Viejo Velasco: a 10 años de una impune masacre perpetrada en la Selva Lacandona

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Por Miguel Angel A. García A.

Coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, AC

 

Los hechos

El 13 de noviembre del 2006, alrededor de las 6:00 horas, un grupo de aproximadamente 40 indígenas tseltales, choles y maya caribes, portando armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército conocidas como “cuerno de chivo” y R-15, y vestidos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, provenientes de las comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (integrantes de la llamada “Comunidad Lacandona”) entraron de manera violenta a la pequeña comunidad e Viejo Velasco, ubicada en la porción noreste de la región Selva Lacandona, zona conocida como Sierra de la Cojolita, cerca del centro arqueológico de Yaxchilán, zona limítrofe con las reservas de biosfera Montes Azules y Lacantún (ver mapa ).

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De acuerdo con información oficial brindada por el gobierno mexicano, de fecha 2 de abril de 2007, otorgada en respuesta a la Solicitud de Medidas Cautelares SI-319-06, presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas 40 personas civiles armadas estuvieron acompañados por 300 elementos de la Policía Sectorial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chiapas, 5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con 7 elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.

De acuerdo a testimonios de las familias sobrevivientes, recabadas inmediatamente después  de la masacre, por parte de la red de la sociedad civil denominada Misión Civil de Observación sobre Montes Azules[2],  la coordinación operativa de esta brutal agresión corrió a cargo del Ing. Rafael Armando Arellanes (entonces Subsecretario de Acción Política del gobierno del estado de Chiapas y hoy día diputado local por el Partido del Trabajo en el Congreso de Oaxaca) y del Prof. Gabriel Montoya Oceguera (quien fungía como delegado de Gobierno para la Selva Lacandona y quien desde hace años a la fecha se desempeña como asesor de la llamada Comunidad Lacandona)[3].

Cabe señalar que, inmediatamente después de este ataque, un helicóptero sobrevoló la comunidad agredida. A las 10:00 de la mañana, otros cuatro helicópteros, uno de ellos de la PGR, aterrizaron en Viejo Velasco y –según los testimonios dados por los-as sobrevivientes- los otros tres portaban insignias de la SSP, descendiendo de ellos personal de la Fiscalía Región Selva, quienes recogieron dos de los cuerpos.

Es importante resaltar que dicho ataque de corte paramilitar, fue realizado sin ningún tipo de consideración, toda vez que los integrantes de dicha Misión, que recorrieron el poblado masacrado dos días después de los hechos, encontraron que la mayoría de las viviendas fueron destrozadas  y todos los enseres y ropas fueron esparcidos por doquier; además de que en el interior de algunas de las viviendas se encontró  sangre regada en el piso y rastros de disparos en las paredes de madera;

Durante la visita de la Misión  a  la comunidad de Viejo Velasco, se encontraron  en las comunidades vecinas de Nuevo Tila y Nuevo Francisco León, a varias familias en calidad de desplazadas, quienes -en un estado de exaltación y confusión- expresaron que varias personas familiares suyos estaban muertas y que otros –los más ancianos y una joven discapacitada, habían sido secuestrados por los agresores.

 

El saldo de la masacre

El trágico saldo final de la masacre de Viejo Velasco, fue:

Ejecutados-as de forma extrajudicial :

  • Filemón Benitez Pérez, 20 años de edad.
  • Antonio Mayor Benitez Pérez, 30 años de edad; y
  • María Núñez González, 32 años de edad.

 

Se sabe que los dos primeros repelieron valientemente la agresión, hasta ser abatidos, para permitir que las familias de Viejo Velasco pudieran huir a refugiarse al monte.

Por su parte, María Núñez, quien estaba embarazada, no quiso huir, para no abandonar a su hermanita Petrona Núñez González, quien se encontraba enferma y discapacitada, siendo ejecutada en el interior de su hogar.

En ese momento se reportaron como desaparecidos, todos adultos mayores:

  • Mariano Pérez Guzmán
  • Pedro Núñez Pérez
  • Antonio Peñate López, y
  • Miguel Moreno Montejo;

 

En el caso de los dos primeros, fueron los familiares de las víctimas, junto con integrantes de la Misión Civil de Observación, quienes, el  6 de julio de 2007 (siete meses después de la masacre) encontraron en montañas cercanas al poblado Viejo Velasco,  los restos de 2 osamentas que, por las prendas que yacían junto a ellas, se trataba de los dos desaparecidos. En noviembre de 2011, la Procuraduría estatal entregó finalmente  a sus familiares, los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.

Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, ancianos de más de 60 años, hasta el día de hoy siguen desaparecidos.

Por su parte, Petrona Núñez González, la joven indígena discapacitada, fue privada ilegalmente de su  libertad por los agresores el día de la masacre, vendada y trasladada a otro poblado, retenida y encerrada en una vivienda particular, sometida a tortura física y psicológica, así como a abuso sexual, y finamente liberada tres días después a media noche, en medio de la carretera transfronteriza;  liberación lograda gracias  a la presión pública ejercida por los integrantes de la Misión Civil y de redes de organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales. Finalmente, Petrona falleció en el  año de 2010, a consecuencia del estrés postraumático que sufrió de manos de los impunes agresores[4].

Además, como consecuencia de la masacre, fueron desplazados-as y privados de su de sus tierras, solares y casas, así como de la posibilidad de una vida digna, 23 hombres adultos, 8 mujeres adultas, 5 niños y 3 niñas, quienes desde entonces -10 largos años después- se encuentran imposibilitados de cumplir su deseo y justo derecho, de retornar a su poblado, a sus tierras y sus casas, por el temor de sufrir nuevos ataques y agresiones físicas.

Dada la naturaleza sorpresiva y violenta del ataque, que obligó a que los dos indígenas  ejidatarios de Viejo Velasco, ejecutados, intentaran repeler la agresión, para permitir la huida de sus familiares al monte, hubo también un agresor fallecido y otro herido, ambos indígenas de Nueva Palestina, de nombres  Vicente Pérez Díaz (fallecido en el hospital de Palenque el día 14 de Noviembre de 2006) y  Felipe Díaz López, quien fue internado y curado  en el mismo Hospital.

 

Las actuaciones judiciales desarrolladas por el estado mexicano

Las actuaciones judiciales, desarrolladas a partir de ese momento por el Estado mexicano, lejos de centrarse en el juzgamiento efectivo de los verdaderos responsables materiales e intelectuales, de la masacre, desde el primer momento se encaminaron, a responsabilizar a compañeros indígenas solidarios y a los propios familiares sobrevivientes de las víctimas.

Como ejemplo de ello tenemos el encarcelamiento inmediato e injusto de Diego Arcos Meneses, promotor de salud y de derechos humanos de la vecina comunidad de Nuevo Tila, quien fue detenido por policías que tripulaban uno de los helicóptero oficiales, la tarde del día 14 de Noviembre de 2006 en las inmediaciones del poblado Viejo Velasco, cuando ayudaba solidariamente a algunos integrantes del poblado masacrado, quienes habían regresado a recoger algunas pertenencias para llevarles a sus familiares refugiados en los ejidos vecinos.

Gracias otra vez a la presión ejercida por los integrantes de la Misión Civil y de redes de organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales y a una eficaz defensa jurídica brindada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Diego Arcos fue finalmente liberado en diciembre de 2007, un año después de su injusto encarcelamiento.

Sin embargo, hoy día continúan vigentes órdenes de aprehensión en contra de Alejandro Álvaro Álvaro, Domingo Álvaro López, Antonio Álvarez López, Juan Peñate Díaz y los hermanos Roberto y Petrona Núñez González, (la compañera discapacitada fallecida en 2010, ambos hijos-as del señor Pedro Núñez Pérez, ejecutado de manera extrajudicial).

 

El trasfondo de la masacre

En marzo de 1972 el Presidente Luis Echeverría, de forma totalmente irregular y obedeciendo a intereses de explotación de maderas preciosas, otorgó a favor de 66 familias del grupo indígena Maya Caribes (mal llamado “lacandón”)  614, 321 hectáreas de tierras localizadas en la Selva Lacandona del estado de Chiapas. El Decreto a favor de la llamada “Comunidad Zona Lacandona” afectó directamente a 47 distintos poblados indígenas tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales, que desde 1950-1960 venían reclamando la regularización de la tierra que usufructuaban.

A este irregular  decreto federal, de carácter agrario, se le sumó el emitido en marzo de 1979, mediante el cual se establece sobre el mismo territorio, la Reserva de Biosfera Montes Azules, mediante el cual, el Estado mexicano, impone estrictas normas conservacionistas que permiten acusar de depredadoras a las familias indígenas ahí asentadas; esta situación se vio agravado por el levantamiento armado indígena del EZLN, que implicó la colonización de nuevas áreas dentro de la selva[5]. Frente a esta situación, el Estado mexicano, utilizando el pretexto “verde” de la conservación ecológica “en beneficio de la humanidad”,  desarrolló en la Lacandona una estrategia de reordenamiento, despeje y despojo territorial, con miras de apropiarse  -con la compli$idad de la llamada “Comunidad Lacandona”- del control absoluto de dicho territorio, rico en invaluables bienes naturales (biodiversidad/genes/plantas medicinales; agua; captura de carbono; regulación climática y bellezas escénicas)[6]

De esta manera, entre 2004 y 2011, más de treinta pequeños poblados indígenas fueron acusados mediática y penalmente, como irregulares, invasores y depredadores, sufriendo reubicaciones forzosas y desalojos violentos por parte del Estado mexicano, mismos que implicaron el despojo de sus tierras y bienes, la destrucción de sus casas y la pérdida total de posibilidades de una vida digna, de centenares de familias; sobre todo, de mujeres y niños-as indígenas;  e incluso -como en este caso del poblado  Viejo Velasco, quien se negó totalmente a ser reubicado y resistió intentos de desalojo- a ser objeto de una cruel e impune masacre.

 

Epílogo

Luego de 10 años de esta brutal masacre, los-as indígenas sobrevivientes y desplazados-as, y la propia sociedad mexicana, siguen sin recibir justicia y sus responsables materiales, pero sobre todo, intelectuales (incluyendo al presidente Vicente Fox y al gobernador Pablo Salazar Mediguchia) han quedado hasta el momento en una total e inaceptable impunidad.

Es por ello, que invitamos a todos y a todas, organizaciones, ongs y personas en lo individual, a sumarse a las exigencias levantadas en este 10° aniversario de la Masacre de Viejo Velasco, por parte de los  familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes, así como de las organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación de Montes azules, consistentes en:

1° Dar con el paradero de Mariano Pérez Guzmán y Juan Peñate López, adultos mayores desaparecidos de manera forzada el día de los hechos.

2° El esclarecimiento total de los hechos y el castigo, con todo el rigor de la ley, a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.

3° La cancelación de las órdenes de aprehensión vigentes, que existen en contra de los propios familiares sobrevivientes y miembros de la organización de las víctimas.

4° Retorno con garantías de seguridad, para las familias desplazadas a la comunidad Viejo Velasco, en el marco de los principios rectores de los desplazamientos internos.

Palenque, Chiapas, noviembre 13, 2016

10° aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco, selva Lacandona, Chiapas

 

[1] Para mayor información sobre la Masacre de Viejo Velasco, ver: http://maderasdelpueblo.org.mx/?q=selvalacan/comision.html

[2] Dicha red, constituida en el año 2004, al inicio de los operativos de reubicación forzosa y desalojos violentosestuvo entonces integrada por las Ongs: Comité de Defensa de las Libertades Indígenas- CDLI-Xi´nich, Centro de Derechos Indígenas A.C. -Cediac; Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. -CDMCH; Maderas del Pueblo del Sureste- MPS; Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Salud y Desarrollo Comunitario AC, -SADEC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C .-Frayba y Servicios de Asesoría y Paz (SERAPAZ Ocosingo).

[3] Ver el video-documental: “La Masacre de Viejo Velasco (parte 1)  https://www.youtube.com/watch?v=Q9QVLbA3_t0

y https://www.youtube.com/watch?v=IbzYmNzWoGQ (parte 2) producido por el Centro de Derechos y Libertad Indígena Xinich.

[4] Gracias al testimonio de Petrona, se pudo saber que los agresores llevaban retenidos, detrás de ella, a los cuatro adultos mayores señalados como desaparecidos, y que, a mitad del trayecto caminando por la montaña, se detuvieron, escuchando ella disparos por el monte, y al reanudar la caminata, ya no iban con ellos los cuatro adultos mayores.

[5] Cabe señalar que precisamente, la semilla histórica de lo que devino finalmente en la conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo fue la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecuptesel, fundada en el ejido Betania en diciembre de 1975, uno de cuyas banderas principales de lucha –retomada luego por la Unión de Uniones de Ejidos y Grupos Campesinos Solidarios del estado de Chiapas, fundada en 1981, y de cuyas bases y cuadros se nutrió clandestinamente el EZLN- lo fue la consigna “No a la Brecha Lacandona”; es decir: no permitir la consumación del fraude agrario más grande y burdo del país.

[6] Una actriz política fundamental en este proceso de reordenamiento, despeje y despojo territorial en la Selva Lacandona, y en gran medida responsable indirecta de las reubicaciones forzosas, los desalojos violentos y la masacre de Viejo Velasco, lo es la M.C Julia Carabias Lillo, quien fuera Directora del Instituto de Ecología (INE) con Carlos Salinas de Gortari y luego, Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en el sexenio de Ernesto Zedillo. En los últimos 20 años, Carabias ha venido desarrollando una serie de cuantiosos negocios “verdes” en la Selva Lacandona, apropiándose literalmente de toda la porción sur de la Reserva de Biosfera Montes Azules y de la zona conocida como Marqués de Comillas, donde tiene dos lujosos hoteles de ”Eco”-turismo (Chajul y Río Tsendales)

(ver: http://maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/EJERCITOinglesyBIOPROSPECCIONenMAZ.pdf )

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