El colapso de la Bolivia plurinacional

Imagen: www.celag.org

Pablo Uc[1]

Bolivia comenzó el año 2020 con el llamado a nuevas elecciones nacionales para el próximo 3 de mayo y una brutal impronta contra la estructura y los procesos indígenas del ahora endeble proyecto plurinacional. En medio de la convulsión política derivada de las acusaciones de fraude electoral, un golpe de Estado y una violenta persecución, encarcelamiento y represión contra líderes y bases indígenas “masistas” así como de diplomáticos venezolanos, mexicanos y médicos cubanos, el juego electoral se anuncia en medio de la violencia y un degradante Estado de excepción.

 

Los puntales de una súbita crisis

El pasado 10 de noviembre, la descomposición política y social en Bolivia alcanzó un grado de polarización y violencia sin precedentes en las últimas dos décadas, desde que el ciclo rebelde de 2001-2003 y la defensa del proyecto constituyente de 2006, llevaron a un proceso político que revolucionó al país andino-amazónico. El contexto de crisis estalló tras los comicios del 20 de octubre. Tras una “caída del sistema de conteo”, los resultados publicados por el Tribunal Electoral posicionaron al partido oficialista: Movimiento al Socialismo (MAS) (otrora instrumento político para la soberanía de los pueblos), y al presidente Evo Morales al frente de las elecciones con el 47,08% de los votos. Este fue seguido por el candidato opositor: Carlos Mesa, quien sumó 36,51% de los votos. Con estos resultados quedaba descartada una segunda vuelta, ya que se superaba el 10% de diferencia entre los contendientes. Los resultados no fueron reconocidos y la impugnación desbordó todos los cauces institucionales.

En las calles había estallado una multiforme expresión de rabia en la que se manifestaban antiguas bases de apoyo al MAS y a Morales, mientras reemergía la más reaccionaria oposición encabezada por el Comité Cívico Santa Cruz y su líder, Luis Fernando Camacho. Este arremetió contra el gobierno nacional y convocó, junto a Carlos Mesa, al desconocimiento de las elecciones; llamó a la renuncia del presidente y a incendiar los símbolos referenciales del Estado plurinacional.

En consonancia con el proceso de desestabilización, el financiamiento estadounidense aseguró el amotinamiento de la policía y la compra de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, produciendo una convergencia con el desconocimiento de los resultados electorales por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). El golpe de Estado surtió efecto, y la raquítica reacción del gobierno de Morales fue incapaz de revertirlo y sostener el orden institucional –que incluía el reconocimiento de una posible segunda vuelta electoral o incluso el llamado a nuevos comicios-. El cerco, amenazas e intimidación del círculo más cercano al gobierno hizo insostenible a la dirección del gobierno resistir en el poder.

Durante la mañana del 10 de noviembre, Morales convocó a nuevas elecciones. El mismo día, por la tarde, el otrora líder cocalero, junto con su vicepresidente, Álvaro García Linera y la ministra de salud, Gabriela Montaño, difundió un video en el que anunciaba su renuncia a la presidencia del país –así como la de toda la estructura cupular de sucesión parlamentaria del partido oficial-  refiriéndose a una solicitud hecha por el alto mando de la FFAA, y el llamado hecho por la Central Obrera Boliviana (COB). En el mismo mensaje, Morales denunció las graves amenazas y el acoso que sufrían de forma creciente diversos ministros y líderes afines al proyecto de gobierno y sus familias, declarando que su renuncia pretendía evitar un baño de sangre. Sin embargo, la masacre y la persecución apenas iniciaban, como quedó de manifiesto en las masacres perpetradas en Senkata (ciudad de El Alto) y Sacaba (Cochabamba), en las que se registraron al menos 35 muertos por balas del ejército y la policía.

 

Tras el exilio: el excepcional colapso de un proyecto de Estado

La ruta del exilio político llevó a Morales, primero, a México y posteriormente a la Argentina. El desastroso asalto al poder central y el vacío de poder dejado por la renuncia del entorno más cercano a Morales, permitió que Jeanine Áñez Chávez, senadora de segunda línea,  se autoproclamara como presidente, abanderada con una biblia y ante el estupor de las wiphalas que fueron quemadas por la derecha cruceña y por parte de oficiales del ejército. Las primeras acciones del gobierno transitorio se orientaron a la detención de líderes políticos y sociales, la fractura diplomática con países afines al proyecto de Morales –expulsión de embajadores de Cuba y Venezuela-, hostilidad hacia el gobierno mexicano y renovación de todas las carteras diplomáticas a excepción de Perú y el Vaticano. Así como un alineamiento con gobiernos de la derecha regional en turno (Brasil, Chile, Colombia y EEUU). También se anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel –considerado por el gobierno de Morales como Estado terrorista tras las masacres contra asentamientos palestinos en 2014-, y el restablecimiento de relaciones diplomáticas de alto nivel con EEUU, después de más de una década en que el embajador estadounidense, Philip Goldberg, fuera expulsado de La Paz en 2008 por sus sistemáticas prácticas de intervención en la política interna.

Esta reaccionaria ideologización de la política del gobierno asentado tras el golpe de Estado, condujo a la expulsión de la brigada médica cubana. Lo cual significó que los cerca de 750 profesionales y especialistas en las diversas áreas de salud dejen sin atención hospitales y clínicas de más de 28 provincias del país. Todas ellas en regiones de alta vulnerabilidad. Mientras que un grueso de los médicos bolivianos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), en La Habana, hoy enfrenten persecución y expulsión de sus centros de trabajo.

Por su parte, entre las primeras estrategias para cooptar, intimidar y criminalizar cualquier forma de oposición al gobierno en turno, además de la cooptación y toma total de medios de comunicación, destaca la creación de una unidad especial denominada: Grupo Antiterrorismo (GAT) entrenada por la inteligencia israelí –Mosaad-, con el fin de aniquilar a la izquierda boliviana y sus vínculos con lo que el ministro del gobierno de facto denomina el terrorismo financiado por el gobierno de Nicolás Maduro. En menos de dos meses, el bastión con mayor autonomía política relativa en la región sudamericana frente a las intervenciones estadounidenses, impulsor de las políticas sociales y el proyecto macroeconómico más exitoso en el continente, se ha convertido en un trampolín de intervención regional y ha instalado un aparato que busca desestructurar el esquema del Estado plurinacional, y reabrir el acceso a los vastos recursos naturales del país, fundamentalmente el litio, el gas natural y una excepcional biodiversidad.

 

Escenario electoral

Frente a este escenario, las elecciones se proyectan poco promisorias ante la falta de garantías a la libertad de expresión y la alta vulnerabilidad de los partidos políticos adversos a la nueva cúpula de facto que conduce la presidencia y su gabinete. Paradójicamente, el escenario que instrumentalmente llevó a la crisis de gobernabilidad en el mes de noviembre pasado podría repetirse. El registro de candidatos cuyo cierre fue enunciado para el 4 de febrero, registra a ocho candidatos a la presidencia, de los cuales destacan los postulados por el MAS: el ex ministro de economía: Luis Arce Catacora para la presidencia y el ex canciller David Choquehuanca para la vicepresidencia. Ambos figuras reconocidas por sus funciones en las administraciones de Evo Morales.

Por la Alianza Juntos, se registró a Jeanine Áñez, presidenta interina, y al  empresario Samuel Doria Medina, ante los vacíos legales y la inconstitucionalidad de esta fórmula. Por el partido Comunidad Ciudadana: Carlos Mesa, quien de nuevo se postula tras ser el segundo más votado en las elecciones de octubre pasado, pero ahora más debilitado ante la aparición de nuevos candidatos y la fragmentación de la multiforme oposición antimasista. Por el frente ultraderechista Creemos: Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, artífices centrales del Golpe de Estado y con gran arrastre en el Departamento de Santa Cruz.

Resulta claro que aun con los acontecimientos, el MAS sigue fortalecido por la persistente figura de cohesión representada por Evo Morales, así como por el impacto que la figura de Luis Arce pueda alcanzar como militante permanente del MAS y artífice del exitoso “modelo económico, social, comunitario y productivo”, que llevó al país andino a un crecimiento económico excepcional con un PIB de más del 300% en casi trece años. Un símbolo de impacto para la clase media, junto con la figura de Choquehuanca, político e intelectual aymara, quien posicionó la agenda ambiental boliviana en defensa de la madre tierra, en los más importantes foros internacionales y diseñó una diplomacia indigenista de gran impacto para la diversificación de relaciones multilaterales. Por su parte, los candidatos con mayor impacto mediático opositor al MAS: Camacho, Mesa y Yañez, esperan producir al menos, un escenario que lleve a una segunda vuelta y allí tejer una alianza. De ser así, la decisión de quién será el candidato es incierta y podría llevar a una oposición fuerte o a la implosión de la misma.

En todo caso, hasta no tener certeza del rumbo futuro tras las elecciones, resultará central reconocer los impactos que en los próximos meses pueda alcanzar la desestructuración súbita de las instituciones plurinacionales, la defensa a la Constitución de 2009 que pueda lograrse en un contexto de Estado de excepción, y la capacidad de rearticulación de la potencia comunitaria, cuya estructura se basa en las grandes organizaciones sociales indígenas, originarias y campesinas.

[1] Miembro del Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA-CESMECA) | Correo: pablo.uc@gmail.com

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