Deuda Pública. Parte II: Pública y privada

Las administraciones públicas cuentan con dos tipos de entes ante los cuales contratar préstamos; por una parte la llamada “banca pública” en la cual se puede resaltar Banobras, un “banco” que ofrece préstamos para “obras y servicios” públicos; por otro lado está la “banca privada”, toda institución bancaria de capital privado. Chiapas cuenta con deudas ante sendos entes, por diversos montos y plazos de pago.

El portal de Disciplina Financiera de la Secretaría de Hacienda federal permite acceder al llamado Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente (ver Nota 1) donde se puede consultar el monto, plazo y entidad que otorgó préstamos a la administración pública de todo el país, estados y municipios.

En lo que sigue, se hablará de los montos que aparecen en este Registro Público, datos que son oficiales, públicos y abiertos para uso de cualquier persona interesada. Se corresponden con la información que cada gobierno estatal o municipal está obligado a entregar a la SHCP como parte de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Son pues, cifras oficiales.

El gobierno de Chiapas, en lo que va del actual sexenio, ha contratado diversos créditos. El primero de ellos apenas el 6 de diciembre de 2013 por un monto de 1 mil 100 millones de pesos ante Banobras; el 7 de agosto de 2014 solicitó 7 mil 244 millones de pesos más ante el mismo organismo. Sin embargo, son las instituciones privadas las más consentidas por el gobierno estatal en materia de créditos.

En junio de 2014 se registró una deuda de 1 mil 250 millones de pesos ante Banco Santander; 2 mil 181 millones de pesos ante Banorte y 1 mil millones de pesos más ante Bancomer. Ese año, el gobierno de Chiapas recibió más de 12 mil millones de pesos en créditos de entes públicos y privados.

De nuevo, en 2016, Chiapas adquirió deuda ante la banca privada por 2 mil 768 millones de pesos ante Banco Interacciones —un organismo que se dice especializado en financiar a gobiernos de todos los niveles—. Tan solo en lo que va de 2017, Chiapas ya pidió prestados en abril 81 millones de pesos y en agosto 125 millones más ante Banorte.

Cada deuda contratada tiene un plazo de pago de entre 20 y 25 años. Sin embargo, una deuda debe pagarse en 12 meses, la contratada con Interacciones y debería saldarse antes de que termine el actual gobierno. Aunado a ello, las tasas de interés en algunos casos, como el de Banorte, son superiores a 9% mientras que otros organismos, como Interacciones aplica la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE), la que es determinada por el Banco de México.

Cuando se engloban los montos adquiridos por la actual administración, se hace notar que el Gobierno de Chiapas ha adquirido más de 8 mil 300 millones de pesos de deuda ante la banca pública y otros 7 mil 400 ante la banca privada, para un total de más de 15 mil 749 millones de pesos (ver Tabla 1).

Sin importar cuanto aumente el presupuesto en Chiapas, cada año se han pedido en promedio casi 3 mil millones de pesos adicionales que han llegado a las arcas a través de la deuda pública.

Sin llegar a los niveles de endeudamiento que contrató en su momento el gobierno anterior de Juan  Sabines Guerrero, los actuales no dejan de encender las alarmas. La administración estatal ha sido incapaz de administrar los recursos que llegan desde la federación y que superan los 80 mil millones de pesos anuales, por el contrario, ha seguido aumentando la deuda pública.

Una posible explicación es la incapacidad administrativa: el cierre de dependencias, despido de trabajadores, la falta de pago a empresas de todo tipo en la actual administración, rezagos que vienen en algunos casos del sexenio pasado. Pese al mayor presupuesto de Chiapas no sólo no se paga lo que se debe, sino que se aumenta el peso del crédito sobre la ya presionada economía pública estatal.

No se puede rechazar, entonces, la posibilidad de que el elevado y constante endeudamiento de Chiapas sea resultado de la falta de oficios entre los administradores para gastar el presupuesto asignado en los términos que la ley lo marca. Por consiguiente, las autoridades de fiscalización tendrían que revisar cómo se han gastado los dineros públicos para descartar y/o exigir que se aclaren las posibles irregularidades en la administración de esos dineros.

Los ayuntamientos, ese otro nivel de la administración que sufre la presión presupuestal de la deuda, tienen historias contrastantes que trataremos de abordar en la próxima entrega.

 

Nota 1: El Registro Público puede consultarse en: http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico

 

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