No se mata la verdad matando periodistas

 

El informe de Artículo 19 destaca el incremento de agresiones a mujeres comunicadoras

Las cifras de ataques a periodistas enchinan la piel: según datos de Artículo 19, durante 2016 se perpetraron 426 agresiones a periodistas, entre ellas 11 asesinatos. Todavía no termina el tercer mes de 2017 y ya sumamos tres asesinatos de periodistas, todos ocurridos en marzo. La impunidad es también espeluznante porque alcanza el 99.7%, es decir, ni siquiera en un caso de cada cien se castiga a los responsables. Los causantes de las agresiones son actores estatales principalmente, pero también particulares.

Los mismos datos sustentan la afirmación de que México es el país más peligroso para el ejercicio periodístico, y tres periodistas acaban de corroborarlo, entre ellos Miroslava Brech, recientemente asesinada. La indignación no encuentra consuelo, ni respuestas, ni resignación. La violencia, la inseguridad y la ineficacia no parecen tener límites en este país.

El contexto de inseguridad y violencia que se vive en el país, no solo por la acción de grupos delincuenciales que retan al Estado, sino también por la acción de agentes estatales que tampoco respetan los derechos humanos, ubican a las y los periodistas en franca vulnerabilidad para el ejercicio de su labor.

Pese a reconocerse la importancia del rol que cumplen las y los periodistas para el fortalecimiento de la democracia, la realidad muestra que se les considera estorbos de las acciones de corrupción, de la ilegalidad y la violación a la ley que impera en el ejercicio público y privado.

Frente al contexto adverso de ejercicio del periodismo, el Estado se ha mostrado ineficiente e incapaz para garantizar el ejercicio libre del derecho a ejercer el periodismo. Las leyes que sancionan el crimen contra periodistas no han sido eficaces para disuadir los ataques, como tampoco han sido eficaces los mecanismos creados para protegerlos cuando se encuentran en riesgo.

Es evidente que tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades federativas tienen una obligación insoslayable para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos ligados a la actividad periodística, y es que en cada contexto deben obligarse a generar las condiciones propicias para que el ejercicio periodístico se lleve a cabo en un marco de seguridad y libertad.

Las referidas condiciones conllevan la necesidad de reconocer desde los más altos niveles del ejercicio del poder público, la importancia del trabajo de las y los periodistas para garantizar el acceso a la información de la sociedad, la transparencia en el ejercicio público, y con ello el fortalecimiento de la democracia. Mientras estos mensajes no se clarifiquen, no faltarán personas y grupos que continúen viendo la labor periodística como un estorbo a sus actividades personales o políticas.

En consecuencia, es impostergable la necesidad de acciones inmediatas y contundentes para revertir el estado de cosas con relación a la labor periodística. En el plano federal, pero también en cada entidad federativa debe convocarse a la evaluación seria y al análisis profundo de la realidad en función de diseñar e implementar políticas efectivas y eficaces para hacer realidad esas condiciones propicias que garanticen el ejercicio pleno de la labor periodística. No habrá que esperar una muerte más.

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