Tensión, incertidumbre y violencia en el Edén chiapaneco

Enfrentamiento en Frontera Comalapa. Foto: Archivo

Fernando Pérez[*]

El día 11 de marzo de 2022, el gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón Cadenas y el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, dieron a conocer un Informe de seguridad donde afirman que la incidencia general delictiva y los delitos de alto impacto en Chiapas han bajado, gracias al trabajo y coordinación que los tres órdenes de gobierno realizan en la Mesa de Seguridad Estatal. Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró satisfecho con el Informe y añadió que esto es resultado de la aplicación de dos estrategias: la primera es “atender al pueblo, atender las causas, atender a los jóvenes con los programas de bienestar (…) y la segunda es no permitir que se asocie la delincuencia organizada con la autoridad, que no haya impunidad como era antes”.[1] Ante esta aseveración y su respaldo con cifras oficiales, pareciera que al pueblo chiapaneco no le queda más que disfrutar de la “seguridad” discursiva brindada por los tres niveles de gobierno y callar frente a una realidad que muestra el aumento de la inseguridad y la violencia en las distintas regiones que conforman el territorio estatal.

La escalada de la inseguridad y la violencia en Chiapas se puede apreciar por lo menos desde tres aristas. La primera es la adaptación, transformación y reactivación de los grupos paramilitares creados por el Estado a raíz de la insurgencia armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 en el contexto de la guerra de contrainsurgencia.[2] La segunda es el desarrollo y expansión de las operaciones de los cárteles mexicanos en la geografía estatal, así como la consecuente disputa por el control territorial. La tercera es la actuación de estos grupos al margen de la ley, que por lo regular resultan estar cobijados por funcionarios públicos o por quienes deberían de encargarse de la protección y de la seguridad del pueblo, lo que les permite un alto grado de impunidad. Es decir, detrás del fenómeno de la seguridad y la violencia se mueven intereses estatales, industriales, empresariales y de distintos agentes privados (legales e ilegales).

Lo anterior no es nada nuevo para el Presidente de la República, pues en septiembre de 2020 el Estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación firmó un Acuerdo de Solución Amistosa con una parte de las víctimas de Acteal, donde éste reconoce su responsabilidad por la masacre ejecutada en diciembre de 1997. En el acto público se afirmó que “el ataque fue perpetrado por grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades, en el contexto de un Estado anquilosado”.[3] Sin embargo, de los pocos responsables materiales que fueron aprehendidos y recluidos por ese crimen de lesa humanidad, al paso de los años fueron liberados paulatinamente durante los gobiernos de Juan Sabines Guerrero (2006-2012) y Manuel Velasco Coello (2012-2018). Peor aún, en el gobierno de éste último se reactivaron algunos grupos paramilitares que hasta ahora siguen operando en Chiapas de un modo similar al de los primeros años del conflicto armado, sin que el Estado mexicano los lleve ante la justicia.

Esto ha quedado demostrado con el conflicto clasificado como agrario entre pobladores de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, que desde 2017 a la fecha ha dejado alrededor de 12 personas asesinadas, varias personas heridas y cientos de personas desplazadas de su hogar y comunidad. Esto, mientras que los perpetradores del grupo paramilitar continúan operando en la impunidad, pues en los acuerdos alcanzados por los tres niveles de gobierno a los agresores se les ofreció “un programa de desarme voluntario, Tablet y electrodomésticos a cambio de [sus] armas”.[4] Algo similar sucedió en el conflicto -también clasificado como agrario- entre pobladores de Chenalhó y Aldama, que desde 2018 a lo que va de 2022 ha dejado alrededor de 30 personas asesinadas, varias personas heridas y cientos de personas desplazadas de manera forzada. En este caso los paramilitares también siguen operando en la impunidad, dado que la detención de dos de los presuntos líderes de ese grupo solo sirvió para una cuestión mediática. Es más, en los distintos acuerdos que han alcanzado entre las partes, aunque instalaron una Base de Operaciones Mixtas (BOM) integrada por la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal en la zona del conflicto, no se habla de ninguna investigación, desarme, desarticulación y castigo de los grupos armados. Peor aún, el gobierno sigue hablando de un “desarme voluntario a cambio de computadoras” y de otras mercancías.[5]

Lo relevante de ambos conflictos es que los ataques de los grupos paramilitares no solo están dirigidos a la población posesionaria de las tierras en disputa, sino también hacia la población que representa las bases de apoyo del EZLN, así como a sus simpatizantes, por lo que el conflicto agrario tiene un trasfondo político. En esta tesitura, en distintas ocasiones, tanto las bases de apoyo zapatistas como la población organizada en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) del municipio de Ocosingo han denunciado el constante asedio, hostigamiento y ataques armados de los grupos paramilitares denominados “Los Petules” o bien de grupos paramilitares que operan bajo el membrete de organizaciones sociales o productivas como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Ataques que han causado heridas graves, muerte, desaparición forzada y desplazamientos internos al interior de las comunidades organizadas, sin que hasta ahora se castigue a los responsables.

A esto se agrega el problema agrario y político en el municipio de Venustiano Carranza entre comuneros de la Casa del Pueblo y campesinos de San Bartolomé de los Llanos, el cual ha dejado personas heridas, asesinadas y desplazadas. En el mismo tenor se encuentran otros municipios como Oxchuc, Chilón, Tila, entre otros, donde tienen presencia las bases de apoyo zapatistas, así como organizaciones adheridas a la Otra Campaña, al Congreso Nacional Indígena (CNI) o bien al FNLS. Es decir, aún en los tiempos de la Cuarta Transformación la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano está vigente. El detalle es que con la “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” emprendida por el Presidente Felipe Calderón la estrategia de la política de seguridad nacional fue modificada y los paramilitares se tuvieron que adaptar a las nuevas condiciones de control territorial establecidas por el narcotráfico y el crimen organizado.[6]

En esta sintonía, se supone que como Comandante de las Fuerzas Armadas el Presidente de la República tiene conocimiento de los carteles que operan en Chiapas y en todo el territorio nacional, así como el grado de complicidad que algunos funcionarios públicos mantienen con este tipo de organización delictiva. De hecho,  en la conferencia de prensa donde se presentó dicho informe, el Presidente expresó que: “el Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está en la cárcel en Estados Unidos, acusado de proteger a una de las organizaciones criminales, y así sucedía en todos los casos”.[7] Sin embargo, hasta ahora, su gobierno no ha hecho público ninguna investigación que derive en la desestructuración de las redes de complicidad en las instituciones de seguridad pública construidas por Genaro García Luna.

Además de desestimar las acusaciones realizadas por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) -por sus siglas en inglés- en Estados Unidos, en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. A quien se le acusa de proteger a uno de los carteles que operan en el país y que hoy se ha visto implicado en la omisión de información en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.[8] O sea que, aún está pendiente el barrido de las escaleras de las instituciones de seguridad pública de arriba hacia abajo para limpiarlas de la corrupción, complicidad y contubernio con que algunos de sus miembros operan en el plano federal, estatal y municipal. Una tarea que ha resultado bastante difícil y compleja para la Cuarta Transformación, sobre todo porque la delincuencia organizada o algunas células de los carteles han logrado adentrarse en los partidos políticos oficiales, han llegado a cooptar al gobierno municipal o a formar parte de éste, como sucedió en el caso del municipio de Pantelhó.

En este municipio, el surgimiento del grupo de “autodefensas del pueblo El Machete”, primero, y la formación del Concejo Municipal de Pantelhó, después, obligó a las autoridades federales y estatales a aprehender y a encarcelar algunas personas acusadas de robos, asesinatos y desaparición forzada, pero sin investigar la posible complicidad de funcionarios públicos del ente estatal, mucho menos del posible contubernio u omisión de las fuerzas policiales y militares encargadas de cuidar y proteger al pueblo.[9] Ante ello, el gobierno federal y estatal instalaron en el municipio otra Base de Operaciones Mixtas (BOM), que se suma a las dos bases militares instaladas entre las colindancias de Chenalhó y Pantelhó después del levantamiento armado de 1994. Así que, en estos municipios el Estado ha fortalecido su presencia bajo el supuesto de brindar protección y seguridad a la población, pero hasta la fecha no se avizora una solución real y duradera que permita erradicar las causas de los problemas de la inseguridad y violencia en estos territorios de la geografía estatal.

En este contexto de tensión y violencia han surgido algunos grupos armados que se autodenominan autodefensas bajo la bandera de defender al pueblo de los gobiernos caciquiles, como son los casos de los grupos armados que surgieron en los municipios de Simojovel y Altamirano, o bajo el discurso de defender la tierra y su territorio como es el caso del grupo armado que surgió en el municipio de Cintalapa. Grupos que hasta ahora no han mostrado su influencia política y su respaldo social que puedan tener en la población, como tampoco si fueron creados por el Estado o influenciados por el crimen organizado.[10]

Ahora bien, de acuerdo a fuentes cada vez es más evidente no solo el desarrollo y la expansión de la operación de los carteles mexicanos en Chiapas, sino también la disputa por las plazas de tráfico de drogas, de personas y de armas, así como por la producción y comercialización de enervantes en el territorio estatal.[11]

De hecho, en los dos últimos años, el municipio de Frontera Comalapa se ha convertido en el escenario de estas pugnas por el control territorial y el dominio del mercado negro o ilegal que proviene desde Suramérica y Centroamérica, lo que ha dado como resultado una serie de robos, asesinatos y desapariciones forzadas, equiparables a lo que al principio sucedía en estados del centro y norte del país. De hecho, algunos medios locales y nacionales han reportado la forma en que operan los carteles en la cabecera municipal, donde el cobro de piso y el secuestro forman parte de la estrategia criminal para extraer una parte de las ganancias de quienes laboran en la economía formal e informal.[12] Incluso, hace unos días Noticieros Televisa hizo un reportaje de la situación que prevalece en ese municipio, en el cual se menciona que esta disputa es entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

No obstante, aunque por ahora Frontera Comalapa se ha convertido en el epicentro de la violencia criminal en el estado de Chiapas, la pelea se ha extendido a otros municipios como Comitán, La Trinitaria y Tuxtla Gutiérrez, hacia el centro del estado, y a los municipios de Motozintla, Huixtla y Tapachula, hacia el sur de la franja fronteriza, donde los comerciantes, pequeños empresarios y buena parte de la población ha empezado a sentir el miedo, la tensión y la incertidumbre generada por la operación deshumanizada de los carteles mexicanos. Esto a pesar de que en el mismo Informe se dijo que en Chiapas están desplegados 12 mil 830 elementos operativos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en la región. Al mismo tiempo que se han construido 10 instalaciones de la Guardia Nacional (en Palenque, Chilón, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Huehuetán, Tapachula, Tonalá, Villaflores, San Cristóbal de las Casas y Bochil), y se pretende construir seis cuarteles más en este sexenio.

Sin embargo, la situación es preocupante cuando se dimensiona que detrás de estos sucesos de violencia también se ha construido una gran plataforma de la economía subterránea, la cual no solo tiene que ver con el lavado de dinero o blanqueo de capitales, sino también con un capital que opera en el seno de la necropolítica, donde la extracción de la máxima ganancia se alcanza hasta con la muerte. En este proceso, uno de los sectores más beneficiados ha sido la industria armamentista y militar de Estados Unidos, pues de acuerdo con fuentes oficiales, en el territorio nacional “circulan alrededor de 15 millones de armas, de las cuales 85% ingresaron de manera ilícita”,[13] y una parte de éstas se encuentra circulando en el mercado del estado de Chiapas. Ante estos escenarios, el reto para que la Cuarta Transformación logre el mandato constitucional de proteger al pueblo chiapaneco de la inseguridad y la violencia es cada vez mayor.

[*] Doctorante de la Universidad Autónoma Chapingo y colaborador del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica del Cesmeca. Correo electrónico: pepe_cielo@hotmail.com

[1] Conferencia de Prensa Matutina. “Incidencia delictiva a la baja en Chiapas”. 11 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FkVUk2BNYQc

[2] López y Rivas, Gilberto (2004). Autonomías, democracia o contrainsurgencia. México, Ediciones Era.

[3] Martínez, Fabiola (2020). “Reconoce el Estado su responsabilidad por caso Acteal”. La Jornada, 3 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/03/reconoce-el-estado-su-responsabilidad-por-caso-acteal-9336.html

[4] Camacho, Dolores y Lomeli, Arturo (2018). “Desplazados de Chalchihuitán y paramilitares en escena” Reportaje. Ojarasca, La Jornada, 12 de enero de 2018. Disponible en: https://microadmin.jornada.com.mx/ojarasca/2018/01/12/desplazados-de-chalchihuitan-y-paramilitares-en-escena-5185.html

[5] Vega, Andrea (2019). “Conflicto entre pueblos de Aldama y Chenalhó, Chiapas, continúa pese a firma de paz”. Animal Político, 13 de junio de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/06/conflicto-aldama-chenalho-chiapas-violencia

[6] Salazar, Luz María (2018). Organizaciones Paramilitares, Grupos de autodefensas y Desplazamientos Internos forzados en México 2006-2013. Primer informe, estancia de investigación, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. LXIII Legislatura. Disponible en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4201/Organizaciones%20paramilitares.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[7] Conferencia de Prensa Matutina. “Incidencia delictiva a la baja en Chiapas”. 11 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FkVUk2BNYQc

[8] Flores, Nancy (2022). “Sedena habría usado Pegasus para espiar a normalistas de Ayotzinapa”. Contralínea. 11 de abril de 2022. Disponible en: https://contralinea.com.mx/sedena-habria-usado-pegasus-para-espiar-a-normalistas-de-ayotzinapa/

[9] Enríquez, Elio (2021). Autodefensas reiteran que no permitirán al alcalde Trujillo entrar a Pantelhó. La Jornada, 15 de octubre. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/estados/035n1est

[10] Santos, Alejandro (2021). Grupos de autodefensa: la delgada línea entre defenderse del narco o convertirse en él. El País, 22 de octubre. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2021-10-23/grupos-de-autodefensa-la-delgada-linea-entre-defenderse-del-narco-o-convertirse-en-el.html

[11] Gil, José (2016). “Narco, Zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas”. Proceso, 7 de abril. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2016/4/7/narco-zetas-paramilitares-la-nueva-realidad-en-chiapas-162171.html

[12] Andrew, Karina (2022). Suman más de 50 personas desaparecidas en la frontera de Chiapas con Guatemala. Noticieros Televisa, 11 de marzo. Disponible en: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/suman-mas-50-personas-desaparecidas-frontera-chiapas-guatemala/

[13] Velázquez, Miguel (2021). Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México. La Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/02/politica/cada-ano-200-mil-armas-de-fuego-ingresan-a-mexico/

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