Migración y vacunación, otro elemento para pensar la salud colectiva en Chiapas

Inauguran puestos de vacunación vehicular y peatonal en la USAC. Cortesía: Gobierno de Guatemala

Por: Verónica Haydee Paredes Marín*

Por la alta dispersión de las comunidades guatemaltecas en la zona de frontera con Chiapas y la deficiente y casi ausente disponibilidad de servicios sanitarios en su país, es común que estos asistan a servicios públicos en México ya sea en los centros de salud de la Secretaría de Salud o las unidades médicas rurales del IMSS, ya que estos espacios son pensados para población abierta, es decir, cualquiera puede acceder a ellos. Así, no es raro que los profesionales de la salud atiendan pacientes provenientes de las aldeas guatemaltecas y que, en algunas poblaciones, accedan con una relativa facilidad a la cartera de servicios, incluyendo esto la vacunación.

En materia de inmunizaciones, ésta era una dinámica común de las movilidades perifronterizas y que, hasta antes del inicio de la vacunación preventiva para la COVID-19, se reducía a dichas poblaciones. Sin embargo, con la carencia de esas vacunas en Guatemala, las ciudades y poblaciones de frontera en México, sobre todo Tapachula, han experimentado un impacto en el aumento de este fenómeno, por la llegada de guatemaltecos que viajan de poblaciones más lejanas, incluyendo a personas que se desplazan inclusive desde la Ciudad de Guatemala, con el fin de acceder a la vacuna. Esto a su vez, ha traído un aumento en la corrupción por parte de funcionarios migratorios en los puertos fronterizos, que están solicitando una extorsión más fuerte de la que comúnmente cobraban, para expedir inmediatamente las Tarjetas de Visitante Regional (TVR) y que se replica en puestos de registro de las autoridades de Seguridad Pública en las carreteras que conducen hacia Tapachula, donde les solicitan dinero para no crearles problemas. En algunas conversaciones con personas que han pasado la frontera y que carecen de visa mexicana o estadounidense para ingresar, han referido que tienen que erogar 2500 pesos por persona, para que los funcionarios les otorguen inmediatamente el permiso migratorio temporal (TVR), trámite que tendría que ser gratuito.

La Constitución mexicana[1], en sus artículos 1 y 33, así como la Ley de Migración[2],  en  los artículos 27 y 107 estipulan que todas las personas que se encuentren en territorio nacional, incluyendo a los migrantes, sean beneficiarios de asistencia sanitaria, sin importar su estatus migratorio. A pesar de que en “La Política Nacional de Vacunación contra el Virus Sars- COV-2, para la prevención de la COVID-19 en México[3]” nunca menciona el abordaje a la población migrante, la vacuna está siendo aplicada únicamente a aquellos visitantes que demuestren su “legal estancia en el país”, es decir, que tengan un ingreso “regular” bajo las normativas migratorias vigentes, a pesar de que, en ley, no tendría que ser así y que incide en una violación al derecho a la salud. Amnistía Internacional menciona que, de esta forma, se deja en el limbo de un acceso efectivo a la inmunización de toda persona que no cuenten con una CURP o una forma migratoria y con ello, se intensifica la falla en la vigilancia sanitaria para la detención del contagio[4] .

Se ha de mencionar que en general, las políticas sanitarias nacionales para población migrante (internacional), están pensadas exclusivamente para aquellos que no pretenden establecerse en el país, pues tienen como destino final los Estados Unidos de América. Estas homogenizan así a un gran abanico de movilidades que no responden a esta dinámica y aun así, aquellos que si son tomados en cuenta en la planificación de la salud pública, no están siendo atendidas correctamente ante esta emergencia. Llama la atención que se carezca en el Política Nacional de vacunación para la prevención del SARS-COV-2, una estrategia que atienda específicamente a esa población, a pesar de que la Política mencionada se encuentra fechada en enero del presente año y el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la OMS (SAGE), ya había generado desde septiembre de 2020 las recomendaciones[5] para que este grupo fuera tomado en cuenta como prioritario, por su alta vulnerabilidad.

Pero ¿Por qué México y en especial Chiapas, tendría que interesarse en vacunar también a los migrantes? Debemos partir que Chiapas, es uno de los estados con mayor rezago en la vacunación, con únicamente un 19%[6] de su población inmunizada. Este rezago se debe en parte, a la mala gestión sanitaria estatal, incluyéndose el fallo en la aplicación de una política pública pensada específicamente para la realidad multicultural del Estado, ausencia de análisis de los efectos de la conflictividad social local, como otro de los determinantes en la aceptación de la inmunización y que tampoco abordó oportunamente la desinformación que causó temor respecto a la utilidad, efectividad y los efectos de la vacuna y que ha incidido en la renuencia de una parte de los chiapanecos para aplicársela. Se ha demostrado que el distanciamiento físico (no social) por sí sólo, no es suficiente para evitar los contagios y es necesario que la mayoría de la población tenga completo su esquema de vacunación anti SARS-COV-2 para evitar complicaciones, saturación de servicios de hospitales y la muerte de personas.

Los países centroamericanos y en especial Guatemala, con quien comparte la mayor parte de la frontera en el sur y de donde provienen grandes flujos migratorios, han tenido un acceso limitado a los procesos de inmunización. Para Julio de este año, este país había alcanzado únicamente un 5% de la población vacunada, pero con menos del 2% con el esquema completo, según datos de la organización Our World in Data[7]. Si a eso le agregamos que, tampoco los países centroamericanos están vacunando migrantes con situación irregular y que los casos de COVID-19 van en aumento en el país vecino, aunado con que el flujo migratorio desde el sur es constante, se visualiza una vulnerabilidad epidemiológica para Chiapas, si este no toma en cuenta que su posición en el corredor migratorio sur-norte es un determinante importante  para la planificación sanitaria y sobre todo, porque el derecho a la salud es un mandato constitucional, sin importar el estatus migratorio de quien se encuentre en territorio. Esta pandemia ha vuelto a dejar claro que la salud es una cuestión colectiva y no individual y esa colectividad no termina en nuestra línea fronteriza.

[*] Integrante del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica

[1] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

[2] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_200521.pdf

[3] https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf

[4] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/02/mexico-registro-vacunacion-excluye-importantes-sectores-poblacion/

[5]https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323#:~:text=El%20prop%C3%B3sito%20de%20este%20marco,mientras%20el%20suministro%20sea%20limitado.

[6] https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/07/13/el-rezago-de-la-vacunacion-en-chiapas-es-por-falta-de-organizacion-dice-amlo

[7] https://ourworldindata.org/covid-vaccinations