La reforma de la universidad chiapaneca (III)

La reforma de la universidad chiapaneca (III).

Los espejos del trono

Por Alain Basail Rodríguez*

A quién te aconseja encubrir de tus amigos

más le gusta engañarte que los higos.[1]

 

La universidad es como un espejo para los gobernantes. Un espejo o una fuente donde éstos pueden verse reflejados, más o menos bellos, vestidos o desnudos, cuales Narcisos griegos, emperadores daneses o condes Lucanor ibéricos. El espejo-universidad muestra sus grados de alucinación o encantamiento con el poder y la potencia de sus estilos de liderazgo. Como habrá advertido el lector, la proposición sugerida aquí es de elemental sentido común: según la forma del trono o silla del poder, será la universidad, es decir, su instrumentalización funcional según intereses concretos, su para quién y para qué.

Los “buscadores de poder”[2]siempre andan a la caza de tronos donde replicar relaciones sociales de dominación, ese es su modus vivendi. Las universidades son blancos u objetivos nobles donde reproducir lógicas de poder tradicionales, caciquiles, patriarcales, andro y etnocéntricas; entronar a familiares, acólitos y amigos; acumular títulos y capitales simbólicos y monetarios; reproducir privilegios y corporativismos; adecentar trayectorias biográficas. Esas lógicas prácticas descontextualizan a la universidad, la desmoralizan, la distancian y hostigan. Sin embargo, otras formas democráticas, distantes de talantes autoritarios, promueven una institución democrática y, otros líderes con este talante, son capaces de estimular una reinvención mutua o conjunta al situarse a la altura de los desafíos e imprimir un sentido político de nuevo tipo a las respuestas a los problemas históricos y emergentes sin sacrificar el futuro.

Las universidades continúan siendo las instituciones del conocimiento científico y humanístico por excelencia a pesar de la crítica social de las son objeto y de sus pérdidas de centralidad.[3]La institucionalidad de la universidad chiapaneca muestra el grado relativo de consolidación institucional del Estado en Chiapas. Las faltas y pérdidas de los últimos años han sido una responsabilidad política de las autoridades de gobierno que nombraron rectores que no construyeron espacios institucionales para el futuro, los usufructuaron y degradaron, ajustándolos nacisistamente a modo y semejanza.

Además del juego político local, la universidad y el Estado han sido objeto de la reconfiguración neoliberal. Boaventura de Souza Santos ha definido estos desencuentros en su expresión global como un túnel entre el pasado y el futuro.[4]En nuestra expresión local hemos llegando a pensar que se trata de un callejón sin salida, es decir, sin posibilidades de cambio o futuridad. De ese tamaño es el malestar y la desorientación predominante, que no incapacidad de autointerrogarnos y falta de potencialidades, por la pérdida de perspectivas estratégicas que nos sitúen geoculturamente en Chiapas y geopolíticamente en México, Centroamérica y el mundo. ¿Por qué percibimos tan remota una primavera universitaria?

La relación entre amenazas internas y externas determina las posibilidades reales de pensar más allá de las inmediateces y urgencias planteadas en coyunturas críticas como nudos temporales. Por ejemplo, las salidas negociadas a las huelgas de estudiantes o sindicatos universitarios sólo suspenden temporalmente los conflictos apagando los fuegos, mientras aplazan la discusión de estrategias para solucionar los problemas de fondo. De esta manera el curriculum de las universidades depende más del curriculum de la política y los políticos que de interpelaciones y análisis serios de las dinámicas demográficas, los cambios del mundo del trabajo y los problemas sociales ya sean estructurales o emergentes. Para avanzar en esta discusión debemos insistir en situar los proyectos de universidad en relación con los proyecto de sociedad y de país.

Como apuntamos antes, la crisis de las universidades públicas se expresa de distintas formas. En su descapitalización mediante los recortes presupuestales, el “despilfarro” de recursos y el endeudamiento público concretado en grados variables en las distintas casas de estudios. También, con la deslegitimación operada, muchas veces, en términos neoliberales o en los rupestres códigos de la rivalidad política realmente practicada localmente. La valoración social de las instituciones de educación superior ha respondido a juegos de intereses y luchas de poder que han manoseado sus principios, valores y misiones institucionales para instaurar un orden de cosas controlado hegemónicamente por centros, grupos o familias de poder.

En la transición en curso adquiere sentido la definición de la crisis de la universidad chiapaneca con otros términos y otros horizontes. Entre ellos, es medular el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad y con apoyos a través de becas y subvenciones que garanticen el ejercicio ciudadano de este derecho y el cumplimiento del deber del Estado. Asimismo, la resignificación de las relaciones entre conocimiento y sociedad, cultura y sociedad, ciencia y sociedad. Sin embargo, está por desentrañarse la naturaleza política y epistemológica de los procesos de transformación en ciernes.

La contribución particular de las universidades en los proyectos sociopolíticos en la entidad y en el país, en los planes y programas de gobierno, al replanteamiento de problemas estructurales, se inicia con la discusión y promoción de propuestas innovadoras de investigación, formación, extensión y organización que actualicen las realidades actuales de las casas de estudios, que apuntalen democráticamente el patrimonio público universitario. Dicho sin más rodeos, un primer y fundamental aporte sería una reforma de la universidad chiapaneca como parte de la lucha por actualizar su legitimidad y notoriedad sociopolítica. Otra cosa supondría que las relaciones entre gobierno y universidad continuarán siendo de tacto y cálculo político sin apuestas de transformación social y cultural. El talante del gobernante se mostrará a partir del compromiso con cambios más justos para todos los/as universitarios/as y más representativos de la sociedad que queremos reconstruir. Ahora bien, ¿qué posibilidades tenemos de una reforma universitaria democrática?

Como sabemos desde Córdova, hace cien años, una reforma universitaria es posible en relación con una reforma social que aporte a la negociación de nuevos sentidos históricos, sociales, culturales y políticos. La cuestión va más allá de qué político o académico se nombra cómo rector —aunque la idoneidad sea de los segundos—, de la renuncia o revocación de uno u otro rector, o de qué lugar o institución procede. El problema es si la persona entiende de lo que se trata y es capaz de romper las inercias y pensar más allá de sus intereses personales, familiares o corporativos, obrando por conectar con originalidad la política pública subnacional a la nacional y por dejar un legado trascedente para Chiapas. Para ello debemos prescindir de los “políticos huecos” y las “políticas huecas” y esbozar en la práctica formas de gobierno auténticas, alternativas, creativas y participativas.

La reforma tiene que enfocarse en corregir los efectos de la competencia desleal con su lectura maniquea de “los buenos” y “los malos”, así como del despojo de recursos del que ha sido objeto la universidad. Tiene que promover la agrupación real, no de foto, entre las universidades públicas a escala estatal y, luego, pensar en otras formas de regionalización e internacionalización basadas en el intercambio, la cooperación y la colaboración. Crear a escala local un verdadero consenso y compromisos para construir redes públicas, circuitos abiertos o espacios universitarios para, por ejemplo, la educación a distancia y virtual, para definiciones comunes de estructuras curriculares, de oferta común o coherente de licenciaturas y posgrados, reconocimientos de créditos, movilidad de estudiantes y profesores, cotitulaciones, proyectos conjuntos de investigación, actualización continua de profesores de escuelas del sistema público estatal, entre muchas iniciativas posibles. Este sería un programa de trabajo que debe empezar dentro de las mismas universidades donde tampoco hay redes, vínculos orgánicos entre unidades académicas, integraciones y transversalizaciones de la investigación, la docencia y la extensión. En ambos sentidos, trabajar para crear un verdadero espacio educativo común implica dejar de poner a las universidades y a las unidades académicas a competir entre ellas, dejar de pensarse por separado y segmentadamente, dejar de procurar no moverse para salir en la foto. Por el contrario, se trata de construir un escenario de cooperación y colaboración, creando condiciones para el trabajo en red, sinérgico, que permita hasta procurar asignaciones presupuestarias de forma conjunta, complementar las potencialidades, sus contribuciones diferenciadas, los recursos y equipamientos para ampliar sus niveles y escalas de actuación.

Las universidades no son hegemónicas como antes. Necesitan actuar en red y asociadas entre ellas y con organizaciones no gubernamentales y de gobierno, sindicatos, con movimientos sociales, grupos vulnerables, comunidades, grupos de ciudadanos organizados, corporaciones culturales o asociaciones profesionales o de creadores. Es un imperativo desarrollar una asociación estratégica entre éstos y los universitarios para promover la cooperación y la solidaridad, la reflexividad crítica y la acción sociopolítica. Estas alianzas políticas con la sociedad, reducidas en el lenguaje clásico como vinculación universitaria, permitirán trabajar por la calidad de la ciudadanía con un horizonte de largo plazo y luchar juntos y juntas por el derecho a la educación, la democratización del acceso a la universidad —un acceso no clasista, no sexista, no racista y no etnocéntrico—, el aseguramiento de la permanencia y su carácter público y gratuito, social y común.

La universidad, como bien público y social al servicio de los proyectos de sociedad, debe producirse en red, en acción conjunta. Para ello hay que renovar los condicionamientos políticos favorecedores del reflejo de la sociedad en la autonomía universitaria y la libertad académica como garantía para responder a la demanda de responsabilidad social. De esta manera, la universidad ganará en incidencia e intervención social con: a) la definición y solución de problemas locales con articulaciones nacionales, regionales y globales; b) la formación de la ciudadanía a partir de ejercicios pedagógicos ampliados que articulen, por ejemplo, la universidad con la escuela pública; y c) la promoción del conocimiento público como amplio repositorio de discernimiento social con una participación universitaria activa en el entramado de agencias culturales que modulan la producción, conservación, acceso y distribución de informaciones, datos o conocimientos significativos para la representación de la realidad y la interpretación del mundo, así como para dar plausibilidad a prácticas y proyectos concretos.

Las universidades pueden construir ese horizonte utópico, ser ellas mismas una imagen que inspire a la sociedad a ser diferente, a ser otra sociedad. Su responsabilidad social pasa por iniciativas comprometidas con la vida pública. En el nuevo contrato entre estado y sociedad los saberes universitarios deben ser desmercantilizados, dejar de ser medidos en términos economicistas (ingreso-egreso, costo, rendimiento, valor de mercado, recursos o capital humano), y las universidades, reestructuradas en otras lógicas de planeación, ejecución y evaluación que superen la administración tecnoeconómica. De tal manera que éstas puedan liderar la innovación social y tecnológica, basada en el diálogo de saberes, el conocimiento científico y otros conocimientos para definir nuevas territorialidades más allá de los campuso ciudades universitarias y articular vínculos presenciales y a distancia. Puedan participar activamente en la actualización de los modelos de conocimiento con el tránsito del conocimiento universitario al conocimiento pluriversitario,[5]es decir, un conocimiento contextual (cuya producción se ha organizado pensando en su aplicación no mercantil y mercantil), de extramuros (los problemas y su relevancia son resultado de procesos de intercambio e interacción entre investigadores y otras personas) y transdiciplinario (en diálogo y confrontación con otros tipos de conocimientos y, por tanto, heterogéneo y abierto). Todo esto quiere decir, apostar por un conocimiento por demanda de la sociedad, producido, distribuido y consumido socialmente a partir de ejercicios transparentes, del libre acceso a resultados de investigación, a cursos de formación y actualización, al arte y la cultura socializada por todos los medios.

Un gobierno diferente, requiere una universidad nueva. Otra universidad con autonomía responsable, plural y crítica, con calidad, inclusión y equidad, con accesos democráticos a los estudios, al conocimiento, a la ciencia, la cultura y las artes. Es decir, contraria a la mezcla de criterios basados en méritos y privilegios de clase, raza, sexo, género o etnia. Un nuevo pacto social debe tener su correlato en un nuevo pacto universitario. Un modelo de sociedad distinto demanda un modelo de universidad distinto, y viceversa. Los nuevos vínculos entre Estado, universidad pública y sociedad deberán trascender las imposiciones de cualquier tipo y los posicionamientos defensivos innegociables. Es necesario tener claridad y acuerdos respetables sobre las condiciones y para qué cambiar porque de lo contrario pueden abonarse reformas conservadoras. No nos llamemos a engaños, la universidad está en disputa tanto como el Estado mismo está siendo un campo de forcejeos: la reforma universitaria y la reforma del estado van de la mano y corren la misma suerte. El Estado tiene la responsabilidad de impulsar la universidad pública, de plantear relaciones cualitativamente diferentes de regulación, fiscalización y financiarización sin falsas políticas de austeridad que, como hemos visto, terminan desviando recursos al sector privado, a la actividad política o a las arcas personales. La sociedad no debe dejar aislada a la universidad, a merced de arbitrios políticos; por el contrario, debe presionar por el cumplimiento del encargo social que le asigna con debates democráticos y participativos en todos los espacios públicos.

Los cambios institucionales permitirían configurar una nueva arquitectura organizacional y formas de gestión innovadoras de las universidades. Sólo la participación amplia, crítica y propositiva de la comunidad universitaria puede asegurar que ésta controle los programas de investigación, enseñanza y extensión en nombre de intereses sociales y su relevancia pública (no exclusiva ni preponderantemente comerciales); reflexione sobre la necesidad y el sentido de formas alternativas de evaluación o autoevaluación y sobre otros modelos de acreditación; y, construya contextos creativos, de continua mejora académica con propuestas de alternativas que respondan innovadoramente a demandas públicas, con nuevas consignas movilizadoras de experiencias y proyectos democráticos que apunten a la dignidad humana y a robustecer las condiciones e instituciones de una sociedad libre. Esto supone dilucidar cómo construir instituciones con otros anclajes que reconozcan plenamente las experiencias y la agencia de los actores locales, se signifiquen en sus contextos repletos de urgencias cotidianas y arraiguen culturalmente comprometidas con las futuras generaciones.

Así podemos ir avanzando en la preparación de las condiciones necesarias para asegurar el derecho a la educación y, por tanto, el derecho a la universidad, a la formación y a la producción de conocimiento en la universidad con perspectiva humana, ética y política. También, para desarrollar nuevos programas de acción que afirmen alternativas de inclusión social junto con los criterios de méritos, nieguen las exclusiones por criterios socioeconómicos, étnicos, de sexo, género y generacionales y respondan a cabalidad a la presión demográfica por el acceso a la universidad. Sin duda, no será fácil trabajar para cerrar todas las brechas existentes, las regionales, de género y hasta las digitales porque tampoco se puede obviar la importancia de la gestión, la calidad y la velocidad de la información para la economía actual y el fortalecimiento de la cohesión e integración social.

Una vía privilegiada de acceso a la realidad es la extensión universitaria que, siendo mejor definida como una política cultural universitaria, puede promover bienes y servicios culturales entre los distintos grupos sociales en todos los espacios sociales. La participación activa de la comunidad universitaria es medular para contribuir a las reconstrucciones de tejidos sociales, la cohesión social, la solidaridad social, la profundización de la democracia, la defensa de la diversidad social y biológica, la solución de problemas con innovaciones sociales, científicas y técnicas con conciencia ambiental. Más que una funcionalización política de la cultura, se puede proponer una colectivización, cooperativización y democratización de la cultura científica, técnica, política, artística y humanística.[6]Para ello hay que superar discursos economicistas sobre la rentabilidad de la cultura para recibir ingresos extrapresupuestarios y promover “la cultura como recurso” y el “recurso de la cultura.”[7]Así la universidad ganará como ágora o espacio público de interconocimientos, saberes y conocimientos vivos, de colaboración y coproducción de conocimientos prácticos.

En el convenio social, cultural y político sellado en las urnas en julio pasado, ocupa un lugar específico el convenio educativo dentro del cual se encuentra la universidad. No cualquier universidad, menos la realmente existente con sombras de pasado, sino aquella que tienda a definirse como bien público, como espacio común y libertario, como agente de desarrollo y transformación social, como agencia de formación integral, creativa y emancipadora, con autonomía responsable, plural y crítica, con gobierno universitario democrático y participativo. Ahí radicará la fuerza de su legitimidad social a partir de una reforma con sentido democrático y progresista que se centre en el aprovechamiento al máximo de los recursos y en una visión constructiva a largo plazo de la sociedad chiapaneca. Las universidades son agencias del cambio que resguardan los proyectos sociales, y los universitarios lo sabemos bien porque ello define nuestra preeminencia, frente a los políticos con visiones coyunturales y nombramientos temporales. Sólo una reforma universitaria plena permitirá a la universidad chiapaneca constituirse en un agente central de una reforma social democrática, participativa y profunda. Si el Estado no contribuye a resguardar en las universidades el potencial de todos los proyectos políticos latentes en la sociedad y las abandona a su suerte, terminará más desacreditado.

Sobre la mesa tenemos servidos tres platos con planteamientos nuevos que constituyen umbrales de resignificaciones importantísimas, a saber: el primero, redefine la relación entre ciencia y sociedad convirtiendo a esta última en sujeto que interpela a la ciencia; el segundo, redibuja la relación entre universidad y sociedad delineando múltiples interactividades; y, el último, desafía la relación política y sociedad demandando otras maneras virtuosas de ejercer el oficio político para consolar sin perder consciencia de los yerros. Ciencia, universidad y política están en la mira de una sociedad que demanda intensamente su participación activa en cada campo y la evaluación democrática o participativa de sus resultados como parte de nuevas formas de gestión de lo público.

Siguiendo la buena voluntad de mi querido amigo y colega Miguel Lisbona al referirse a nuestra Frontera Sur,[8]ojalá las nuevas autoridades mexicanas y chiapanecas de este momento instituyente de la política presten atención a los problemas de las universidades locales y a las demandas de reforma de sus universitarios y su sociedad. Nuestras universidades públicas son también espejos donde se reflejarán o refractarán sus oficios políticos, la recuperación del terreno de la política que se ha extraviado y su sentido trascendente o no para Chiapas en el país y en el mundo.

Ojalá Lupita vea en estas tres postales inspiradas en su humilde y encantador saludo diario, una vindicación de su hija Irene que, como muchos y muchas jóvenes, abandonó los estudios universitarios para poder salir adelante juntas, tan juntas como anhelan regresar algún día a las aulas universitarias para conquistar su soñado título.

 

Ver:

La reforma de la universidad chiapaneca (I). Las jaulas de oro

La reforma de la universidad chiapaneca (II). Las catedrales del malestar

 

*Profesor-investigador. Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

[1]Juan Manuel. Infante de Castilla, “Cuento XXXII: Lo que sucedió a un rey con los burladores que hicieron el paño”, en El Conde Nicanor.Alicante: Editorial Aguaclara, 1997; Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004 [1335], pp. 111-118. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc280k8

[2]Andrés Fábregas Puig, Marcos institucionales de la antropología en Chiapas a finales del segundo milenio. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, 2015.

[3]Boaventura de Souza Santos, La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. La Habana: Casa de las Américas, 2006, p. 36.

[4]Idem., p. 44.

[5]Idem., p. 38.

[6]Michael W. Apple, Política cultural y educación. Madrid: Ediciones Morata, 2001.

[7]George Yúdice, El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global, Barcelona: Gedisa, 2002.

[8]Miguel Lisbona, “Fronteras sangrantes,” en Chiapas Paralelo, 24 de octubre de 2018.

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