La agenda México-Guatemala y el proyecto de la Cuarta Transformación

Miles de habitantes de Guatemala y otros países cruzan la frontera por el río Suchiate a bordo de una balsa. Foto: Elizabeth Ruiz

Por Daniel Villafuerte Solís[1]

Se tiene previsto para este martes una reunión entre el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y Jimmy Morales, presidente de Guatemala. En esta reunión estarán Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, y Rutilio Escandón, gobernador electo. Uno de los temas anunciados para este encuentro es la cuestión migratoria. El reto es fenomenal dada la complejidad que ha adquirido el fenómeno no sólo por el número de variables que intervienen sino por la interacción entre éstas: pobreza, exclusión social, falta de opciones de empleo; violencia criminal, violencia de Estado, etc.

El tema migratorio es y ha sido eje en la agenda de México con Centroamérica, que deriva de una agenda mayor en materia de seguridad que se articula con la política de Estados Unidos. La migración es un fenómeno que hoy está adquiriendo otros matices como el crecimiento solicitud de refugio, que en el periodo 2014-2017 pasó de 2 137 a 14 597 (véase ACNUR); así mismo, el patrón migratorio ha tenido un giro sustancial en los últimos años, ahora emigra, junto con los varones adultos, una proporción importante de familias, mujeres, niñas, niñas y adolescentes.

Las políticas que hoy está implementando la administración del gobierno de Donald Trump no son nuevas, representan la continuidad de una política diseñada desde los gobiernos de Bush y Obama, en el marco de los atentados del 11-s. El gobierno de la Casa Blanca ha hecho creer a los gobiernos de México y Centroamérica que la migración irregular constituye un problema de seguridad nacional, la razón, según esta idea, es que los migrantes están ligados a las mafias que trafican con seres humanos y con drogas, con una posible conexión con grupos terroristas. Este discurso del gobierno norteamericano que comenzó a manejarse antes y, sobre todo después del 11-s, justificó la promulgación de la Ley Muro.

En este sentido, debemos de recordar la serie de iniciativas y programas en los que México se ha comprometido en años recientes con el gobierno de Estados Unidos, entre otras: “Plan Sur”, “Sellamiento de la Frontera Sur”, “Fronteras Inteligentes” y “Propuesta de Política Migratoria Integral en la Frontera sur de México”, todas estas durante la administración de Vicente Fox; “reordenamiento de la Frontera Sur”, “Iniciativa Mérida” y “Frontera del siglo XXI”, con el gobierno de Calderón; “Programa Frontera Sur”, con Peña Nieto. Durante tres periodos de gobierno en México, el tema de la seguridad se ha asumido como propio, pero van dirigidos al resguardo de los intereses de Estados Unidos.

Desde su campaña presidencial Trump enfiló sus baterías hacia el tema migratorio, y en lo que lleva como presidente no ha dejado de insistir en la construcción del muro fronterizo y en el papel que debe jugar México en la contención de migrantes centroamericanos. El 1 de julio de 2017 la Cámara de Representantes aprobó dos iniciativas antiinmigrantes: la Ley de “Cero santuario a los Criminales” (HR 3003) y la llamada Ley Kate (HR 3004), que ya había sido rechazada por la administración de Obama en 2016. Ambas son complementarias con un mismo propósito, la primera busca eliminar fondos a las llamadas “ciudades santuario” que no cumplan órdenes de detención federales o no cooperen con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); y la segunda su propósito es endurecer las penas a los migrantes deportados que reingresen al país.

Así mismo, el presidente Trump ha desmantelado iniciativas implementadas por el gobierno de Obama a raíz de la crisis migratoria de 2014, entre otros, el Programa para Menores Centroamericanos (Central American Minors Program), que permitía obtener un permiso temporal a los centroamericanos que cumplieran ciertos requisitos y eventualmente otorgar el estatus de refugiado. También ha eliminado el programa de Protección Temporal (TPS) y a nivel de iniciativas locales se ha aprobado una ley antimigrante en Texas conocida como SB04. El TPS tutela a unos 300 mil migrantes centroamericanos y haitianos.

Los desafíos de la Cuarta Transformación en materia migratoria pasa por reconocer que estamos frente a un escenario complejo, donde a la existencia de una política antimigrante y de criminalización se añade una política de seguridad cuyo rasgo fundamental es la militarización de las fronteras, con una tendencia a su profundización con el gobierno de Donald Trump, que en principio se ha propuesto desmantelar los endebles mecanismos creados por el gobierno de Obama, como el DACA, el TPS y el Programa para Menores Centroamericanos.

En este contexto, es necesario considerar una redefinición de la política migratoria del Estado mexicano sensible y centrada en el desarrollo humano y socioeconómico, alejada del tratamiento de seguridad nacional y militarización de las fronteras, lo que implica hacer converger la migración indocumentada con las crecientes peticiones de refugio.

Esperemos que este primer acercamiento entre el presidente guatemalteco y Andrés López Obrador vaya por un sendero distinto a lo que hemos visto en la frontera sur en los últimos 18 años. En lugar de gastar miles de millones de dólares en el resguardo de las fronteras deberá procurarse políticas de inclusión y desarrollo en una perspectiva integral.

[1] Investigador titular del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.

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