Universidad y Sociedad: el clamor de otras relaciones

Alain Basail Rodríguez*

Las universidades públicas tienen un compromiso y una responsabilidad fundamental con las sociedades donde se acunan, fundan y desarrollan. Muchas de ellas nacieron como proyectos de intelectuales con amplia visión y capacidad de incidencia en las agendas públicas, y lograron cristalizarse con simpatías y apoyos de representantes del gobierno y el Estado de distintos niveles en contextos sociohistóricos y coyunturas políticas concretas, en medio de correlaciones variables de fuerzas sociopolíticas que se disputaban cuotas de poder social y, aunque no lo supieran o reconocieran, proyectos de sociedad.

Las universidades no pueden olvidarse de las sociedades para las que trabajan y a las cuales se deben. Sus propósitos de vinculación, intervención y proyección social han sido fundamentales tanto en el viejo concepto de extensión universitaria —un logro de las reformas universitarias del siglo XX—, que se ha ido restringiendo a la oferta de servicios y los vínculos con el sector empresarial, como en la amplia perspectiva actual de políticas culturales universitarias con programas y proyectos que conectan a las comunidades universitarias con la ciudadanía, familias, grupos sociales, actores de la sociedad política, del mercado y la sociedad en general. Empero, la sociedad, como ese conjunto heterogéneo, jerárquico y desigual que comparte señas de identidad y proyectos comunes más allá de las ideologías dominantes, no debe olvidarse de sus escuelas y sus universidades públicas, como cunas de las relaciones entre personas y entre éstas con sus entornos, de las virtudes cívicas y de los proyectos sociales donde se fragua el devenir de su propio futuro. ¿Qué pasa, pues, en y con nuestras universidades públicas?

En Chiapas las universidades públicas han quedado en manos de grupos de poder, de una élite política local ávida de poder para su reciclaje continuo y el juego de intereses económicos. Los partidos políticos, las redes familiares y los funcionarios de turno no escatiman en esfuerzos por controlar estos escenarios de visibilidad y notoriedad pública, así como de usufructo financiero discrecional que favorece el tráfico de lealtades y las trayectorias políticas que, cuando menos en el papel o simbólicamente, se prestigian y adecentan. Ellos son de una labilidad ideológica camaleónica y rápidamente negocian para entrar en alianzas, por ejemplo, con quiénes tienen “pendientes”, “recomendados” o “encargos” y con grupos sindicales que se alimentan de las esperanzas del trabajador universitario, del profesorado y la administración sobre todo más joven, con contratos precarios, para traficar favores y cuotas de poder, así como con otros universitarios que buscan individual o grupalmente salidas a sus situaciones particulares a cambio de jurar nuevas lealtades a cada nueva figura impuesta en las sillas rectorales o en sus adyacentes. Sin duda, la intervención corporativa de los sindicatos en la administración educativa y la gestión académica corrompe los valores y principios de las personas y las instituciones. Más vergonzoso aún es cuando estas agendas privadas de huestes locales involucran de distintas formas y a través de disímiles vías a los estudiantes universitarios al manipular las sinceras inquietudes y propuestas juveniles para cambiar las culturas universitarias y ser coprotagonistas responsables de las agendas universitarias.

La falta de institucionalidad, la precariedad legislativa, la burocratización administrativa, la penuria financiera, la pérdida de excelencia académica y la falta de transparencia en las tomas de decisiones y las instancias de seguimiento y regulación de la vida universitaria, son males de las universidades chiapanecas como de otras en México y el mundo. Empero, en Chiapas hemos constatado el deterioro ético, el menoscabo de la vida académica, las prácticas de corrupción con contratos y aumentos selectivos a los amigos y cómplices, repartos de influencias entre grupos de poder, mal uso de recursos universitarios y deformadas estructuras salariales que no estimulan al personal académico y administrativo a un trabajo digno y comprometido institucionalmente. ¿A quién favorecen estos campos universitarios arrasados por la codicia política y económica? Está claro que a la creatividad, a la innovación y al desarrollo de entornos constructivos y favorecedores de actos pedagógicos liberadores, al desarrollo de las ciencias, las humanidades y las artes, y de la libertad de investigación productora de nuevos conocimientos y soluciones para los problemas sociales, no; a la sociedad civil, tampoco se favorece porque no hay compromisos con actos efectivos, sostenidos y sustentables que aporten al bien común y a la construcción de ciudadanía. A la sociedad política cooptada por buscadores de poder, fama y fortuna, por redes de compadrazgos, y a la mercantilización de la educación superior en clave neoliberal favoreciendo a las universidades privadas, sí.

Es hora de que la sociedad chiapaneca mire hacia las universidades públicas como una muestra de los bienes públicos que se pueden defender. El gobierno de las universidades locales no puede continuar quedando en manos de políticos tradicionales pertenecientes a élites familiares o profesionales que por lo general mandan a su propia descendencia a universidades privadas de “prestigio”, por ser de paga, incluso en otros estados o fuera del país. No podemos contentarnos con decir que lo que sucede aquí, allá y acullá es parte del “folclor local”, de los “aires de provincia” o de la chiapanequidad, cuando muchas de las inteligencias más brillantes y de las manos más laboriosas de Chiapas han trabajado y trabajan arduamente para construir espacios universitarios a la altura de los tiempos. También, cuando la fuga de cerebros de investigadores, artistas e intelectuales emerge como alternativa de vida digna, desarrollo profesional y trabajo creativo.

La sociedad chiapaneca debe reclamar un papel activo en la política educativa y en la de ciencia y tecnología. Por ejemplo, exigir que las juntas directivas de las universidades sean ampliadas, democratizadas y ciudadanizadas. Participar en el debate de los universitarios críticos que exigen que las universidades dejen de ser botines políticos. Favorecer la actualización y profundización de las normativas universitarias para tener orden organizativo, administrativo y académico a la altura de las necesidades más sentidas de sus comunidades y de los desafíos de sus encargos sociales. También, exigir a los gobernantes y gobiernos de turno que respeten de hecho las autonomías universitarias y el autogobierno para decidir los programas y proyectos de desarrollo institucional de forma novedosa y creativa con miras mayores a las de un sexenio y campañas electorales, así como regímenes presupuestales sostenidos —sin recortes, en expansión— y esquemas administrativos al servicio de agendas académicas centradas en sus funciones sustantivas, a saber: formación, investigación y promoción de la cultura científica y humanista. Esto es, en un sentido amplio, reflexionar públicamente sobre los desafíos para la construcción, el desarrollo y la consolidación de las universidades de Chiapas en el siglo XXI como espacios por excelencia para la educación, la ciencia y la cultura.

Sociedad y universidad deben dialogar para pactar nuevamente sus presentes porque los caminos triunfales de la chiapanidad en este terreno no van tan unidos como las raíces y las ramas de las sagradas pochotas, con la tierra, el agua y el cielo. Es hora de discutir públicamente entre todos y todas cómo recuperar del deterioro institucional los espacios universitarios que tanto costaron inaugurar en el pasado, ganaron a pulso prestigio social local, regional e internacional y cuestan recursos públicos que salen del sudor colectivo de quienes ganan dignamente el pan diario, mientras los administradores públicos los regulan a cuenta gotas para controlar y empobrecer a las instituciones públicas antes de, posiblemente, desaparecerlas, como advirtió Pablo Gonzalez Casanova (La universidad necesaria en el Siglo XXI, México: ediciones Era, 2001). Proteger a las universidades de oportunistas e irresponsables por acción u omisión, preservarlas de las veleidades político partidistas de los que detentan el poder ejecutivo, legislativo y judicial y de los que aspiran a detentarlos, es un imperativo ético y político si pensamos primero en la transformación de Chiapas. En las universidades locales tiene que favorecerse tanto la reconstrucción de la institucionalidad con la participación responsable de profesores, investigadores, estudiantes y administrativos con espíritu universitario, como el encuentro de ideas del que emerja el feliz provenir deseado para Chiapas en el mundo.

* Profesor-Investigador. Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.