Desmonumentalizar la  Doctrina del Descubrimiento: desmonumentalizar a México de las estatuas coloniales

 

Derribo de la estatua de Diego de Mazariegos, 1992. Antonio Turok

En memoria de Genaro Domínguez “El Jarocho”

 

El 13 de agosto de 2021 el gobierno de México realizará distintas actividades que conmemoran los 500 años del episodio histórico del triunfo militar de Hernán Cortés sobre la Gran Tenochtitlán, que aconteció después de una batalla de 93 días, encabezada por el joven Cuauhtémoc de tan solo 28 años. Suceso que ha pasado a la historia como “la caída de Tenochtitlán”.

Inmediatamente después, Cortés ordenó la completa demolición de todos los edificios del gobierno civil y religioso de los Mexicas o Tenochcas, cuyos monumentales restos aún son visibles en el Templo Mayor del centro histórico de la Ciudad de México.

Los nuevos edificios y estatuas que honraban a los próceres conquistadores, sus reyes y jerarquía eclesial, comenzaron a erigirse como símbolos de la colonización, desde entonces, hasta nuestros días.  Todavía en el mes de junio de 2010, el ayuntamiento municipal de Mérida, Yucatán, mandó erigir una estatua que honra a los conquistadores Francisco de Montejo y su hijo, en el contexto de las celebraciones del bicentenario de la Independencia de México, cuya leyenda reza: “A la memoria de los ilustres Sres. Don Francisco de Montejo, adelantado de Yucatán y de su hijo Don Francisco, El Mozo, fundador de Mérida y de su primer ayuntamiento el 6 de enero de 1542”

Y mientras en México se levantaban estatuas a los conquistadores en pleno siglo XXI, unos meses antes, en abril de 2010, el “Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrado en Nueva York, recibía el informe de Tonya Gonnella Frichner, quien, como Relatora Especial, había realizado el “Estudio preliminar sobre las consecuencias sobre los pueblos indígenas de la teoría jurídica internacional conocida como la doctrina del descubrimiento” (https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E.C.19.2010.13%20ES.pdf).

El estudio destaca el uso de esa teoría jurídica como recurso para la dominación de los imperios coloniales, y también de su persistencia como fundamento doctrinario de los Estados criollos-mestizos, instaurados después de las independencias nacionales. En la reunión del Foro Permanente se instó a los gobiernos participantes a realizar acciones hacia la descolonización y llamó al jefe de la Iglesia católica al resarcimiento de la Doctrina del Descubrimiento (Araceli Burguete Cal y Mayor, “Rescindir la ‘doctrina del descubrimiento’”: demanda de pueblos indígenas al Papa Francisco”, 03 febrero de 2016. https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2016/02/rescindir-la-doctrina-del-descubrimiento-demanda-de-pueblos-indigenas-al-papa-francisco/)

La agenda programada por el gobierno de México para conmemorar los 500 años de la “Caída de Tenochtitlán”, dio comienzo con el envío de sendas misivas dirigidas al Rey de España y al Papa Francisco, escritas y firmadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se les conmina a que hagan “(…) un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. (…), se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces es el tiempo ya de decir: vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón.” (“AMLO pide al Rey de España que se disculpe por los abusos de la conquista”. 25 de marzo, 2019. https://aristeguinoticias.com/2503/mexico/amlo-pide-al-rey-de-espana-que-se-disculpe-por-los-abusos-de-la-conquista/).

Pero, de inmediato su petición fue interpelada. El investigador activista Ñúu Savi Francisco López Bárcenas, cuestionó la oferta de la “reconciliación” y respondió: “Ni perdón, ni olvido: ¡derechos!” haciendo alusión a que la conquista y la colonización no ha concluido, sino que persiste hasta nuestros días, mediante las políticas neoliberales, a través de relaciones de colonialismo interno. Se trata, afirma, de un “perdón sin consecuencias, los pueblos indígenas no lo han pedido y no lo quieren”: lo que los pueblos demandan es su autonomía, un derecho inherente a su condición de pueblos (https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/opinion/023a2pol).

En este mismo tenor, el lunes 3 de mayo del año en curso, el presidente encabezó la “ceremonia de petición del perdón al pueblo maya” por los abusos perpetrados por los gobiernos y particulares en la segunda mitad del siglo XIX, en contra de los mayas peninsulares, rememorando el mal llamado episodio de la “Guerra de Castas”.

El acto se celebró en Tihosuco, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, siendo su presencia interpelada por numerosos grupos, colectivos y redes de activistas mayas que cuestionaban el fondo de esos “pedimentos de perdón”, que no se traducen en resarcimiento; y por el contrario, afirmó, enmascaran prácticas de despojo y etnocidio.

En ese marco, el escritor Maya Carlos Chablé Mendoza, cronista de Noj Kaaj Santa Cruz Xbáalam Naj (actual ciudad Felipe Carrillo Puerto) publicó una “carta abierta” dirigida al presidente, cuestionándolo: “Así que no basta que el Estado mexicano pida perdón, pues existen todavía secuelas de la invasión, conquista y colonización (…)”, refiriéndose al llamado “tren maya” (“Carta abierta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”. 30 de abril de 2021. https://www.elpuntosobrelai.com/carta-abierta-al-presidente-de-mexico-andres-manuel-lopez-obrador/).

 

No son estas las únicas ocasiones en el que el presidente ejercita la petición de perdón por agravios a grupos sociales. Entre otras, el próximo 28 de septiembre el presidente tiene planeado asistir al territorio del Pueblo Yaqui para pedir perdón. Este pueblo es ahora víctima de la narcoviolencia que ha dejado ya una estela de secuestros y asesinatos, siendo los más recientes hace apenas unas semanas, los homicidios de Tomas Rojo y Luis Urbano Domínguez, así como la desaparición forzada de Lorena Josefina Valenzuela, hermana de Mario Luna; todos ellos defensores de sus territorios.

El “pedimento del perdón” como política de Estado en su relacionamiento con los pueblos indígenas resulta insuficiente, y no sustituye el reconocimiento y menos aún, la efectiva vigencia de sus derechos, pues al contrario, la práctica del perdón parece estar satisfaciendo sobre todo a una necesidad del presidente, y no de los pueblos. En este sentido retomo y me adhiero al análisis de la académica Ayuuk Yásnaya Elena A. Gil:

“Bastante influido por la tradición judeocristiana, el perdón es algo que se asocia con la culpa. En otro campo de significados y en otras culturas, encontramos el reconocimiento de la responsabilidad y el ofrecimiento para resarcir, en medida de lo posible, los daños causados. Mientras que la petición de perdón se ha llenado de un sentido en el que el protagonista se vuelve aquel que necesita ser perdonado para liberarlo de una culpa, el reconocimiento de un daño, el resarcimiento y la promesa de no repetición se centran en quien ha sufrido los agravios.” (Ma’kx. Perdón, presidente. Yásnaya Elena A. Gil, 07/05/2021/ https://elpais.com/mexico/opinion/2021-05-08/makx-perdon-presidente.html)

Así, lo que se demanda es que el perdón transite de ser una invocación que se emite en una gramática judeocristiana, hacia acciones dirigidas al resarcimiento de los agravios en los hechos, en una ruta marcada por el camino del desmantelamiento de la Doctrina del Descubrimiento.

 

La desmonumentalización como acción colectiva anticolonial

En distintos momentos de la historia, el mundo ha sido testigo de distintos episodios de desmonumentalización, del derribo de estatuas de personajes que encarnan relaciones de poder colonial, o cuyas acciones repercutieron en la vida de las personas por medidas que condujeron hacia la esclavitud o colonización.

En México, son memorables las marchas que cada 12 de octubre promovía la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) en los años ochenta y noventa del siglo pasado, teniendo a la cabeza el liderazgo de Genaro Domínguez El Jarocho, cuya principal acción consistía en retirar las ofrendas que el gobierno de la ciudad había colocado a los pies de la estatua de Cristóbal Colón, que se erigía en la avenida Reforma. Finalmente en octubre de 2020, la estatua se retiró, aun cuando el gobierno de la ciudad haya afirmado que lo hizo para su mantenimiento. En los hechos se reconoce el triunfo de las organizaciones campesinas e indígenas que año tras año se movilizaban con esta exigencia.

El año de 1992 fue otro momento épico de la desmonumentalización anticolonial en México. El Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, acuerpó luchas de pueblos y organizaciones cuyos repertorios anticoloniales incluyeron el derrumbe de estatuas que representaban esas relaciones. La protesta se dirigía en contra de la celebración festiva del “V Centenario del Descrubrimiento” que promovía España y los gobiernos de la región. En respuesta se realizaron numerosas movilizaciones en el país. Una multitudinaria marcha en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se dirigió hacia el lugar en donde se localizaba la estatua del conquistador Diego Mazariegos y la derrumbaron haciéndola pedazos, distribuyendo el casco, la cabeza y partes de su cuerpo como trofeo entre los participantes.

En la misma fecha la estatua de Antonio de Mendoza, quien fuera el primer virrey de la Nueva España que se erigía en una plaza en la ciudad de Morelia, Michoacán, fue derribada por comuneros indignados contra el racismo y la colonización, aunque la estatua fue retornada a su lugar. En este estado la agenda por la desmonumentalización continúa vigente, el 12 de octubre de 2020 organizaciones indígenas demandaron al ayuntamiento de Morelia  retirar la estatua de Francisco Antonio de San Miguel, ubicada en la avenida Acueducto debido a que la consideran “ofensiva y racista”. Así como esta, otros pueblos indígenas en el territorio nacional han demandado la desmonumentalización colonial, pero sus peticiones no han sido escuchadas.

Recientemente la desmonumentalización como práctica reiterada, se inscribe en un repertorio amplio de luchas anticoloniales que se ha desplegado intensificado en los últimos años en distintas partes del mundo.

Ya en el siglo XXI desde 2019, el movimiento social Mapuche en Chile ha sido protagonista de luchas que tuvieron el ataque a las estatuas de los hombres de la historia oficial como  sus objetivos políticos centrales. La desmonumentalización como estrategia política mapuche fue exitosa. Cada estatua derrumbada era una efectiva acción física y simbólica dirigida a socavar el poder de las elites económicas y militares de ese país. Desde 2019 hasta 2021, más de un centenar de monumentos y esculturas nacionales fueron dañados y muchas de ellas derrumbadas. Han sido actos simbólicos que han marcado el fin de una época. Cada estatua en el suelo eran vistas como “actos de ajusticiamiento”, por ello al caer, bajadas con una soga en el cuello, eran pisoteadas, arrastradas por las calles, en medio del júbilo popular que lo celebraba. La pulverización de las estatuas representaba en lo simbólico, la desestructuración del bloque político y militar de ese país que sometió a los pueblos originarios de ese país a relaciones de opresión y colonización, y que hoy los tiene sentados en el esfuerzo de construir una nueva Constitución que dé nacimiento a un nuevo Estado plurinacional.

Otros acontecimientos refrendarían la tendencia de la desmonumentalización como uno de los rasgos de los movimientos sociales contemporáneos en los últimos dos años. El movimiento Black Lives Matter (las vidas de los negros importan) que detonó el homicidio del afroamericano George Floyd de manos de un policía blanco, fue el inicio de acciones dirigidas hacia las estatuas coloniales. Muchas veces y en distintos países del mundo Cristóbal Colón fue al suelo. En Boston su estatua fue decapitada y en Richmond, Virginia, una escultura suya fue derribada, desmontando el mito del «heroísmo» que antes se le atribuyó tras el “descubrimiento de América”.

Al mismo tiempo, manifestantes llevaron al suelo la estatua del esclavista Edward Colston en medio de las protestas contra el racismo en Reino Unido, entre otras esculturas de comerciantes de esclavos, como acciones populares en rechazo a las narrativas de la supremacía blanca.

Como epílogo, en el 2021 caen en Canadá las estatuas de las reinas Victoria e Isabel, después que se hizo público el genocidio en contra de los pueblos indígenas de ese país, al descubrirse la historia oculta de las tumbas de los niños en los internados indígenas.

En suma, estos y otros eventos de este orden, dan cuenta del momento histórico al que se asiste: una coyuntura en la que ha irrumpido un movimiento social global de la desmonumentalización anticolonial, que se caracteriza por el derrumbe de las estatuas de los colonizadores y racistas y lo que ellos simbolizan: se asiste a un momento de descolonización en el mundo.

 

Hacia la desmonumentalización descolonizadora como agenda del gobierno de México

En este sentido, en México es el momento de trascender lo espontáneo y pasar a la exigencia de la desmonumentalización de las estatuas y monumentos que evocan y refrendan el mensaje de la persistencia de las relaciones coloniales. Por lo que es posible demandar al gobierno de México una política de Estado de  retiro de todas las estatuas de la colonización que se localizan en distintos puntos de la geografía nacional. Cada pueblo sabe bien quiénes son y en dónde están. Y, para su ubicación georreferenciada se puede consultar el catálogo de monumentos nacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Con ello se cumpliría en los hechos la retórica del perdón y de la “deuda histórica” con los pueblos indígenas. Al mismo tiempo que se cumpliría de manera tangible, verificable por los comisionados de la ONU, con los compromisos que los gobiernos asumen al asistir a las reuniones como la del Foro Permanente (Nueva York, abril 2010) en donde la ONU acogió el informe del “Estudio preliminar sobre las consecuencias sobre los pueblos indígenas de la teoría jurídica internacional conocida como la doctrina del descubrimiento”, pero que luego se carece de traducciones concretas en los hechos, tal y como ha sido reiteradamente denunciado por la organización Tonatierra, cuya documentación puede ser consultada en el blog Red Abya Yala (https://redabyayala.blogspot.com/2021/).

Para dar paso al seguimiento de dicha política de desmonumentalización en las regiones indígenas del país, sería conveniente que los actores sociales interesados dirijan sendas solicitudes a los ayuntamientos de sus municipios y al INAH, con copia a las instituciones gubernamentales en materia indígena, federal y estatal, incluyendo a las comisiones de asuntos indígenas de los Congresos federal y estatal, y hacer pública su petición en las redes sociales, para transparentar la respuesta gubernamental. Y, de esta manera, llegar al final del mandato de la actual administración, como el cierre de este episodio colonial de las reverencias de los gobiernos republicanos a las estatuas de los conquistadores, y resarcir con ello en parte, un pedazo de la historia de ignominia.

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