Proyecciones sobre la política social del siguiente gobierno federal

México

Por Manuel Ignacio Martínez Espinoza[1]

El gobierno de Enrique Peña Nieto fue deficiente en el ámbito del desarrollo social. Además de incumplir compromisos para optimizar la política social, aumentó el número de pobres, se incrementó la opacidad en la gestión de los programas sociales y el desvío de recursos públicos se convirtió en una práctica constante, casi un sello de identidad, durante su sexenio.

Indudablemente, tales anomalías son una de las causas explicativas del contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador pero también esa correlación ha ocasionado un crecimiento de las expectativas sobre el desempeño del próximo gobierno federal en lo que fue una de sus banderas más ondeadas durante los 12 años de campaña de su candidato presidencial: el combate a la pobreza.

El resultado del 1 de julio fue tan ampliamente lapidario que simbólicamente derogó la Constitución para anticipar los tiempos de sucesión. Así, mediáticamente el presidente constitucional está desalojado y el presidente electo está gestionando la agenda pública.

Una de las ventajas de tan inédito trastrocamiento de los tiempos políticos es que se está conociendo el talante del siguiente gobierno aun cuando todavía no entra en funciones. Es decir, una transparencia anticipada del ejercicio de gobierno que permite hacer evaluaciones con la misma validez que se juzga la intención declarada de un acto que todavía no se realiza. ¿Habrá transformación en la política social lopezobradorista respecto de la del peñanietismo? Hagamos un ejercicio de evaluación de las propuestas hasta ahora declaradas para formular unas proyecciones iniciales.

Hasta el momento, podemos decir que son dos las principales propuestas del presidente electo en materia de política social: la refundación de la SEDESOL y la creación de un organismo para atender el derecho a la alimentación.

La primera propuesta fue anunciada a finales del mes de julio, en una visita que el presidente electo realizó a la Selva Lacandona. Ahí, López Obrador anunció que la SEDESOL cambiaría de nombre en su gestión para ser denominada como “Secretaría del Bienestar”. Además, anunció a su titular, la agrónoma chiapaneca María Luisa Albores González, e informó que se incorporarían programas productivos y de apoyo al campo. Semanas después, la futura titular de la Secretaría del Bienestar ha dado algunas entrevistas donde ha aportado un poco más de precisiones sobre los cambios anunciados.

Al respecto, sobre esta primera propuesta se puede decir que el cambio de nombre de la SEDESOL parece responder a una estrategia discursiva para distanciarse de casi tres décadas de políticas de desarrollo social fallidas (la SEDESOL se creó en 1992) y fundar una realidad que pretende ser mejor con los referentes que tiene como horizonte el presidente electo: los Estados de Bienestar (Welfare States) instaurados en la época de la posguerra. Porque si bien es cierto que resulta pertinente asociar la inclusión productiva y el apoyo al campo con la política social, hasta ahora no ha habido enunciaciones explícitas que apunten a que el próximo gobierno federal atenderá los fallos estructurales de la actual política social: la desvinculación con los derechos sociales, así como la segmentación, dispersión y duplicidad en los esquemas de protección social. Es más, en muchos casos se apunta a la continuidad del modelo actual, como en la entrevista en la que la futura titular de la Secretaría del Bienestar afirmó “las políticas de la SEDESOL no han servido para el combate a la pobreza” pero minutos después declaró que “se mantendrían los 17 programas que actualmente maneja la SEDESOL.”

La segunda propuesta principal de política social del presidente electo fue dada a conocer a mediados del mes de agosto: la creación del organismo público “Seguridad Alimentaria Mexicana” (SEGALMEX), el cual fusionara a Liconsa con Diconsa para garantizar el acceso a la canasta básica. El titular será Ignacio Ovalle Fernández, quien, entre otros cargos, fue director general de la extinta CONASUPO.

Esta segunda propuesta suscita reminiscencias a un modelo de política social de hace cuatro décadas, no sólo porque Ovalle fue secretario particular del presidente Luis Echeverría, sino porque una propuesta similar se llevó a cabo entre 1980 y 1983: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Planteado para enfrentar la inseguridad alimentaria en el ámbito rural, el SAM enfocó sus acciones en los subsidios, los precios de garantía a la producción y consumo, el almacenaje y la distribución de alimentos. No obstante, tres años después de haber iniciado, el SAM fue suprimido por ser resultar inviable y fiscalmente insostenible. Con perdón de Perogrullo, habrá que decir que la época actual no es la misma que hace 38 años, que López Obrador no es López Portillo, y que aunque comparten objetivos, el SEGALMEX no tendrá ni los mismos mecanismos ni los mismos recursos que el SAM, pero valdría la pena recordar lo que dice la sabiduría popular de que “hay que aprender del pasado para no repetir los errores en el futuro”. O, como lo expresó Marx, que la tragedia de la primera vez no se convierta en farsa en su repetición.

Pero más allá de quienes están en funciones maquillando más que ejerciendo y de los que configuran escenarios portando la banda de un resultado electoral rotundo, la pobreza y la desigualdad, como tantos otros agravios, siguen quebrantando al país. De manera que resulta pertinente estar críticamente atentos para que la época que se proclama de cambios no devenga en la reiteración de prácticas deleznables bajo otra insignia.

[1].- Miembro del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica, del CESMECA-UNICACH. Correo: manuel.martinez@unicach.mx

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