México: las soberanías perdidas

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“Negociar es traicionar”; decía en 1989 la derecha salvadoreña antes del asesinato de Ignacio Ellacuría y los demás sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas; la guerrilla del Frente Farabundo Martí por su parte lanzaba la denominada “ofensiva hasta el tope” en medio de la incertidumbre de la reciente caída del Muro de Berlín.

La presión internacional por un lado de los bandos y la incertidumbre de conseguir apoyo para continuar el conflicto hicieron que al año siguiente el gobierno y la guerrilla aceptaran la intermediación de la ONU para encontrar una solución a la guerra civil.

Finalmente en 1992 guerrilla y gobierno firman los “Acuerdos de Paz de Chapultepec” con lo que termina la guerra civil salvadoreña.

En Guatemala los acuerdos para la paz inician con reuniones en nuestro país, en Querétaro en 1991, siguen dos años después en el Distrito Federal; pasan luego a Oslo, Noruega; luego otra vez al Distrito Federal; de nueva cuenta a Oslo; más tarde a Estocolmo, Suecia, Madrid, España, hasta su firma en 1996 en Ciudad de Guatemala.

Pero el camino guatemalteco de la paz ha sido más largo y sinuoso que el salvadoreño; en abril de 1998 el Obispo de Guatemala Juan José Gerardi es asesinado a golpes cuarenta y ocho horas después de publicar el informe «Guatemala: Nunca más», texto construido a partir de testimonios de las víctimas de la guerra civil. El documento revela que el noventa por ciento de los atropellos, era culpa del ejército guatemalteco.

El Cura Gerardi hizo un trabajo fundamental para lo que vino después en Guatemala. También lo fue el activismo de la abogada americana Jennifer Harbury quien al investigar la desaparición de su esposo, el comandante de la URNG Efraín Bámaca descubre y comprueba las prácticas de la agencia de inteligencia americana la CIA de utilizar como informantes a torturadores y represores.

Ante el activismo de la señora Harbury, Bill Clinton se vio obligado a desclasificar los archivos americanos sobre el comandante Bámaca y se vio obligado a ofrecer disculpas al pueblo chapín por el apoyo militar y de inteligencia estadounidense al gobierno guatemalteco.

Gerardi y Harbury abren el espacio que posibilita el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, aunque sus investigaciones no fueron causa de penalidad para los culpables de las represiones en la Guatemala de la guerra civil.

Como los trabajos de la Comisión no incluían penas legales; la impunidad se enseñoreó en Guatemala, y los grupos paramilitares que el acuerdo de paz desmovilizaba, seguían existiendo. Por ello se crea en el 2012 la “Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”; la idea de la comisión era apoyar al Estado guatemalteco

para enfrentar el fenómeno de los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, los que por medio de delitos afectan los derechos de los guatemaltecos y que tienen capacidad para procurarse de impunidad.

Pero pronto su modelo, se extendió a investigar otros asuntos y el trabajo de la comisión fue básico para desentrañar la corrupción aduanera que tiene bajo arresto a la ex vicepresidenta y provocar la salida del presidente Otto Pérez.

En México en esa misma década ¿Una república india en la frontera con Guatemala? No. Se preguntaba y respondía Carlos Salinas de Gortari en 1994 cuando conoce las propuestas políticas y sociales de la rebelión neozapatista en Chiapas.

Ante la presión popular, el presidente Salinas cede y se construyen los “Acuerdos de San Andrés”, hasta ese entonces y también hasta ahora el ejercicio de democracia directa más profundo que se haya intentado en México. Pero sin embargo quedó inconcluso porque su ejercicio no pudo implementarse.

De esta manera probablemente, desde 1968 no haya existido en México un ejercicio de democracia directa como el que se vivió en ese entonces en nuestro país.

La gran protagonista fue como lo fue en el 68, la llamada sociedad civil.

En ese entonces México en materia económica dejaba atrás años de proteccionismo económico y la cúpula política hacía suyo el “Consenso de Washington”

Si Salinas de Gortari alegaba -como también Zedillo lo hizo- soberanía nacional para no honrar los acuerdos; En materia económica por el modelo neoliberal, México ya los había perdido y en ese caso, ese cambio en la soberanía económica nacional había sido promovido por la cúpula en el poder que se negaba a reconocer derechos colectivos.

En ese sentido, ni dejaba emerger a la sociedad civil para que fuera partícipe en la toma de decisiones; pero también el país perdía soberanía económica; es decir la capacidad de la nación de determinar por si misma a través del aparato gubernamental la política económica.

En aras de participar y ser protagonista de la globalización internacional, a México se le fue de la mano su capacidad de defenderse ante la influencia exterior.

Hoy México puede ser un país globalizado, moderno en muchos sentidos, pero también profundamente desigual y lleno de riqueza entre la pobreza.

Lo peor es que no tiene soberanía económica y está a punto de perderse la política. ¿Por qué esto es así?

Sencillamente porque México es un país donde existe una enorme corrupción que la permite la impunidad.

Enumeremos:

Tan solo en los últimos quince años son, docena y media los ex gobernadores que han sido acusados de algún delito y pocos estados de la república pueden presumir que a alguno de ellos se les haya fincado delito.

Ningún partido político de los denominados grandes -PRI, PAN y PRD- se salva, pero solamente pocos han pisado la cárcel. Los delitos son abuso de autoridad, lavado de dinero y desvíos financieros.

El asunto es que si ya no tenemos soberanía económica al igual que en Centroamérica; Ayotzinapa abrió la puerta para que perdamos soberanía política. Sencillamente porque el gobierno federal no ha dado certeza a los ciudadanos sobre los resultados de la investigación y ya muchos mexicanos no creen que algún día nuestro gobierno pueda resolver de manera creíble la tragedia de Ayotzinapa.

Al igual que en El Salvador y Guatemala, cuando no hubo capacidad de normar la vida nacional con nuevas estrategias para la paz social y se necesitó la ayuda internacional; en México fue convocado también un grupo completamente independiente del gobierno federal para la coadyuvancia en las investigaciones. Es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Su sola presencia en México indica que las políticas públicas nacionales no han podido atajar dos cosas fundamentales en un Estado que se precie de democrático: la corrupción y la impunidad; y si ese binomio existe, no hay de otra sopa en este país que un mal gobierno.

Claramente se ve -hasta ahora- que ni política ni moralmente el Estado mexicano promueva ni mucho menos investigue con celeridad la verdad sobre los hechos ocurridos que han indignado a todo el país.

Sencillamente, otros -en este caso extranjeros empujados por la sociedad civil- se encargan de tratar de descifrar la verdad de los hechos y eso es pérdida de soberanía por falta de credibilidad de nuestras instituciones.

¿Nos rescatará la comunidad internacional de los malos gobiernos?

¿Qué necesita México para recuperar la credibilidad de sus instituciones?

Las dos preguntas están abiertas porque existe un divorcio entre la cúpula gubernamental y lo que quiere la sociedad civil.

La primera sigue hundiéndose en la corrupción y la impunidad y la segunda sigue teniendo ansias de justicia.

La sociedad civil sigue construyendo ciudadanía y en los días y años por venir se definirá si los sucesivos gobiernos mexicanos atienden los reclamos ciudadanos o siguen ocurriendo tragedias que requieran en su esclarecimiento la ayuda de las instituciones internacionales, porque el Estado seguirá caracterizado por la impunidad y la corrupción.

Habrá que recordar que el Papa Francisco llega a México y tendrá que pronunciarse por los temas emergentes mexicanos.

Habrá que recordar también que Juan Pablo II se pronunció por los excesos del comunismo en su tierra Polonia y fue un promotor activo de los derechos humanos y de la identidad cultural de su pueblo.

¿Habrá un antes y un después de la visita de Francisco I a México?

Donde no hay presencia institucional, algo o alguien lo llena; decía el Obispo Samuel Ruiz.

Precisamente eso es lo que le falta a México, una sólida presencia institucional que si no la llena nuestro gobierno, tiene su efecto negativo porque diversas fuerzas querrán imponerse.

Twitter: @GerardoCoutino

Correo: geracouti@hotmail.com

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