La reforma de la universidad chiapaneca (II)
Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Foto: UNICH
Las catedrales del malestar
El sistema educacional se ha vinculado fuertemente con la construcción de los proyectos nacionales y locales de sociedad. Distintos gobiernos en el estado de Chiapas han fundado ocho universidades e institutos tecnológicos públicos desde la década de los setenta en contextos incluso de disminución del gasto en educación superior. Si se suman otros centros, escuelas o colegios, se alcanzan en total 17 instituciones públicas estatales y si se consideran los otros centros públicos federales o sedes universitarias de investigación y docencia que comparten el mismo ethos, no nos acercaremos ni remotamente al total de instituciones privadas de educación superior radicadas en la entidad, alrededor de 50.
En medio de muchas contradicciones, nuestras instituciones educativas públicas han alcanzado innegables logros, mismos que, como ya advertimos, se deben indubitablemente a sus comunidades universitarias, a sus académicos, estudiantes y administrativos. Se trata de comunidades profesionales tremendamente esforzadas, comprometidas y sacrificadas, con encomiables resultados de trabajo reconocidos públicamente. Comunidades de profesores, investigadores, administrativos y alumnos que resisten ante los diversos problemas que arrastran las universidades, que se extrañan ante perversos arbitrios políticos y enferman hasta crónicamente ante la pérdida de perspectiva institucional pero que, a pesar de todo, reconocen y vivencian la universidad como el lugar del debate democrático y la creación de ideas y acciones para la vida pública.
Si bien las universidades no deben ser sacrificadas en nombre o a favor de intereses extrauniversitarios, tampoco deben ser sacralizadas para justificar discursos conservadores que encubran sus deficiencias académicas, organizativas e institucionales. Es común adoptar una posición defensiva ante las amenazas externas e internas y usar como escudo defensivo a la autonomía universitaria y la libertad académica ante las injerencias y las presiones políticas. Sin embargo, ello no debe estar reñido con una mirada autocrítica. El diagnóstico de los problemas más allá de su definición institucional en términos administrativos, requiere el reconocimiento de las causas de sus crisis recurrentes de financiamiento, los problemas de infraestructura y equipamientos, la precariedad salarial y la sobrecarga de tareas, las desigualdades y discriminaciones por género, etnia, orientación sexual, situación económica, edad, religión, discapacidad o lugar de residencia u origen, los acosos y otras violencias institucionales, las crisis de gobernabilidad y de gestiones administrativas coercitivas y narcisistas. También, una crítica a los intereses de los discursos dominantes que expresan, con disgusto y molestia, falsos elogios a las comunidades universitarias, al mismo tiempo que las etiquetan como incompetentes, ineficientes, irresponsables, mediocres, despilfarradoras y hasta anárquicas.
Las instituciones públicas de educación superior, reducidas aquí como la universidad chiapaneca porque integran programas de formación de pre y posgrado, investigación y extensión, compiten en un mercado educativo variado y desigual cuya dinámica se ha intensificado con modelos de gestión mercantiles que gradualmente las transformaron a sí mismas en objetos de competencia depredadora, en un mercado.[1]Las universidades fueron sometidas con la globalización neoliberal a exigencias tanto económicas como políticas, a presiones públicas y privadas. Se adaptaron a las prácticas de consumo y los requerimientos productivistas de las cambiantes condiciones mientras fueron desinfladas de sus preocupaciones humanistas y culturales. Los impactos de esas exigencias y presiones de cambios se han expresado en múltiples malestares de índole sociológica, organizacional o psicosomática a nivel individual o grupal, personal o institucional.
La “razón neoliberal” ha desplazado los sentidos sociales de la ciencia, de la utilidad social del conocimiento y del quehacer de las universidades para responder a las exigentes demandas del mercado, hacia apropiaciones del conocimiento por pocos privados con fines de lucro. Ese objetivo ha reconfigurado la enseñanza y el quehacer científico con criterios competitivos, y desplazado el desarrollo de ideales de justica social e igualdad. Poco a poco ganaron cartas de ciudadanía una serie de formulas temporales para el cambio con pretensiones de neutralidad, discursos con bases epistemológicas acríticas y opacas razones políticas. Distintas mediaciones permitieron que esas fórmulas y discursos calaran en el sistema universitario en medio de contradicciones y significativos efectos humanos e intelectuales.
La agenda universitaria ha girado alrededor de criterios económicos, es decir, han predominado los criterios de “caja”, los “recortes” y los “ajustes” en nombre de la austeridad. Al mismo tiempo, quedaron de lado el mejoramiento académico o curricular, reduciéndolos a ecuaciones muchas veces importadas. El énfasis en la contribución de la universidad a la competitividad económica del país, la región, la entidad o el municipio se hiperbolizó en la vinculación con el sector privado, en el registro de resultados con patentes para su comercialización o negociación en el mercado. De esta manera se ha participado de la privatización de bienes públicos, de conocimientos producidos con recursos públicos. A esa lógica acumulativa de conocimientos y ganancias en nichos de mercado y en sectores sociales, se sumó la acumulación de habilitaciones, títulos, acreditaciones, certificaciones: una carrera por los méritos y los privilegios.
Las políticas científicas y educativas han impuesto parámetros de productividad y competitividad que han sido seguidos y adoptados por profesores, investigadores, técnicos y estudiantes para demostrar su “eficacia” y “eficiencia.” Las exigencias productivistas de papersy rankingsse traducen en evaluaciones tecnocráticas que, como parte de la mercantilización, han disciplinado e incidido uniformemente sobre el pensamiento al interior de las universidades y en la sociedad e, incluso, tiranizado y esterilizado buena parte del pensamiento creativo y autónomo y la creación artística. Se consintió a la presión bibliométrica que diferencia, jerarquiza y distingue tipos y lugares de publicación, idiomas dominantes, factores de impacto e índices de citación.
En particular, las políticas de evaluación han incidido en el devenir de la educación porque promueven nuevos modelos institucionales, estilos académicos particulares y culturas universitarias asentadas sobre ciertos valores, normas y reglas que no fortalecen el espacio público universitario. El “estado acreditador”[2]lideró la orientación de las transformaciones institucionales siguiendo parámetros internacionales que obligaron a las instituciones a responder a nuevos actores, agencias y escenarios aplicando “recetas” indispensables, normales y naturales para librar las evaluaciones. Esas nuevas agencias y redes profesionales o interinstitucionales han acompañado la estandarización de la educación superior a nivel internacional asumiendo el encargo de construir indicadores de evaluación institucional aplicables a universidades y programas educativos en cualquier parte. Muchas de estas agencias o “empresas acreditadoras” aplican sus instrumentos de evaluación para la acreditación y certificación de la “calidad” y la “excelencia” de las carreras universitarias; ofrecen un servicio por el que cobran, ergo hablamos de transacciones comerciales que condicionan la transparencia de los procesos mismos y de los instrumentos definidos desde una relación de externalidad con los contextos locales, con débiles o nulos análisis territoriales y situacionales.
Nos atrapa una lógica dual o ambivalente. Hacia fuera: apariencias de calidad tras simulaciones y maquillajes para cumplir los criterios de los indicadores de desempeño; dinámicas de crecimiento de las instituciones sin correspondencia en términos comparativos con la inversión pública en educación superior, misma que se redujo. Hacia adentro: instauración de prácticas de control tecnoburocráticas; creencia de la comunidad académica en que logrados los indicadores de desempeño deseados, se alcanzaría el reconocimiento de demandas legítimas sobre condiciones dignas de trabajo y formación, compensaciones, nuevas contrataciones, presupuestos decentes. Sin embargo, se abren nuevos programas, se logran los indicadores esperados, se acredita o reconoce la calidad por quién corresponde, mientras las autoridades celebran “el aumento de la productividad” sin cumplir sus promesas e hipócritamente demuestran que “sí se puede” lograr un desempeño más eficiente y eficaz a toda costa y en poco tiempo sin evaluar los costos humanos, laborales y sociales. Así lo evidencian sus políticas de aseguramiento de la calidad enfocadas en los números pero muy pobres en cuanto a compromisos con innovaciones que amplíen el repertorio de acciones, proyectos o iniciativas para mejorar integralmente, pensando primero en los actores, las condiciones del trabajo académico y las condiciones del aprendizaje universitario.
Las universidades han sido dinamitadas por dentro, sofocados a sus actores, violentados sus procesos autónomos y sus protagonismos hasta disminuir su agencia a través, además, de la cooptación de organizaciones sindicales y estudiantiles, vía la negociación con sus líderes o su represión silenciadora. A veces son incluidos o “tenidos en cuenta” en consultas abiertas como una forma de excluirles (ningunearles, despreciarles, subvalorarles) y obligarles a internalizar como necesarias e imprescindibles prácticas ideales que cumplen los parámetros esperados. La fragilidad de los académicos se expresa en su regulada capacidad como sujetos políticos dentro y fuera de la universidad y como sujetos del conocimiento por la relativización de los valores de la autonomía y la libertad académica, principios fundamentales de la vida universitaria. De igual forma otros actores universitarios han sido despolitizados con una incomprensión del compromiso y la responsabilidad de la producción de conocimientos y saberes atentos a las necesidades sociales y las interpelaciones de la sociedad.
Una valoración de las causas y consecuencias de los malestares universitarios requiere un amplio inventario de múltiples carencias de distintos tipos. Las carencias como las malas prácticas, hablan por sí solas de mínimos umbrales de certidumbre y confianza en los procesos académicos y administrativos. Un ejemplo notable son los procesos de ingreso o promoción del personal académico que aunque prescritos terminan siendo discrecionales, simulados y secuestrados por políticas de favores sin apego a las normativas vigentes.
Los impactos negativos pueden constatarse en la infraestructura —insuficiente, deteriorada o desproporcionada—, el equipamiento —inexistente o desactualizado—, las remuneraciones miserables que obligan al multitrabajo y la fluctuación laboral, la inexistencia de programas de estímulos o el achicamiento condicionado de los mismos, la poca o nula inversión en investigación. También, en la desmotivación, la falta de compromiso institucional y las luchas individuales por méritos, puntos, reconocimientos o patentes que ha bloqueado la naturaleza colectiva de los procesos de investigación y las ideas construidas en el diálogo y la discusión abierta de puntos de vista y de resultados de trabajo.
A la carencia de recursos públicos, se sumó la asignación presupuestaria y la ministración a cuenta gotas como mecanismos de control. La universidad fue forzada a realizar modificaciones estructurales de sus programas y a la apertura de nuevos para diversificar su oferta considerando la demanda de mano de obra calificada y la mayor competencia basada en el conocimiento científico-técnico y la innovación tecnológica. Esta ampliación flexible del mercado universitario en relación con la demanda del mercado laboral y las posibilidades de aumentar la matrícula y el cobro de cuotas, se acompañó de acciones para reducir el “costo por estudiante” presionando cada vez más los salarios de los docentes y eliminando gratuidades.
La presión por ingresos alternativos ha tenido consecuencias no deseadas. El acceso o no a recursos concursables reforzó las desigualdades existentes y promovió asimetrías en el desarrollo de las unidades académicas, de grupos de investigación y de trayectorias académicas individuales o colectivas; desfases en el desarrollo de proyectos y áreas del conocimiento no prioritarias para las políticas dominantes (las humanidades, las artes, las ciencias sociales, y temas de ciencias de frontera); desequilibrios entre investigación fundamental o básica e investigación aplicada en función de intereses comerciales o empresariales; desarmonías en el desarrollo de la infraestructura; y, diferencias en las remuneraciones salariales de los académicos incluyendo pagos por actuación, resultados o méritos. Estas desigualdades en las relaciones de poder académicas han sido notables con la mayor incidencia en las tomas de decisiones de aquellas áreas o programas que aportan más económicamente o se autosostienen por ingresos propios al responder a investigaciones dirigidas desde órganos o instancias de poder que enfatizan en la utilidad práctica o el carácter redituable de los resultados, así como de aquellos investigadores con reconocimiento de los que dependen los más jóvenes y creativos que quisieran inaugurar áreas nuevas de investigación.
Otra consecuencia ha sido el empoderamiento de la burocracia universitaria que con una rigidez incompatible con los tiempos de la flexibilización, impone candados, condicionamientos o cláusulas que obstaculizan las actividades sustantivas, demoran los procesos forzando a reiniciarlos en “forma,” adjetivan tanto los verbos de acción que agotan, con-vencen, agobian y desestimulan la gestión de nuevos recursos. Con la burocratización universitaria crece una cultura institucional repleta de claroscuros que se ancla en el tiempo y niega a la innovación y los cambios. La férrea rigidez administrativa de las instituciones refuerza la acumulación de poder en los administrativos que encabezan una organización rígida y jerárquica y dominan la libertad académica, la agencia de los docentes y la supuesta centralidad del aula o el laboratorio.
Por otra parte, las bajas tasas de permanencia o alta deserción escolar responden a múltiples causas que tienen un factor común en los problemas económicos. Los estudiantes de bajos recursos y de poblaciones marginadas no pueden responder, por ejemplo, al aumento progresivo de las cuotas de inscripción o a los costos de materiales educativos antes gratuitos o subsidiados. Aquí la mirada crítica debe detenerse en los programas de becas burocratizados y lánguidos que desdoblan un derecho en prebendas clientelares y a los ciudadanos en potenciales consumidores de transferencias condicionadas. La actualización de la gestión de los programas de becas debe superar la actual falta de transparencia y los injustificables atrasos, así como explorar su ampliación como contrapartida de trabajos en actividades universitarias como, por ejemplo, programas de tutorías a estudiantes de otros niveles. Es necesario imaginar estrategias múltiples para asegurar la permanencia, el egreso y la titulación de la juventud universitaria. Mientras no se avance en este terreno, la democratización de la universidad será cuestionada porque las restricciones en el acceso, la permanencia y el egreso reproducirán la estructura de las desigualdades, los privilegios y la espiral de inequidades sociales.[3]
Otra arista interna de los retrocesos en la democratización de la universidad expresa los obstáculos para el ejercicio de una autonomía responsable, plural y critica. La convivencia democrática del mapa de actores universitarios debería remitir a negociaciones respetuosas y constructivas de los conflictos a partir de sus distintos objetivos. Sin embargo, los grupos universitarios, los sindicatos académicos y administrativos, los estudiantes, los académicos, los funcionarios y autoridades universitarias participan de manera desigual y jerárquica en la toma de decisiones trascendentes para la universidad. Muchas veces son convidados de piedra o representados por líderes que sólo buscan prebendas personales o corporativas.La débil democracia interna en las universidades redunda en los famélicos debates entre discursos e ideologías sobre la educación superior ajeno a las experiencias de las comunidades académicas pero, paradójicamente, acatados y hasta aplicados a través de las estructuras burocrático-administrativas. Es fundamental reconstruir espacios para las voces críticas y respetarlas en los espacios existentes sin silenciar la crítica universitaria, sin confundir unidad con unanimidad, diversidad con uniformidad. Este debe ser un ingrediente de las reformas que permita a las comunidades universitarias construir sus propios indicadores de calidad y sus propios instrumentos de evaluación sobre criterios cuantitativos y cualitativos pertinentes.
Precisamente, las formas de evaluación impuestas como mecanismos de disciplinamiento, censura, control o “selección natural”, resumen las causas de los malestares académicos. No se trata de oposiciones ciegas a la evaluación sino de definirla como proceso de aprendizaje académico y político, de promoción de buenas prácticas y parte medular del crecimiento personal y colectivo. Una evaluación basada en criterios discutidos y acordados internamente por las comunidades académicas, permite establecer las diferencias necesarias para cada uno de los distintos grupos de docentes de distintas áreas o disciplinas, garantiza la construcción colectiva de ideales propios de calidad. También, será necesaria la correspondencia entre los resultados de esas evaluaciones y los incentivos de distinta naturaleza rompiendo circuitos de autocomplacencia narcisista y los favoritismos.
No debe perderse de vista que el cuestionamiento de la legitimidad de las universidades, ha justificado las reducciones de financiamiento. Su imagen pública desacreditada aludiendo a riesgos por la mala administración de los recursos financieros y humanos, ha justificado ciertas formas de intervencionismo político. La opinión pública sobre las universidades ha sido abonada por el papel de los medios de comunicación y las redes sociales que expresan enfrentamientos muy diversos entre actores con concepciones e intereses distintos buscando transitar de la opinión publicada al dominio del espacio público con las definiciones circuladas públicamente. En particular, sus profesionales actúan a veces como voceros de las campañas de “buscadores de universidad” que amplifican conflictos internos a nombre de exigentes responsabilidades sociales para hacer plausibles sus proyectos personales. La relación de los medios con la universidad merece una investigación específica porque ilustra las formas de inmovilización y la desestabilización de la institucionalidad universitaria, sus dinámicas contradictorias y ambigüedades a través de formas materiales alteradas con las llamadas posverdades, es decir, medias verdades, rumores, chismes, murmuraciones, noticias falsas y hechos alternativos que manipulan la información en perjuicio de la realidad comprobable. La cuestión es que el mal uso ético de la información tiene consecuencias perversas: ataca el derecho a la información con excesos y desinformaciones, lacera la identidad organizacional, conlleva a la toma de decisiones equivocadas e, incluso, vulnera las trayectorias profesionales, desorienta y paraliza, presiona y desmoviliza.[4]El desprestigio llega al punto de esbozar como escenario probable el cierre de alguna universidad pública.
En este sentido puede apelarse a una tercera arista de la discusión sobre la democratización de la universidad. Los trabajadores de la cultura y del conocimiento nos enfrentamos diariamente a relaciones entre saberes e informaciones, saberes que son modificados con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información operándose una disociación entre intereses científicos, intereses sociales e intereses públicos. Sabemos que tales intereses están engarzados pero el uso de las tecnologías no cumple aún su promesa de transformación de la universidad, con los nuevos tipos de gestión y de relación social con el conocimiento público. Sin duda, la socialización de la ciencia y el conocimiento es parte de la justicia social con la que la universidad está comprometida. Por ello su encargo es preservar y crear espacios para el diálogo plural e igualitario de saberes que superen la injusticia cognitiva contenida en las injusticas sociales, así como garantizar el acceso, uso, apropiación y democratización del conocimiento como un bien social, colectivo y estratégico.[5]Trabajar contra la falta de confianza en la ciencia, contra el utilitarismo de la universidad y del conocimiento, construir alternativas de utilidad social de la universidad, es promover una ciudadanía crítica y activa. En el reverso de los malestares, los actores universitarios explayan sus resistencias, sus resiliencias, sus perspectivas críticas y la actualización del compromiso con la calidad educativa y la producción de conocimiento relevante para la sociedad que la mandata.
En fin, la democratización universitaria tiene dimensiones institucionales, políticas y epistemológicas. Al reconocerlas estamos hablando de una piedra de toque para evidenciar lo que es y puede ser la universidad chiapaneca. La universidad necesita liberarse del paradigma institucional basado en la lógica empresarial que subraya la apropiación por unos pocos del conocimiento (la privatización de resultados de investigación con fines de lucro). Una universidad emancipadora explorará paradigmas institucionales con vocación político-pedagógica, responsabilidad y compromiso social. Ello requiere poner en valor el conocimiento, transitar del conocimiento-productividad al conocimiento-reflexividad. En otras palabras, dejar de pensar en la universidad elitista, la world-class university con estándares de calidad global, guiar las reformas hasta reencontrar a la universidad plebeya, comprometida y abierta con la sociedad chiapaneca.
¿Cuáles son los márgenes de maniobra de la universidad pública en condiciones de asfixia financiera e injerencia política? Pensar sobre la importancia de la universidad pública en la construcción de un proyecto para Chiapas y para el país, pasa por la profundización de nuestra conciencia reflexiva y crítica sobre la existencia de una relación mutuamente condicionada entre ambos. Exploremos más esa relación entre universidad y proyecto social. Espejeemos, pues, los vínculos entre universidad y gobernante.
Continuará:
La reforma de la universidad chiapaneca (III). Los espejos del trono
Ver:
La reforma de la universidad chiapaneca (I). Las jaulas de oro
*Profesor-investigador. Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).
[1]Boaventura de Souza Santos, La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. La Habana: Casa de las Américas, 2006, p. 24.
[2]Facundo Solanas, “El estado acreditador: del caso argentino al MERCOSUR”, en Denise Leite et al., Políticas de evaluación universitaria en América Latina: perspectivas críticas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO / Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2012, pp. 99-138.
[3]Mauro Benente (comp.), La universidad se pinta de pueblo: educación superior, democracia y derechos humanos. José C. Paz: EDUNPAZ, 2018.
[4]Estela Morales Campos (coord.), La posverdad y las noticias falsas: el uso ético de la información.México: UNAM-Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2018.
[5]III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. Declaración. Córdoba, Argentina, 14 de junio de 2018, p. 1. http://www.cres2018.org/uploads/declaracion_cres2018%20(2).pdf
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