El “Tren Maya”: el deber del Estado a consultar

Imagen: SIPSE.com

El 16 de septiembre, una veintena de organizaciones de la zona maya de la Península de Yucatán, agrupadas en la coordinación “Unir fuerzas para la defensa del territorio”, acuerpadas por igual número de organizaciones que se articulan en la Red Nacional Indígena (RNI), emitieron una “Carta abierta” dirigida al Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, así como a otros funcionarios, en la que marcan su postura frente al llamado “Tren Maya”, que se ha anunciado como próxima acción del nuevo gobierno federal.

En su perspectiva: “La Iniciativa del ‘Tren Maya’ por parte de la próxima administración del ejecutivo se encuentra en una disyuntiva: seguir las malas prácticas de gobierno de subastar, autorizar, y contratar proyectos, sea de servicios, generación de energía, comunicación, agropecuarios, turísticos, sin solicitar el consentimiento de nuestros pueblos indígenas, y seguir con su política de exclusión, segregación, discriminación y de un paternalismo colonial o iniciar un proceso de democracia participativa”.

Las organizaciones fundamentan sus reclamos en una larga historia de omisiones de parte del gobierno federal que ha ignorado la abundante legislación en materia de derechos de Pueblos Indígenas, en particular lo relativo al derecho de consulta, libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente pertinente, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esas omisiones fueran advertidas y señaladas al gobierno de México, por la señora Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al informar sus valoraciones resultado de su reciente visita a México del 8 al 17 de noviembre en el año de 2017, y publicadas el pasado 28 de junio.

De acuerdo con la Relatora Especial, los pueblos indígenas de México continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos. Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos, constituyen un reto mayúsculo, en particular por la falta de autodeterminación y de derecho de consulta.

Ante esta situación la Relatora recomienda “(…) diálogos en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y autoridades de gobierno sobre el concepto de desarrollo que conduzcan a la adopción de decisiones conjuntas sobre el concepto de desarrollo que conduzcan a la adopción de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en territorios indígenas”.

Es decir, el gobierno no debe decidir de manera unilateral su concepto de desarrollo en las regiones indígenas, sino en diálogo y tomando como base la perspectiva cultural de los pueblos que podrían ser afectados. Esto es particularmente relevante para el tema que nos ocupa, y en lo general para otros proyectos en la región, como las “plantaciones forestales”, entre otras.

En este orden de preocupaciones, Leticia Merino, académica de la UNAM, ha llamado la atención sobre los impactos que el “Tren Maya” podría tener en los territorios megadiversos. En su diseño el tren recorrerá 1,500 kilómetros, conectando las ciudades de Mérida, Valladolid, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Sian Ka´an, Mahahual, Chetumal, Calakmul, Escárcega, Candelaria, Balancán y Campeche. Evalúa que además de los problemas ambientales, le preocupan los efectos que podrían tener los objetivos que la obra se propone, tales como el incremento de visitantes, al crear nuevos centros turísticos en la región maya, con impactos sociales aún no dimensionados.

Las organizaciones mayas que se articulan en la organización “Unir Fuerzas para la Defensa del Territorio” identifican dos paradigmas en conflicto: la que pretende beneficiar a los grandes capitales, o la que beneficiaría a los pueblos originarios en sus territorios. Dicho en sus palabras: “La propuesta de generar empleo y desarrollo a través del turismo, también se expresa en dos vertientes o fortalecemos el turismo de masa y depredador, que solo beneficia a las grandes cadenas de hoteles, de restaurantes, así como a las grandes corporaciones de transporte y destruye el medio ambiente o construimos un turismo sustentable, biocultural que se basa o tiene su origen en fortalecer las economías de las comunidades y pueblos indígenas que buscamos el equilibrio con la naturaleza.

Preocupa en particular que con el denominado “Tren Maya” se afectaría a la zona núcleo del área natural denominada “Reserva de la Biosfera de Calakmul”, la cual se ha decretado “Patrimonio Mundial de la Humanidad “declarado por la UNESCO, situación que violaría los Convenios Internaciones firmados por México. (https://www.facebook.com/groups/787786178072419/permalink/1006607612856940/).

Para decidir sobre ese dilema, el pueblo maya, representado en las organizaciones sociales firmantes, demandan al presidente electo cumpla con la legislación nacional e internacional en materia del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho de consulta, y su obligación de consultar a los pueblos, aplicando la normatividad que para tales fines existen en México, como por ejemplo la “Recomendación General No. 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República mexicanas, emitida el 11 de julio de 2016”.

La Relatora Especial Victoria Tauli, ha llamado la atención sobre las obligaciones del Estado mexicano en esta materia, al señalar que cualquier intervención desde el gobierno, en sus distintos ámbitos, tiene el deber de consultar e incluso aceptar la autoconsulta como un procedimiento válido. Y, la ausencia de una ley de consulta en el país, como ocurre ahora en México, no justifica cumplir con su obligación; por lo que no es válido justificar las omisiones del gobierno en una situación de presunta “falta de una ley de consulta”. En opinión de la Relatora, esto no sería una justificación valida. En este sentido, la consulta debe de proceder ya! Quedando esta reflexión en el tintero sobre la necesaria pertinencia de una ley de consulta, ya que todo podría estar indicando que con la legislación vigente, lo único que se requiere, es que ésa se cumpla, sobre la base de una voluntad política que lo haga valer.

La Relatora Especial es contundente al afirmar que: “(…) la ausencia de una legislación específica no exime al Estado del deber de consultar a los pueblos indígenas conforme a sus obligaciones internacionales. La Relatora Especial alienta a los pueblos indígenas, al Estado y a otros actores a que incluyan en sus debates a los pueblos indígenas, al Estado y otros actores a que incluyan en sus debates opcionales, incluyendo los procesos de autoconsulta o los protocolos de relación con el Estado desarrollados por los pueblos indígenas. Cualquier mecanismo utilizado por el Estado para cumplir con el deber de consultar debe ser, en sí mismo, el resultado del dialogo y consulta de acuerdo con los estándares internacionales”.

La exigencia al presidente electo a detener su intervención en territorios indígenas sin que previamente se les consulte sobre sus prioridades y decidir en torno a las nociones de desarrollo, y que ésos puedan definir los términos y proyectos de su “autodesarrollo”; “etnodesarrollo”, sus “planes de vida”, o como ellos quieran llamarle, debe de ser atendida, en todo el país y con todos los “proyectos de desarrollo” programados.

Así, explícitamente las organizaciones mayas demandan: “La facilitación económica y logística del estado para la realización de un ‘Plan Regional del Buen vivir Maya’, emanado de mesas de trabajo comunitarias, estatales y regionales, como una propuesta de los Pueblos Indígenas Mayas, poniendo a discusión los planes de desarrollo que se pretenden implementar en nuestros territorios. La apertura de escucha, y el reconocimiento de nuestros derechos como punto de partida para cualquier intervención de gobierno en nuestros territorios, constituye un desafío para la próxima administración. Queremos confiar en que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, será sensible a estos planteamientos.”.

Estas preocupaciones no se limitan al área Maya Peninsular o Chiapas; en días recientes ha sido manifiesto en otras regiones indígenas del país, como Oaxaca. El 14 de septiembre se celebró el “Encuentro de representantes de Organizaciones, Comunidades y ejidos afectados y en lucha contra concesiones mineras en el Istmo de Tehuantepec” en el que participaron una veintena de organizaciones con larga tradición de lucha y resistencia en defensa de sus territorios en esa región. En su “Declaración final” dejaron sentado:

“Ratificamos públicamente nuestra decisión de realizar nuestro mayor esfuerzo colectivo y personal, solidario y coordinado, para continuar y profundizar las luchas de resistencia por defender los territorios y la madre naturaleza de la región del Istmo de Tehuantepec, frente a las ambiciones depredadoras de parte de gobiernos de todo nivel (federal, estatales y municipales) salientes y recientemente electos, que, al servicio de empresas privadas –extranjeras y nacionales- pretenden imponernos megaproyectos de supuesto desarrollo, devastando y privatizando todos los bienes naturales de nuestros pueblos (mineras; eólicos; represas hidroeléctricas; plantaciones comerciales; áreas naturales protegidas; pago por servicios ambientales; proyectos de “eco”-turismo; bonos de carbono; biopiratería y patentes de genes de biodiversidad y de plantas medicinales).” (https://www.educaoaxaca.org/2684-encuentro-de-representantes-de-organizaciones,-comunidades-y-ejidos-afectados-y-en-lucha-contra-concesiones-mineras-en-el-istmo-de-tehuantepec.html)

Estos reclamos en las regiones indígenas ya están comenzando a marcar una tendencia. Las organizaciones indígenas han puesto una gran expectativa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y confían en que éste reconsidere esos “planes de desarrollo”, que para la población son percibidos como “planes de muerte”, en virtud que se miran como intervenciones depredadoras de gran capital, en un horizonte de políticas inconsultas que han ignorado a los sujetos que viven ancestralmente en los territorios y que son sus dueños originarios.

Es deseable que Andrés Manuel López Obrador escuche a los pueblos indígenas replanteando sus políticas, tiene un compromiso con ellos y se esperaría que fuera sensible, no hay que olvidar que los electores indígenas votaron por él.

En un estudio realizado por la Dra. Laura Ruiz Mondragón (2018) especialista en el comportamiento del voto indígena en México, calificó de “histórico” que los indígenas del país hayan votado mayoritariamente a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La sorpresa estriba en que, según la autora, el voto indígena había sido históricamente un bastión priísta.

De acuerdo con sus datos, el voto indígena: “(…) depositado en las urnas el 1 de julio, significó romper con la fuerte relación de los indígenas con el PRI. Durante décadas el PRI logró el control y el voto mayoritario de esa población, logrando porcentajes por encima de los resultados que favorecieron al partido tricolor a nivel nacional y a otras opciones políticas. Así, 2018 marcó el fin del voto indígena para el PRI después de 77 años de gobiernos encabezados por ese partido y de 12 por el PAN.”

En este sentido, la carta abierta de la Red Nacional Indígena (RNI) dirigida hacia el presidente electo contiene exigencias, pero también esperanza: “(…) el llamado a la cuarta transformación del país representa una oportunidad y una obligación de construir un futuro distinto a las condiciones de pobreza, desigualdad y desaliento a las que el modelo de desarrollo vigente ha conducido a México.” Pero para hacer que eso sea posible, se requiere detener ya los proyectos depredadores, de despojo de los territorios y el patrimonio indígena.

Los pueblos saben bien que la condición de pobreza en la que ahora viven, es un resultado de empobrecimiento histórico, acumulativo, profundizado en cada despojo. Los proyectos que AMLO ha pensado para ellos, sustituyendo su agencia y su capacidad de decidir, profundizará más la pobreza; ya que ésos se fundan en un modelo depredador. Los electores indígenas no esperan este resultado.

Un comentario en “El “Tren Maya”: el deber del Estado a consultar”

  1. Dulce Ma. Quevedo
    25 septiembre, 2018 at 7:39 #

    En los 25 programas prioritarios de AMLO en los incisos 3 y 4 de los numerales 14 y 15 referente al desarrollo y crecimiento de la región Istmo y sur sureste del país, tal cual debe de ser se contemplan los puntos principales del tema que hoy nos presentan “consultar a las comunidades para integrarlas al proyecto” y en verdad que gusto leerlo; porque entonces es la oportunidad de todas esas comunidades se organicen, se documenten, analicen el papel que quieren jugar dentro de ese proyecto y tomado en cuenta la capacidad de cada uno en el papel que podría desempeñar. En verdad que es una oportunidad para poder trabajar en casa y que la zonas marginadas que hoy existen se integren e incorporen para beneficiarlas colectivamente. Interesante articulo.

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