30 meses de política social de la 4T

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Manuel Ignacio Martínez Espinoza[1]

Han pasado treinta meses desde aquel 1 de diciembre de 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de la República ofreciendo generar bienestar en el país empezando por los grupos más vulnerables. En sus propias palabras: «Por el bien de todos, primero los pobres. Nuestra consigna de siempre es, a partir de hoy, principio de gobierno»[2].

Las expectativas de quienes apoyan y quienes se oponen al gobierno que pretende encabezar la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México (4T) han sido muy altas. Por tanto, más allá del clima de polarizaciones donde llueven filias y fobias, es pertinente un balance sustentado sobre las concepciones, acciones y resultados preliminares de su política social, el cual es el objetivo de esta columna.

Comencemos con los postulados centrales de su política social, los cuales se pueden obtener de dos documentos oficiales: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y el Programa Sectorial de Bienestar (PSB) 2020-2024. Ambos son parteaguas con respecto a documentos de sexenios pasados pues en aquellos el diagnóstico se enfocaba en las debilidades institucionales, mientras que en los actuales hay un posicionamiento político claro: en el PND 2019-2024 se asigna la responsabilidad de la pobreza al “ciclo neoliberal”, por lo que el gobierno de la 4T se asume para edificar lo que sigue tras la “bancarrota neoliberal” planteando que su objetivo central es que la población viva en un entorno de bienestar mediante una fuerte presencia del sector público.

En consecuencia, indica que se construirá una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar “desde abajo” y “sin excluir a nadie”. Así que el lema “Primero los pobres” significa “empezar el combate a la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de la población”.

Así, con base en sus concepciones, la política social de la 4T es una estrategia de priorización de grupos vulnerables para reducir brechas de desigualdad entre poblaciones y territorios históricamente excluidos.

Pero la política social conlleva instrumentación de acciones. Unas de las que se consideran centrales en ambos documentos son los programas sociales que se enuncian como prioritarios para el gobierno de la 4T. Se trata de nueve programas: 1) el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 2) Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 3) Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; 4) Jóvenes Construyendo el Futuro; 5) Jóvenes Escribiendo el Futuro; 6) Sembrando Vida; 7) Programa Nacional de Reconstrucción; 8) Desarrollo Urbano y Vivienda, y 9) Tandas para el Bienestar.

A partir de los planteamientos centrales de esos programas sociales es posible afirmar que la política social del gobierno de la 4T se ha desplegado centrándose en: 1) los espacios marginados (el campo y el sur del país) y los grupos vulnerables (adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas), 2) priorizando la modalidad de transferencias monetarias. Ello muestra una congruencia en relación con los planteamientos asentados en los documentos oficiales.

No obstante, los programas sociales prioritarios mantienen la condicionalidad (por ejemplo, obligar a la población beneficiaria a trabajar –paradigma conocido como “workfare”-) lo que pone en entredicho el enfoque universal de derechos y favorece la reproducción de estigmas sociales entre la población beneficiaria (se reafirma que la persona beneficiaria de un programa social debe mostrar que lo merece).

A pesar de que se ha extendido la impresión de que los programas sociales de la 4T están cubriendo a gran parte de la población, los datos muestran que están llegando a menos hogares que en el sexenio pasado. Según los últimos censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 el 26.9% de los hogares en México recibían ingresos monetarios por programas de gobierno, esa cifra se redujo al 25% según el censo de 2020. Esa información se replica al revisar los Inventarios de Programas Sociales Federales del CONEVAL: en el primer año de Enrique Peña Nieto la cobertura promedio de los programas sociales fue del 37.44% mientras que en 2019, primer año de la presidencia de AMLO, la cobertura fue solo del 32.79%.

El tema de los ingresos ha sido medular para la política social de la actual administración. Es por ello que una de las acciones relevantes ha sido el aumento al salario mínimo en los años 2019, 2020 y 2021 para pasar de un monto de $88.36 pesos, que era la cifra del salario mínimo general nacional diario en 2018, a $141.70 pesos para el año 2021; es decir, un aumento del 60.36% respecto de la cifra de 2018.

Los aumentos al salario mínimo han sido actos relevantes de política social por tener un impacto inmediato en los ingresos y pretender asociar —al menos discursivamente— la política de bienestar social con el ingreso laboral. Incluso uno de los pocos estudios al respecto, centrado en los municipios de franja fronteriza norte, confirma que los ingresos laborales aumentaron sustancialmente para los trabajadores, pero sin grandes efectos (positivos o negativos) en los resultados del empleo[3].

Sin embargo, tales aumentos al salario mínimo fueron insuficientes para enfrentar los estragos sociales de la pandemia, por lo que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la canasta alimentaria (la pobreza laboral) aumentó 3.8 puntos porcentuales entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021[4].

Otra medida a destacar ha sido el incremento del gasto social, pues la cifra más alta se había presentado en 2014, con un monto correspondiente al 12.1% del PIB. Sin embargo, fue superada por el actual gobierno el erogar un monto proporcional al 12.4% del PIB en el 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas de la SHCP.

 

Por último, el 8 de mayo de 2020 se reformó el artículo 4º constitucional para asentar que toda persona tiene derecho a la salud y que el Estado garantizará la entrega de apoyos a personas con discapacidad, una pensión no contributiva a las personas mayores de sesenta y ocho años, y un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles educativos.

Aunque dicha reforma fue catalogada por el presidente como una reforma que conduce “hacia el Estado de Bienestar” en realidad solo significó el reconocimiento del esquema de prioridades de la política social del gobierno de la 4T (las transferencias monetarias a grupos vulnerables) pero no el reconocimiento de una protección social universal para todas las personas durante todo su ciclo de vida.

Con todo, una de las grandes deudas de la política social del gobierno es con las mujeres: todos los organismos y programas destinados a ellas han visto reducido su presupuesto respecto del de 2018: el INMUJERES ejerció en 2020 un 40% menos de presupuesto; el programa Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres ejerció en 2020 un 37.7% menos de presupuesto que en 2018; el programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva ejerció en 2020 un 40.6% menos que en 2018; y el programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras ejerció en 2020 un 150% menos de presupuesto que el que se asignó en 2018.

Otro ejemplo es el programa Sembrando Vida, que si bien tiene como uno de sus principios la igualdad de género, los beneficios monetarios se han concentrado en los varones, quienes son los propietarios de las tierras. Mientras que las mujeres han sido “beneficiarias” con cursos de capacitación.

En resumen, a 30 meses de iniciada su gestión, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado una política social que ha intentado priorizar a algunos grupos vulnerables y territorios marginales como estrategia para la reducción de desigualdades, haciendo énfasis en el ámbito de los ingresos.

Un eje central han sido los programas sociales, que incluso fueron reconocidos constitucionalmente pero a pesar del aumento del gasto social éstos no están alcanzando la cobertura necesaria y están teniendo a las mujeres como las grandes deudoras de sus beneficios.

Por lo hasta ahora analizado, la política social del gobierno de la 4T no erradicará la pobreza (como se estableció como objetivo en el PND) ni edificará un Estado de Bienestar (como se asentó en el PSB) pero indudablemente ha dado pasos relevantes como los aumentos al salario mínimo y la universalización de las pensiones; tal vez insuficientes para las necesidades sociales en México pero necesarias como medidas básicas de protección social en el país.

No todo está dicho. Es posible que en el tiempo que le resta a su mandato, y sobre todo a partir de los resultados electorales intermedios, el presidente decida dar algún viraje significativo en términos de su política social. Por eso, conviene seguir observando.

 

[1].- Miembro del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (ODEMCA). Catedrático CONACYT comisionado al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA). Correo: manuel.martinez@unicach.mx

[2].- «Discurso completo del C. presidente Andrés Manuel López Obrador en la toma de protesta». Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en: https://embamex.sre.gob.mx/sudafrica/index.php/discurso-integro-de-andres-manuel-lopez-obrador-al-rendir-protesta-como-presidente [acceso: 3 de junio de 2021]

[3].- Campos, Raymundo, Víctor Delgado y Alexis Rodas. 2020. «The effects of place-based tax cut and minimum wage increase on labor market outcomes», IZA Journal of Labor Policy, 10 (1): 1-24. Disponible en: https://doi.org/10.2478/izajolp-2020-0012.

[4].- Fuente: “Pobreza laboral al primer trimestre de 2021”, disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx

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