partir de entonces, la pobreza ha sido tratada como un problema técnico, medible y susceptible de ser tratado con políticas sociales cada vez más focalizadas, políticamente neutrales y técnicamente precisas, y por medio de un manejo anunciado como transparente y eficiente del gasto social. Con todo, habría que llamar la atención sobre el hecho de que a más de treinta años del inicio de los cambios en el modelo económico, la pobreza no ha sido superada; por el contrario, va en aumento, al igual que la brecha entre la población que concentra la mayor riqueza y los más pobres.

El actual gobierno federal ha anunciado ya su programa social, Prospera, que entre otras de sus anunciadas virtudes promete un manejo transparente de sus recursos y la ampliación de los beneficios del programa Oportunidades… porque, como admitió el titular del ejecutivo, la pobreza en México está lejos de ser superada.

Frente a este estado que ha dejado de asumirse como responsable del bienestar de su población, y que sólo ofrece ayuda focalizada, electorera y cuestionable, cabe preguntarse si los pobres seguirán siendo su base de apoyo social cuando resulta que es cada vez menos eficiente como gobierno, y más diestro como empresario particular.