El Presidente tiene razón – Crisis de Estado
Por Paola Ramos Moreno
“Después de Iguala, México debe cambiar”, declaró Enrique Peña Nieto en su último mensaje a la sociedad mexicana, el pasado jueves. Una sociedad dolida, no por novedad sino por el cruento paso de su historia. El discurso del Presidente es una de las más recientes muestras de la ineficiencia creciente del Estado Mexicano por fungir como garante del bienestar social, sobre todo pasados los hechos del 26 de septiembre en Guerrero, que significaron el repudio explícito del acontecimiento y, en general, de la situación sociopolítica de nuestro país.
Plagado de frases demagógicas, el Presidente apela a la construcción de un Estado de Derecho que se ha visto ausente durante su administración. Como muestra, los 57 mil 899 homicidios acontecidos durante los primeros 20 meses de su gobierno: 14 mil 205 más que los sucedidos durante un período homólogo en el mandato de Felipe Calderón; los 9 mil 700 casos de desaparición forzada, que representan un 78% más de los casos registrados en los seis años de gobierno anteriores; un aumento del 19 al 21% de riesgo de pobreza laboral (OCDE); una situación crítica de violación de derechos humanos según Human Rights Watch –y, evidente para todo ciudadano mexicano–…
La lista puede seguir: corrupción, narcotráfico, inseguridad, discriminación, criminalización, ineptitud gubernamental… Ninguna de estas son historias nuevas. El punto de la historia nacional en que nos situamos es producto de años impunidad e injusticia, de la irresponsabilidad del Estado, pero además, hay que decirlo: también de la visión paternalista que de este tiene arraigado un amplio sector de nuestra sociedad, ese que defiende sin comprender ni practicar el mito de la democracia mexicana y que supone que las funciones del Estado están sujetas a los intereses del pueblo.
Pero como un gobierno que asesina, apresa, intimida, e ignora las peticiones y necesidades de sus ciudadanos; que vela por intereses de particulares, y que cimenta su carácter autoritario de la mano de poderes de facto no puede llamarse democrático, el momento actual de nuestra historia se ha convertido en el óptimo para la manifestación masificada de repudio ante la hostilidad y el terror que, los que se dicen autoridad, ejercen sobre los ciudadanos.
Los hechos del 26 de septiembre son tan sólo una muestra de la situación nacional, pero, producto de su amplia mediatización, han logrado ubicar a México en los ojos del mundo. Dada la presión social que representan manifestaciones realizadas a nivel nacional e internacional, el Estado Mexicano ha visto evidenciada su debilidad e incapacidad ante la lamentable situación sociopolítica de nuestro país que, aunque antes ya tenía un alto nivel de descontrol, acontecía en un margen de tolerancia que le era aceptable.
Pero hoy, el quebranto de la legitimidad no puede aumentar. La pérdida de confianza de la capacidad de la intervención del Estado para beneficio de la sociedad ha llegado a un punto máximo. La convergencia de movimientos varios y de particulares indignados es la clave para ésta circunstancia: es urgente que se planteen ejes de acción contundentes, para que la demanda de la renovación de las formas de ejercer la autoridad gubernamental se cumpla de forma que beneficie a la mayoría de la sociedad.
“Como sociedad debemos tener la capacidad de encausar nuestro dolor e indignación hacia propósitos constructivos” indicaba el discurso de Enrique Peña Nieto, y concuerdo pues, como también dijo, “nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie”. Pero, no hay que olvidar, dado el nivel de excitación social que vivimos, que la barbarie no es sólo Ayotzinapa; son las más de 53 millones de personas en situación de pobreza, los presos políticos, los estudiantes agraviados, los toques de queda en estados del sur, las muertes por el narcotráfico, la discriminación, los secuestros, las extorsiones, los torturados, la violencia a los periodistas y defensores de derechos humanos, los inmigrantes, los desaparecidos…
Es cierto: el Presidente tiene razón: “Los lamentables hechos de Iguala han exhibido que México tiene rezagos y condiciones inaceptables por vencer” y, agregaría: han exhibido también el errado curso que nuestra historia ha tomado, producto de una indiferencia, indolencia y a veces temor que, hasta hace unos meses, impedía que se expresara de forma conjunta y contundente la demanda por justicia social.
La ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, los gobiernos de varios países y demás organizaciones internacionales se han sumado a la demanda. El Estado, que no es Estado, tiembla. Apenas sostenido por una pata, avanza con la que cojea. Entre discursos increíbles, el injustificado uso de la fuerza pública, la persecución que realiza a ciudadanos políticamente activos, el nulo esclarecimiento de hechos y de impartición de justicia, y la crítica en el ámbito internacional, se debilita día a día.
Es una crisis de Estado que debemos aprovechar inteligentemente. De forma generalizada la demanda es por lo acontecido en Iguala, pero la exigencia va más allá de la impartición de justicia por el mismo: se pretende cambiar a los representantes en el poder, y hay aquí una debilidad de quienes se manifiestan, pues más allá de la exigencia por la justicia y aparición de los normalistas, no se ha establecido objetivos claros para un cambio de raíz en la política mexicana.
Como indicó Lorenzo Meyer: “En esta coyuntura crítica, se pone en duda todo el arreglo político, social, incluso cultural del país en una exigencia de cambio [pero] sin saber exactamente cómo hacerle”. No basta pues, con la rabia y la indignación generalizada, que ya son enormes ventajas; no basta con el, conveniente sí, nivel de mediatización que a la situación se le ha dado alrededor del mundo; no basta con la presión mediática y política internacional. Desde dentro, habrá que determinar las acciones a seguir con claridad para que este momento histórico no se convierta en un expresión social desarticulada, debilitada después por la falta de la formalidad necesaria.
Como dijo el Presidente: “Es momento de construir, no para destruir. Es momento de unir, no para dividir.” Creo, y con todas mis limitaciones me atrevo a pronosticar, que ha llegado el momento de reclamar el Estado de Derecho eficiente que se nos ha negado, pues, como dijo también nuestro, desde siempre repudiado, mandatario llegó el momento en que “frente a las circunstancias que nos han tocado vivir, demostremos (…) la unidad, el carácter y la determinación de los mexicanos”.
Fuentes:
http://www.jornada.unam.mx/2014/08/30/politica/003n1pol
https://www.youtube.com/watch?v=_l48cX-EmxM
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