Mujeres y VIH en Chiapas: desigualdad social y atención a la salud

Personas portadoras del VIH y organizaciones, solicitan atención Foto: Archivo Chiapas PARALELO

Por Angélica Evangelista (Ecosur) y Ana Amuchastegui (UAM-X)

Según datos del Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), en 2021 a nivel nacional 23,027 mujeres (20.5%) reciben tratamiento antiretroviral (TARV).  La baja prevalencia (0.2%) del VIH entre las mujeres cis-género[1] tiene como consecuencia que no sean consideradas como “población clave”; es decir, un grupo que por sus comportamientos específicos de riesgo son particularmente susceptibles a contraer el VIH. En América Latina, incluyendo México, los dos grupos de población clave más afectados por el VIH son los hombres gais y los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), así como las mujeres transgénero.

Existen cálculos de que más del 90% de mujeres que viven con VIH en México reportan haberlo adquirido en relaciones sexuales no protegidas con su pareja masculina estable (Bautista, et al., 2015), mientras que 4 de cada 10 hombres afirman que lo contrajeron en relaciones heterosexuales, no necesariamente con sus parejas estables (Inmujeres, 2018). Debido a que la probabilidad de transmisión mujer-hombre en el coito vaginal es mucho menor que en relaciones anales, esta última cifra sugiere la posibilidad de un subregistro de la actividad sexual entre hombres. El estigma dominante hacia el homoerotismo, obstaculiza no solamente la prevención en el sexo entre hombres, sino también la aceptación del diagnóstico de VIH y su apertura hacia sus parejas femeninas estables. Es decir, el riesgo de VIH de las mujeres está más relacionado con las prácticas sexuales de sus parejas que con las propias.

Si sumamos a esta problemática de género otras condiciones sociales de vulnerabilidad de las mujeres ligadas a múltiples desigualdades, su situación frente al VIH/Sida toma otra dimensión. Ante este complejo panorama, a finales del 2020 un equipo amplio e interdisciplinario[2] realizamos una investigación con métodos mixtos con el fin de describir la dinámica de las desigualdades de las mujeres con VIH en el trabajo doméstico y de cuidado, en la accesibilidad geográfica y de movilidad y en la violencia de género para sus posibilidades de acceso a la atención integral y los servicios de salud en Chiapas. Se aplicaron para la medición de estas determinantes sociales cuestionarios a 215 mujeres entre 18 y 44 años que viven con VIH (32 años en promedio) y que reciben atención en alguno de los trece centros de atención especializada en la entidad. De esta muestra, 6 de cada 10 mujeres estaban unidas al momento del cuestionario, 8 de cada 10 tenían hijos menores de 18 años y 5 de cada 10 se dedicaban exclusivamente al hogar. Es importante resaltar que 2 de cada 10 eran viudas y que la mayoría (88%) de esas parejas había muerto de SIDA.En términos de accesibilidad geográfica y movilidad, el estudio muestra que 6 de cada 10 mujeres que viven con VIH utilizan más de dos transportes para trasladarse a los SAIHS o CAPASITS[3] donde reciben atención. Prácticamente todas (97.7%) utilizan el transporte público y colectivo. Cuatro de cada 10 encuestadas gastan entre $101 – $500 pesos en cada visita al servicio, lo cual es un gasto significativo cuando sus ingresos mensuales por hogar son menores al salario mínimo mensual nacional. De ahí que el principal obstáculo que reportan las mujeres para asistir a sus citas programadas sea la falta de dinero (42%).

Por otro lado, 4 de cada 10 encuestadas habían sufrido algún tipo de violencia, la psicológica con más frecuencia (60%) seguida por la violencia física (31%). Además, la violencia asociada al diagnóstico de VIH fue frecuente en los servicios no especializados de salud y en las comunidades.

Además de la encuesta, en este estudio entrevistamos en profundidad a 32 mujeres. A partir del análisis cualitativo de estas narrativas, identificamos casos paradigmáticos que muestran al diagnóstico del VIH como un momento detonante de violencia, inseguridad alimentaria y mayor carga en el trabajo doméstico y de cuidado. Nos importa destacar brevemente dos de esos casos.

Antonia conoce su diagnóstico de VIH al inicio de su embarazo, por lo que recibe tratamiento para ella, su bebé y su pareja. Sin embargo, él se niega a tomarlo e incluso le prohíbe a Antonia que lo tome, por lo que ella decide seguir su tratamiento a escondidas, motivada por el deseo de estar bien para sus hijos e hija. A los tres años de haber sido diagnosticada, la pareja de Antonia muere y este hecho marca el inicio de actos de violencia por parte de la suegra y el cuñado quienes la culpan de la muerte del esposo. Dicen tener temor a que los contagie y la insultan, golpean e incluso la expulsan de su casa por lo que se ve obligada a migrar con sus hijos durante varios años a otra localidad y a vivir en condiciones precarias de vivienda y de inseguridad alimentaria.

Mili conoce su diagnóstico de VIH en el contexto de una larga e incapacitante enfermedad que padeció su pareja durante 2 años. Mili cuidó de manera exclusiva a su esposo durante la enfermedad y también a sus dos hijas e hijo, como lo venía haciendo desde hace más de 20 años, cuando después de su 2º embarazo los celos de su esposo la llevaron a dejar su trabajo remunerado fuera de casa. Cuando el esposo de Mili es diagnosticado de VIH, ella también se hace la prueba y resulta reactiva. Más tarde, su esposo le confirmaría que había tenido relaciones sexuales con otras parejas. Aunque iniciaron ambos el tratamiento y él recuperó la salud, pronto lo abandonó y regresó al consumo de alcohol y las relaciones con otras parejas. Finalmente, Mili decidió separarse de su esposo.

En ambos casos las mujeres se infectaron por las prácticas sexuales de su pareja y conocieron el diagnóstico ya fuera por el embarazo o incluso por la enfermedad de su pareja varón. Ambas pierden a sus maridos, una por viudez y la otra porque decide separarse, y como consecuencia pierden también el patrimonio que habían construido juntos. En ese contexto, las dos se enfrentan a la dificultad de autoemplearse y así garantizar vivienda, alimentación y atención a la salud, tanto de sí mismas como de sus hijas e hijos.

Como puede verse en los relatos anteriores, el análisis del conjunto de los casos paradigmáticos revela cómo las condiciones de pobreza y de desigualdad de género presentes en la vida de las mujeres previas al diagnóstico del VIH se intensificaron ante la adquisición del virus.  Es decir, el VIH en situación de pobreza y desigualdad de género produjo mayor pobreza, violencia, discriminación y exclusión para las mujeres entrevistadas. Por ello, este 1º de diciembre Día Mundial de la Lucha contra el Sida es fundamental que nos aboquemos al combate al estigma y discriminación a través de múltiples estrategias educativas, informativas y de construcción de redes.

Referencias

Bautista, S., E. Servan, F. Beynon, A. Gonzalez, and P. Volkow (2015) “A Tale of Two Epidemics: Gender Differences in Socio-demographic Characteristics and Sexual Behaviors Among HIV Positive Individuals in Mexico City.” International Journal for Equity in Health 14:147. doi:10.1186/s12939-015-0286-4

Inmujeres (2018) “Estadística Inmujeres. Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/Sida.” Disponible en http:// estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/its_vih.pdf

[1] Se llama personas cis-género a aquéllas cuya asignación de sexo al nacimiento coincide con su identidad de género.

[2] Integrado por las autoras de esta colaboración y Alexandra Martin-Onraet (Instituto Nacional de Cancerología), Alejandro Rivera (Programa de VIH/SIDA del estado de Chiapas), Marian Ferrara (Ciesas) y Francisco Belaunzarán. El trabajo de campo fue apoyado por Censida.

[3] SAIHS (Servicios de Atención Integral Hospitalaria para pacientes con VIH) o CAPASITS (Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual).

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