Tlatelolco 68 en el contexto de la guerra sucia

 

Imagen: www.ndmx.co

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A mediados de los años 50, cuando el gobierno de Jacobo Arbens en Guatemala –considerado “comunista” por los militares en Guatemala y por el gobierno de Estados Unidos”- fue derrocado, se inicia un periodo de dictadura en Latinoamérica. En el contexto de la Guerra Fría, comenzaron a proliferar gobiernos conservadores apoyados por el gobierno de Estados Unidos para desarrollar políticas de represión dirigidas a eliminar la oposición política. Estas políticas se incrementaron notablemente después del triunfo de la Revolución Cubana.

En varios países de Latinoamérica, se instauraron juntas militares que arribaron al poder mediante golpes de estado; el más claro ejemplo de estos casos fue Chile, en que un gobierno democráticamente electo fue derrocado por militares encabezados por el general Augusto Pinochet.

En este contexto fue planeada la Operación Cóndor en 1975 en Santiago de Chile, donde se llevó a cabo una reunión de líderes políticos de América del Sur. Entre otras cosas, pactaron la aniquilación de toda persona considerada sospechosa de tener vínculos considerados subversivos.

El resultado de esta política fue trágico, incluyendo crímenes de indescriptible horror y el sufrimiento de mucha gente.

México fue otro de los países alcanzados por la guerra sucia. El 2 de Octubre de 1968, al iniciar los Juegos Olímpicos en la ciudad de México, miles de estudiantes de secundaria, universidad, y profesores llevaron a cabo una gran manifestación para reclamar demandas estudiantiles. La marcha arribó a la Plaza de las Tres Culturas, en la colonia Tlatelolco, lugar al que tradicionalmente las marchas de estudiantes arribaban.

Mientras los estudiantes realizaban un mitin, un helicóptero sobrevolaba la Plaza lanzando luces de bengala, al tiempo que francotiradores apostados en edificios que circundan a la Plaza comenzaron a disparar sobre los estudiantes. Dos helicópteros más arribaron y los disparos sobre los manifestantes se intensificaron. El ataque duró aproximadamente media hora. El resultado, de acuerdo con diferentes fuentes, fue entre 30 y 200 personas asesinadas y más de 1000 detenidas.

No obstante, la pesadilla no terminó allí. A partir de este hecho se desarrolló una más intensa persecución en contra de estudiantes y en contra de toda persona considerada de tener vínculos con grupos subversivos. En este contexto de represión, los grupos clandestinos comenzaron a actuar, no solo en la ciudad de México, sino también en otros estados. Los más importantes grupos clandestinos fueron el llamado Partido de los Pobres y la Liga 23 de Septiembre. Estas organizaciones estuvieron activas tanto en las áreas urbanas como rurales. Para combatir  estas organizaciones el gobierno mexicano empleó sus tropas y desarrolló una agresiva campaña en contra de toda aquella persona considerada “comunista”. De este modo, la represión del gobierno creó una dialéctica escalatoria de violencia en la que nuevos y más radicales grupos surgieron incrementando las acciones represivas del gobierno. El gobierno crea el grupo de elite conocido como la Brigada Blanca, para combatir a los sospechosos de ser comunistas, y el balance resultó en más de 500 personas torturadas y desaparecidas.

No obstante la gravedad de los hechos, la impunidad protegió y continúa protegiendo a los responsables y durante más de tres décadas no se llevó a cabo ninguna investigación seria sobre estos eventos, pese a los persistentes reclamos de justicia de los familiares de las víctimas y los mismos sobrevivientes.

En el año 2000, cuando Vicente Fox arribó al poder, ofreció crear una Comisión de la Verdad para investigar los hechos. Un año después de su arribó la Comisión “desapareció” del discurso y en su lugar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la recomendación número 26/2001 en que recomendó la creación de una Fiscalía especial para investigar los casos. La fiscalía fue creada, investigó los hechos, pero fracasó en su intento por llevar ante los tribunales los responsables.

La impunidad, entendida como la imposibilidad de jure o de facto para llevar ante los tribunales a los responsables de violaciones a los derechos humanos, continua reinando en los delitos cometidos durante la Guerra Sucia, a la par que las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. Todo indica que la máxima se cumple: quien no afronta el pasado, se condena a repetirlo. Tlatelolco 68 y Ayotzinapa 2014 no se olvidan.

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