Paz y Justicia en una geografía militarizada

Por Pablo Uc[i]

No sé qué tiempo es hoy

No sé qué lugar es hoy

No sé si hay lugar en algún lugar

No sé cómo se hace para sentir paz cuando no hay paz

(M entre la niebla)[ii]

A la memoria de Mercedes Olivera

El reclamo por paz y justicia

Es cierto, se ha intentado vaciar implacable y cínicamente el reclamo de Paz y Justicia en nuestra larga historia de ficciones y esperanzas. Cabe recordar que el grupo paramilitar que masacró a 45 personas -y a 4 bebés que murieron antes de nacer-, en Acteal, Chenalhó Chiapas, en diciembre de 1997, se hizo nombrar Paz y Justicia. Mientras que el pasado 12 de agosto se cumplieron 13 años del inicio de la liberación y “premiación masiva” de los paramilitares responsables de tal masacre[iii]. Por su parte, el asesinato de Simón Pedro Pérez López, expresidente de Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ocurrido el pasado 5 de julio de 2021, sigue impune.

En conjunto, la intensificación de los desplazamientos forzados en territorios zapatistas en los últimos meses, sumado a los asesinatos extrajudiciales, violencia “electoral”, reemergencia de nodos de autodefensa y la desmedida violencia perpetrada por fuerzas del narcotráfico y el crimen organizado en la extensa geografía en armas que sacude a Chiapas -y todo el país-, parecen arrasar los recovecos que sostienen el reclamo de paz, justicia y dignidad.

A pesar de todo, existen todavía algunos destellos que reclaman esa paz como un irrenunciable horizonte: el pueblo creyente y organizaciones civiles se manifestaron por la paz en varias localidades del estado de Chiapas el pasado mes de junio. Decenas de colectivos feministas y en defensa de los derechos de la mujer reclaman un alto inmediato a la violencia y los feminicidios. Mientras que el EZLN marchó por las calles de San Cristóbal de Las Casas el pasado mes de marzo, para posicionarse públicamente contra la invasión a Ucrania por parte de Rusia y la latente conflagración mundial. Por su parte, el pasado 18 de agosto, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) en México, ratificó finalmente que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 «constituyó un crimen de Estado», reconociendo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República, y la co-participación del Ejército y cuerpos policíacos articulados con el grupo de sicarios Guerreros Unidos. La emisión de órdenes de aprehensión ha iniciado un proceso que determinará también el alcance de la justicia institucional en México, que por ocho años han demandado con una implacable tenacidad los padres, las madres y familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Frente a este escenario, cabe reflexionar sobre la incisiva orientación por parte del Estado mexicano hacia una creciente militarización, expresada no sólo en términos presupuestales y despliegue efectivo de armas bajo tutela castrense, sino también en el otorgamiento creciente de facultades “extraordinarias” al Ejército y la Guardia Nacional sin control civil directo. Esto se enmarca en la empecinada decisión del presidente López Obrador de oficializar, legalmente, la entrega del control civil de esta instancia al poder castrense. Decisiones que, sin embargo, han alcanzado resultados muy limitados en la contención efectiva de la violencia[iv] y la capacidad de controlar el colapso que imponen los grupos del crimen organizado. Así se hizo manifiesto en San Cristóbal de Las Casas, durante el mes de junio, y apenas hace dos semanas en cuatro estados del país: Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

 

Guardia Nacional y militarización continua del Estado mexicano: algunas cifras

La historia -la que abreva del archivo tanto como de la memoria rebelde- siempre es reveladora. La figura de la Guardia Nacional (GN) tiene un origen muy republicano, lo que fascina al presidente López Obrador. Carlos Carmagnani, al relatar el proceso de reconstitución territorial mixteco entre el siglo XVII y XVIII, nos recuerda que fue el gobierno de Benito Juárez -santo “laico” de la 4T-, el que instaló la figura de la GNentre 1848 y 1850 para compensar la falta de lealtad e institucionalidad por parte del ejército federal y, en particular, para ejercer tareas de contrainsurgencia contra el pueblo mixteco. “La Guardia Nacional se configura como el brazo armado del poder mestizo blanco que permitiría controlar las tendencias insurreccionales indias, las rebeliones y recoger el armamento disperso en la capital y pueblos del Estado” [v].

Después de siglo y medio, la figura fue reinstalada en el contexto de la militarización contemporánea de México -y las democracias neoliberales latinoamericanas-; lo que da continuidad -más allá de la retórica oficial que lo niega-, a la doctrina de la guerra contra el narcotráfico iniciada en el año 2006. Como parte de las reformas constitucionales de 2019, al inicio del entonces flamante arribo del proyecto de gobierno que prometía una “regeneración nacional”, el artículo 21 Constitucional fue modificado para prever la existencia de una Guardia Nacional “de carácter civil, disciplinado y profesional”. También precisa que esta “institución policial de carácter civil” de la Federación tendrá la estructura que determine la ley y se regirá por una “doctrina policial”. No obstante, en octubre de 2020 se declaró una subordinación completa del funcionamiento operativo de la GN al Ejército, mientras que, en diciembre del mismo año, se modificó el reglamento de la GN otorgándole autonomía frente a su único contrapeso civil: la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad y Protección ciudadana (SSPyPC).

Finalmente, la promesa de campaña y al asumir la presidencia, fue abandonada. López Obrador anunció a inicios de agosto un “acuerdo” para restructurar la SSPyPC –que pasaría a denominarse Secretaría de Seguridad Pública y “Justicia”- y para que la GN pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Un decreto presidencial que omite su discusión y aprobación por parte del poder Legislativo, como sugiere el imperativo moral de un gobierno que se dice republicano.

Al ser instituida en 2019, la GN contaba con 56 mil 191 elementos, mientras que para abril de 2022 incorporaba ya un total de 104 mil 839 elementos, un aumento de más del doble de efectivos que responde a una transferencia de elementos de la Sedena y la Semar al “cuerpo civil”. Esto respondió, a su vez, a un programa de “retiro voluntario” en el que ofrecía “compensación económica” a los elementos que decidieran renunciar definitivamente al cargo. El medio de comunicación Animal Político informó que tuvo acceso a documentos que “muestran que, en un solo día, 600 efectivos que estaban en labores de vigilancia en las calles fueron reubicados a otras áreas de la corporación. En tanto, miles fueron trasladados a la Ciudad de México para ser exhortados a adherirse al programa de retiro voluntario”[vi]. En este escenario, Chiapas ocupa el décimo lugar en el despliegue de efectivos de la Guardia (3,957) que han jugado un papel fundamental en la contención-persecución migratoria; mientras que la principal concentración se ubica en la Ciudad de México, seguida del Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas.

Por su parte, entre 2019 y 2021 se construyeron 239 cuarteles, en 2022 se encuentran en construcción 25 más y está contemplada la construcción de 98 espacios para este cuerpo armado al terminar el año. Para 2024, se prevé que exista un total de 594 cuarteles en todo el país. Esta información ha sido detallada por el Observatorio de la Guardia Nacional instalado por la organización Causa en Común, el cual destaca, a su vez, que las funciones de este organismo han sido ambiguas y desbordantes, al igual que la de las Fuerzas Armadas en general.

De las funciones básicas de protección de la seguridad pública, se han agregado tareas como: la construcción de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles, sucursales del Banco de Bienestar y el “tren maya”; la distribución de vacunas e insumos por la pandemia de COVID-19; el reparto de fertilizantes y árboles para el programa Sembrando Vida; la operación de aduanas, puertos y marina mercante; la operación de la Agencia Federal de Aviación Civil; el traslado de dinero de programas sociales; el reparto de libros de texto gratuito, la entrega de regalos del Día de Reyes; el cuidado de playas en época vacacional; el resguardo de personajes de interés público y de actores políticos; el reparto de juguetes dentro del Tianguis del Bienestar; la recuperación de piezas arqueológicas robadas; o el control de la empresa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, encargada del reparto de medicamentos en todo el país[vii].

El asunto no es menor. Si bien las funciones de apoyo integral a todas las tareas de la administración pública expresan una ampliación del “servicio” fundamental de las fuerzas armadas a la sociedad, es también evidente que la militarización de la vida pública posee grandes riesgos. El hecho de haber ordenado la militarización de las “obras estratégicas” del gobierno federal, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, y su inmediato traslado a la región peninsular para encargarse de la construcción del “tren maya” es muy grave. Ya que no sólo se despliega la fuerza castrense para asegurar un proyecto de desarrollo turístico inmobiliario -hecho proyecto federal- con grandes impactos en la devastación de la selva y la contaminación de las aguas profundas del majestuoso anillo de cenotes de la región peninsular maya. Despliega, además, un poder de control sobre uno de los reservorios de agua dulce más importantes, en tiempos de creciente estrés hídrico, para lo cual el mismo López Obrador anunció la suspensión de las actividades de la industria cervecera en la región norte del país, para proyectar en todo caso, su traslado extractivo a la región sur sureste. Los alcances de esta militarización que abraza este proceso de despojo territorial han sido bien documentados por un informe del Observatorio Geopolítico de América Latina, que merece ser atendido[viii].

En este contexto, no es de sorprender que a las fuerzas armadas de México se les asigne ya, el segundo presupuesto más importante de la administración federal. Es la cara castrense de la llamada republicana cuarta transformación: 204,683 millones 476,437 pesos[ix]. Desde 2015 y con particular énfasis desde el 2019, las instancias militares han adquirido un presupuesto creciente en detrimento del presupuesto que reciben las instancias civiles[x].

Estas referencias convocan a trazar con urgencia un mapa sobre una geografía que parece atrapada por las armas: militares, guardia nacional, narcotraficantes, droga y turismo; paramilitares; grupos de autodefensa y “hombres en armas” bajo el yugo de la “seguridad privada”. Un mapa que sirva para no abandonar el irrenunciable derecho a una geografía para la paz, con justicia y dignidad, a pesar de todo.

[i] Explorador. Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA), CESMECA. Correo electrónico: pablo.uc@unicach.mx

[ii] De la puesta en escena: Niebla o el Cielo entre los pies, de Gabriela Otogali/Katanga Teatro.

[iii] Comunicado de La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, 12 de agosto de 2022,      https://acteal.blogspot.com/2022/08/hace-13-anos-en-que-estuvimos-fuera-de.html?fbclid=IwAR0c_SKI8OOTKrMwXpvF-yNs7RzhwY0RkEG0rQDniToeAStpDO-_A4nVayg

[iv] Entre enero y mayo de 2022, se registró un promedio de 40.7 homicidios por día en los estados de Guanajuato, Michoacán, Edomex, Baja California, Jalisco y Sonora. Véase el Informe Índice de Paz, México, 2022: https://static1.squarespace.com/static/5eaa390ddf0dcb548e9dd5da/t/628352adf141dd50d7005d60/1652773595251/ESP-MPI-2022-web.pdf

[v] Carmagnani, Carlos, 1984, El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca, siglos XVII y XVIII, México: FCE, pp. 233-234.

[vi] Arturo Ángel, 2022, Guardia Nacional apresura el despido de elementos civiles, Animal Político, disponible en: https://www.animalpolitico.com/2022/04/guardia-nacional-depuracion-elementos-civiles/

[vii] Informe: Observatorio de la Guardia Nacional, Causa en Común, 2022, Guardia Nacional, 3 años de definición militarista, p. 10. Disponible en: https://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/wp-content/uploads/2022/07/2022.07.06_InformeOGN.pdf

[viii] Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), 2021, Militarización del Sureste mexicano, UNAM: https://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/geopolitica.iiec.unam.mx/files/2021-09/Militarizacio%CC%81n%20del%20Sureste%20de%20Me%CC%81xico.pdf

[ix] De este presupuesto: 104,107 se asignan a la Secretaría de Defensa Nacional; 37,150 a la Secretaría de la Marina; y 62,825 a la Guardia Nacional. Ver: Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2022: https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2022/anexos

[x] Ver directorio de la GN: https://www.gob.mx/guardianacional

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