A 4 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero

San Cristobal de Las Casas, Chiapas. 26 de septiembre de 2016.
Aproximadamente mil personas de organizaciones, estudiantes, maestros e internacionales se con dos marchas, musica, poesia y proyecciones de documentales recuerdan hoy en la Plaza de La Resistencia a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos supuestamente por policias hace dos anos.
Foto: Moysés Zúñiga Santiago

Por Fernando Pérez[1]

El 26 de septiembre se cumplió cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Cuatro años en que los padres y familiares han mantenido una lucha por la verdad y la justicia de éste crimen de lesa humanidad; sin embargo, hasta ahora, poco han logrado y el acontecimiento se suma a muchos otros casos que han quedado enterrados en la lápida de la impunidad. El 26 de septiembre de 2014 es una fecha que debe de quedar escrita en la memoria del pueblo de México, no sólo por la magnitud de violencia con la que se llevaron a cabo los hechos, sino porque el acto develó el grado de complicidad entre las estructuras del Estado y el crimen organizado. Además, representó el punto más álgido del fenómeno de la desaparición forzada en México y, como tal, mostró ante el mundo un problema que por todos los medios se había pretendido opacar.

Si bien, la desaparición de los 43 normalistas es de trascendencia nacional, lo es también la desaparición de casi 38 mil personas durante el periodo de diciembre de 2006 a abril de 2018, registradas por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Cifras un tanto conservadoras dado que excluyen “los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas” (Informe 2017/18 Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo. 2018). Pero aún así, refleja el gran problema por el que atraviesa la sociedad mexicana desde 2006, cuando Felipe Calderón decidió sacar a los militares de sus cuarteles para afianzar la gobernabilidad del país so pretexto de la guerra “contra el narcotráfico”. Estrategia que, a pesar de los saldos negros, no sólo fue refrendada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino consolidada e intensificada.

En este sentido, la lucha por la verdad y la justicia adquiere un significado relevante, puesto que el hecho fue perpetrado por omisión o aquiescencia de distintos organismos de la jerarquía estatal, y por los cuales sólo están presos el ex-alcalde de Iguala, Guerrero (y su esposa) y algunos mandos policiacos de la esfera municipal. De hecho, en el informe del entonces Procurador Murillo Karam denominado “la verdad histórica”, al ex-alcalde de Iguala y su esposa se les acusa de ser los autores intelectuales del crimen, minimizando la responsabilidad de los cuerpos policiacos y militares del ámbito estatal y federal. Una “verdad histórica” que se convirtió en la falacia de la justicia mexicana al ser cuestionada por los familiares de las víctimas, por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por distintos organismos de derechos humanos internacionales.

La lucha no ha sido nada fácil para los familiares de los desaparecidos; sin embargo, una nueva esperanza ha surgido con la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas de crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial (Animal Político, 4 de junio de 2018). La cual, de realizarse, abre la posibilidad de conocer la verdad acerca de la desaparición forzada de los normalistas y, en consecuencia, la posibilidad de que se haga justicia. Esta resolución encontró oposición en la PGR, quien interpuso un “incidente de imposibilidad real, jurídica y material” para cumplir con dicha orden (Milenio, 23 de junio de 2018). Lo que evidencia la falta de voluntad política del gobierno de Enrique Peña Nieto para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los estudiantes.

El problema de las desapariciones forzadas es uno de los tantos nodos sociales que el gobierno actual heredará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una herencia cargada de injusticia, impunidad y marginación política de quienes luchan en contra de tan deleznables actos. En este sentido, el presidente electo -aunque oficialmente asume el poder el 1 de diciembre del año en curso- desde el 7 de agosto emprendió el “Primer Foro Escucha para la Pacificación Nacional” (realizado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua), donde pidió a las víctimas de la violencia que exigen justicia “unidad y reconciliación”, “olvido no, perdón sí”. Sin embargo, para que esto se alcance es necesario conocer la verdad y hacer justicia, no sólo en el caso de los 43 estudiantes normalistas sino de todos los casos de desaparición forzada en que ha sido documentada la participación directa o indirecta de organismos del Estado. El reto para el gobierno de AMLO es enorme, sobre todo si su estrategia de pacificación se sigue construyendo con los resquicios de los gobiernos pasados y la base de la militarización del país.

[1] Doctorante en Ciencias del Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo.

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