La reforma de la universidad chiapaneca (I)
La reforma de la universidad chiapaneca (I). Las jaulas de oro
De qué me sirve el dinero
si estoy como prisionero
dentro de esta gran nación
cuando me acuerdo hasta lloro
y aunque la jaula sea de oro
Doña Lupita quedó encantada con los trabajos finales de mis estudiantes del curso deTeorías de la Frontera. Le gustaron los videos que prepararon sobre la frontera sur de México y otros materiales visuales utilizados en clase, todos exhibidos durante una jornada académica pública de cierre del semestre. A la mañana siguiente, me visitó y conversamos sobre los videos con particular énfasis en la dramática situación de los migrantes. Conmovida me compartió La jaula de oro (2013), una película mexicana dirigida por Diego Quemada-Díez,[2]sobre los éxodos migratorios y las travesías fronterizas. Otro día conversamos sobre el filme y el simbolismo de las jaulas que nos aprisionan. No sé por qué entresijos la plática nos llevó a hablar de nuestro espacio de trabajo: la universidad. Quizá el discurso como construcción diferencial, según explicara Ernesto Laclau,[3]abrió sus sentidos al encadenarse con nuestra propia “jaula de oro.”
Las diferencias salariales entre ella y yo son las más extremas de la universidad, sin contar a las autoridades universitarias con las que se reproduce la misma tremenda escala de la desigualdad social que atraviesa nuestra sociedad. Sin embargo, ambos coincidimos en hilvanar un réquiem de malestares; cada uno, con sus puntos de vista y desde sus experiencias, definió relaciones entre los signos de nuestras precariedades aunque terminamos dando gracias por la suerte de privilegio de tener un trabajo, trabajo precario pero chamba al fin y al cabo. Más allá de una comparación sensible, desproporcionada y del conformismo, la universidad como una jaula de oro remite a una realidad que aprisiona con malestares difíciles de ocultar con un dedo, ni resumir en círculos viciosos donde las lógicas organizacionales, las jerarquías y las trayectorias profesionales remiten a procesos rituales con simulacros de inclusión, movilidad laboral y social, reconocimientos y estímulos al trabajo o al estudio. Una realidad que enferma crónicamente a las comunidades universitarias, como a todas, con disputas entre privilegios y derechos.
Generalmente se ha hablado de la universidad como “torre de marfil” para criticar su aislamiento social, su elitismo, la distancia de procesos reales de vida y el enclaustramiento intramuros para resguardar un “tesoro” que ha costado a la humanidad siglos y vidas. Sin duda, la universidad es una expresión de la sociedad, de sus estructuras sociales y de los medios políticos que modulan las desigualdades entre actores sociales y las formas dominantes de las relaciones entre poder y saber. La indiferencia de las universidades con sus realidades, el desarraigo de sus contextos sociales y la distancia con los problemas sociales, han sido construidos sociopolíticamente. Los proyectos universitarios han significado siempre los proyectos sociales: universidad y sociedad se relacionan y constituyen de manera recíproca y compleja en sus metas, planes y horizontes de cambio. Dicho de otra manera referencial, la universidad chiapaneca es expresión sintética de la sociedad chiapaneca: un botón de muestra, un síntoma, de la problemática realidad sociopolítica que vivimos en la entidad.
Las sociedades mexicana y chiapaneca están convocadas a cambios por sus nuevos gobiernos y, en particular, sus expectativas sociales crecen ante una apenas esbozada nueva política educativa, de ciencia y tecnología basada en la renovación del pacto social donde la sociedad, otras sabidurías y las comunidades científicas serán protagónicas, así como en el reconocimiento de derechos humanos y sociales entre los que destacan los derechos a la educación, al conocimiento y la ciencia. Empero, qué probabilidades tenemos en Chiapas de reformas que expresen las demandas sociales y las expectativas de cambio, superen los lastres históricos de una deuda social acumulada de la cual forma parte la educación superior como campo sociocultural donde, sincera y rudamente, más allá de nuestro orgullo y vanidad aldeana, se constata un ambiente rudimentario y muchas veces pedestre.
Una amplia mayoría social reconoce la necesidad de nuevas rutas de transformaciones sociales para el país y para Chiapas. Las aspiraciones de cambios sociales en el marco de la Cuarta Transformación tienen su correlato en las de cambios en las universidades. La transformación social necesita contar con las universidades pero las universidades necesitan transformarse. De hecho algunas casas de altos estudios del país han iniciado, o manifestado que iniciarán, una reforma universitaria de forma y de fondo, no cosmética, para responder a las nuevas demandas y superar sus lastres decimonónicos y veintescos. Sin duda, se trata de una oportunidad histórica para plantearse una reforma integral, aplicada y evaluada socialmente: una reforma en serio, cabal.
Las universidades constituyen las instituciones educativas y culturales más importantes del Estado en Chiapas. Sin embargo, hasta donde sabemos ningún proyecto rectoral en curso o en construcción ha puesto a las universidades locales en remojo o en el aliño de una reforma estructural. En Chiapas también queremos universidades como inspiración de la sociedad y no como espanto de nosotros mismos cuando estalla una huelga o una protesta contra lo realmente existente. Por ello, compete a todos y a todas pugnar por la convergencia entre el proyecto político para la entidad, el proyecto político nacional y los proyectos universitarios. ¿Por qué es necesario armonizar las agendas universitarias y las agendas sociales de cambio? ¿Por qué deben converger los cambios de extramuros con los de intramuros universitarios?
Un diagnóstico integral de la situación de las máximas casas de estudios en la entidad mostraría múltiples dimensiones de sus crisis cotidianas. Más allá de los resultados alcanzados con el esfuerzo de los universitarios y las universitarias, debemos centrarnos en los procesos y las lógicas de las relaciones establecidas a partir de las políticas educativas dominantes. Sólo con documentos programáticos que sean realistas y con amplias miras de futuro, se puede trazar una estrategia política de transformación. También, con auditorias académicas, administrativas, financieras, operacionales y sociales de carácter público, participativo y colegiado para despejar todas las dudas, las sospechas, los sentimientos compartidos de ultraje y las convicciones de que vivimos varias crisis. Oír, mirar e intervenir para, sobre todo, desterrar las malas prácticas que avergüenzan y colonizan a las comunidades universitarias, transparentar los procesos internos, desarrollar la normatividad y acompañar la rendición de cuentas hasta fortalecer las culturas organizacionales. No podemos empezar sin reconocer las limitaciones de origen con las que se fundó cada universidad en distintas coyunturas históricas, los procesos que fueron determinando sus singulares dinámicas y, en particular, los impactos de las políticas neoliberales por más de tres décadas. Estas últimas las han dejado desfinanciadas, desinstitucionalizadas, burocratizadas y autocráticas.
En cuanto a su carácter antidemocrático, debe reconocerse la existencia de sistemas de gobierno donde se concentra todo el poder en la figura de un rector cuya voluntad absoluta, soberanía trastocada en soberbia política, casi virreinal, se expresa en acciones y decisiones que no se sujetan ni se restringen a las legislaciones y normativas internas, o bien las interpretan o modifican con artificios legaloides a modo para legitimar una gestión o gerencia. Asimismo, se maneja la conformación de los órganos colegiados, cuando existen u operan, con una mayoría de miembros exoficio, se coopta a sus integrantes, generalmente impasibles, en las pocas sesiones convocadas para levantar la mano teatralmente en cumplimiento de lo normado o para refrendar designios de quién los impuso o quiénes lo impusieron, y se distorsiona lo dicho en las sesiones en actas formales y minúsculas cuya socialización es restringida. Por ello, las universidades han sido un apetecible espacio de “servicio público” —un bien público devenido botín de guerra, como sabemos— para “buscadores de poder”[4]que terminan por secuestrar casi todos los escasos mecanismos reguladores o de control participativo con su capacidad de pagoy por cultivar un sentimiento de “dueñidad” sobre las universidades, mientras persiguen las huellas del dinero y la notoriedad pública. Nuestras universidades cuentan con una estructuración vertical y conservadora que se basa en el control de los órganos de gobierno internos (Juntas Directivas, Consejos Universitarios, Comisiones, Comités o Consejos Académicos) y de la elección de las autoridades que conforman esos mismos órganos a través de procesos poco transparentes y de espaldas a las comunidades universitarias.
Las universidades son instrumentalizadas en las dinámicas de reproducción de redes de poder más amplias y de clientelas internas. Son burocratizadas con una casta de asesores o expertos que a veces dan una prueba de su existencia material al mover un lápiz para escribir un discurso oficial o al presentarse como aplaudidores en un acto público. También, son precarizadas al transferirles costos de operación a las comunidades con unas condiciones de trabajo y vida poco propicias para reproducir sus profesiones u oficios y hasta sus vidas. Entonces, la universidad en la realidad nuestra de cada día es modulada con arbitrios y discrecionalidades, ensoñada con corrupciones que no abonan precisamente a transformar la vida y despertar juegos de amor.
Las políticas educativas neoliberales han tenido como objetivo condicionar los recursos y apoyos a cambio de evaluaciones que miden la calidad de la educación y devienen en instrumento político por excelencia para el control y el disciplinamiento según criterios impuestos desde afuera de las comunidades universitarias por organismos internacionales como el Banco Mundial. Ese condicionamiento de la vida interna se ha dado con la aplicación e instrumentación de políticas federales, sin considerar el impulso de los proyectos propios, los mecanismos internos de rendición de cuentas y las estrategias planteadas para el desarrollo académico. También, se ha concretado con la relativización de la legitimidad social de las universidades.
El parametraje ha sido el medio para reducir el “gasto por alumno” o, en términos críticos, reducir la inversión pública en educación aludiendo a las ineficiencias e incapacidades del sistema público, por una parte, y la prioridad de las relaciones mercantiles a través de la monetarización de las matrículas, colegiaturas y de otros servicios educativos, por otra.[5]La política de la escasez ha puesto a competir a las instituciones y a los trabajadores y, a la postre, acumulado tanto problemas financieros como muchas otras telarañas que aprisionan en relaciones serviles o clientelares.
La sujeción de las instituciones de educación superior a la asignación anual de presupuestos en función de unos cuantos indicadores cuantitativos como medida de sus resultados, así como de evaluaciones externas del éxito o el fracaso de sus políticas y programas en correspondencia con las políticas predominantes, ha sido un lastre con consecuencias perversas o no deseadas. Una de ellas se expresa en el gradual aumento de los precios de las matrículas y las inscripciones que han puesto en jaque la gratuidad de los estudios y el acceso mismo de estudiantes de clases o sectores populares; asimismo, el limitado sistema de becas y apoyos para la permanencia, ha abonado a la deserción escolar. El Estado tomó distancia y, con el principio de la corresponsabilidad, obligó a las instituciones de educación superior a pensarse en la lógica de la comercialización de sus servicios para generar ingresos propios. El carácter público de las universidades se ha visto seriamente cuestionado tanto como seriamente erosionando el derecho a la educación superior en nombre de privilegios de clase y meritocráticos.
En este contexto muy general, tenemos la urgencia de construir una visión integral de largo plazo del desarrollo de las universidades que oriente los trabajos y la participación de la comunidad universitaria. Esos planes de trabajo deben dibujarse con ejes robustos que sitúen a las universitarias y los universitarios como comunidades de sentido histórico para lo cual es prioritario definir y atacar los problemas estructurales de las universidades con una serie de principios, claves o condiciones claras.
Un principio ineludible de una política de Estado en materia de educación superior es garantizar presupuestos multianuales para las universidades públicas con independencia de los gobiernos de turno. Otro, la defensa del carácter público y gratuito de la enseñanza superior como garantía de los derechos sociales y culturales, y condición necesaria para democratizar el acceso de las nuevas generaciones a universidades de calidad académica. Defender la universidad pública como casa del pensamiento crítico de largo alcance, es vindicar otros derechos y la democratización del conocimiento, del acceso y la apropiación social del mismo.
Una clave seminal o condición necesaria es robustecer la autonomía universitaria. Ésta debe dejar de ser de papel, formal o tutelada desde palacios. La universitas personarummandatada por el pueblo soberano o la multitud de colores, afirmada con un sentido republicano. El estatus autónomo es necesario e indispensable para desdoblar la preponderante definición de negocios patrimonializados o de feudos grupales, corporativos o familiares, en autogobierno real, autogestión administrativa, académica y económica y cogobierno efectivo entre académicos, administrativos, estudiantes y egresados. La cuestión es situar a la democracia universitaria como pilar de la vida interior con la participación de todos los actores internos, y con un acompañamiento ciudadano que vindique el libre ejercicio de la docencia, la investigación, la creación y el pensamiento, y vele por la vocación de la universidadde servir a la sociedad y la humanidad.
Elevar la cobertura y la calidad educativa y de la investigación más que un imperativo de las políticas es un deber social. En este sentido, la actualización de las estructuras universitarias es estratégica, así como la superación de los problemas de infraestructura y equipamiento, el fortalecimiento de programas y proyectos de investigación, vinculación social, intervención comunitaria y socialización de la cultura, las ciencias y las artes. Sin duda, la discusión sobre pertinencia social y cultural de la oferta educativa, los mecanismos de ingreso y la oferta de programas bajo regímenes diferenciados, debe actualizarse en todas las agendas universitarias.
Más allá de la carrera por elevar estándares de educación superior asociados al crecimiento económico como ha insistido el Banco Mundial, la discusión debe girar sobre la pertinencia social de las universidades y su enraizamiento en las demandas y los problemas históricamente acumulados en Chiapas. Asimismo, su encarnamiento en la realidad local para una transformación social comprometida con el bienestar colectivo y la sostenibilidad ambiental, sin simulaciones ni simulacros. Una universidad situada en su contexto es universal.[6]
Se trata de desafíos creativos que nuestras universidades no pueden enfrentar en condiciones de libre competencia con otras universidades nacionales, de otros estados y hasta del extranjero, ya establecidas o interesadas en radicarse en la entidad. En su caso, las consecuencias de un desregulado mercado privado de la enseñanza superior serán graves porque el predominio de condiciones lucrativas enquistará las desigualdades, acentuará las brechas sociales y condicionará el desarrollo local con subordinaciones a colonialismos de todo tipo.
Las comunidades universitarias y la sociedad en general han tomado posiciones ofensivas para atacar el actual estado de cosas. Empero, hay que reconocer que las causas de la situación existente no son sólo exteriores porque, lenta y agudamente, se han vuelto interiores a nuestras culturas políticas-académicas en las universidades y, fuera de ellas, en nuestras representaciones y prácticas ciudadanas. En fin, una suma de factores externos e internos ha vuelto a nuestras encantadoramente pequeñas universidades en “jaulas” y, como veremos, en magnas “catedrales” del mal-estar.
Continuará
La reforma de la universidad chiapaneca (II). Las catedrales del malestar
La reforma de la universidad chiapaneca (III). Los espejos del trono
*Profesor-investigador. Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).
[1]Los Tigres del Norte, “Jaula de oro”, en Jaula de oro. México: PROFONO internacional / Fonovisa records, 1984, track 1, 2:47 min.
[2]Diego Quemada-Díez, La jaula de oro. México: Animal de Luz Films / Kinemascope Films / Machete Producciones,2013, 110 min.
[3]Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004.
[4]Andrés Fábregas Puig, Marcos institucionales de la antropología en Chiapas a finales del segundo milenio. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, 2015.
[5]Denise Leite et al., Políticas de evaluación universitaria en América Latina: perspectivas críticas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO / Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2012.
[6]Boaventura de Souza Santos, La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. La Habana: Casa de las Américas, 2006.
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