El INSABI, o la triste historia de un desahucio previsible

Imagen tomada de https://movimientoantorchista.org.mx/otra-mas-el-fracaso-del-insabi

Manuel Ignacio Martínez Espinoza[1]

El pasado 25 de abril de 2023 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó reformas, adiciones y derogaciones a la Ley General de Salud.

El decreto aprobado, que se catalogó como “urgente y de obvia resolución”, tuvo como resultado principal la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el traslado de sus funciones al programa IMSS-Bienestar.

La desaparición del INSABI resultó llamativa porque se trató de una institución que apenas tenía tres años de vigencia (es decir, que fue creada y desaparecida por el mismo grupo político en el poder) pero no fue inesperada. Más bien, su desahucio era previsible.

El INSABI fue proyectado desde el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como la institución que garantizaría que “todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos”.

El INSABI, por lo tanto, se concibió como una instancia fundamental en el proyecto de bienestar social del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno denominado de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México (4T).

Para concretizarlo, el 3 de julio de 2019 el presidente envió una iniciativa de reformas que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de ese año. En dicha reforma se eliminaba el Seguro Popular -del cual el propio mandatario decía que no “era ni seguro ni popular”[2]– y en su lugar se creaba el INSABI, mismo que entraría en vigor el 1 de enero de 2020.

En palabras del presidente López Obrador, se daba así un paso fundamental a su compromiso de edificar un sistema de salud “como el que tienen en Dinamarca o en Canadá”. La realidad demolería esos sueños de salud primermundista de la 4T.

Varios factores imbricados fueron convirtiendo ese sueño en pesadilla y desahuciando a la institución recién parida. Se destacan cinco.

El primero de ellos, y que incluso puede denominarse su “pecado original”, es que se tuvo la intención de crear un sistema de salud universal pero en la práctica sólo se estableció una nueva instancia (el INSABI) tanto para atender a la población sin seguridad social como para buscar la articulación entre las distintas entidades públicas del sector salud. Es decir, no se resolvió la fragmentación (muchas instituciones) ni la jerarquización (el acceso a la salud diferenciado según los tipos de empleo y de condición socioeconómica de las personas). Tan sólo se suplantó lo que ya había con una nueva institución que además tenía la intención de coordinar el segmentado sector de salud.

El segundo factor es organizativo, pues durante dos años (2020 y 2021) el INSABI no contó con manuales de organización general, específicos ni de procedimientos. Con lo que no hubo certeza de sus procesos ni dentro del propio instituto recién creado, ni entre los entes públicos que debía coordinar.

El tercer factor está en los recursos. Con la creación del INSABI se amplió la población objetivo pero no se establecieron nuevos mecanismos presupuestarios (se eliminó la afiliación voluntaria, las cuotas y el financiamiento per cápita del Seguro Popular). Como resultado, en 2020 el Gobierno Federal ejerció un gasto público de 38% menos de lo que tuvo que haber otorgado por la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social[3].

El cuarto factor tiene que ver con la probidad en el ejercicio de los recursos públicos. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su fiscalización de la Cuenta Pública 2020, el INSABI fue de los entes públicos con mayor número de irregularidades: no acreditó la entrega de ventiladores y mascarillas, ni la aportación de fondos a las entidades federativas, irregularidades que ascendieron a 5 mil 300 millones de pesos. Para 2021, entre las irregularidades del INSABI la ASF destacó que únicamente cumplió con el 30.1% del total de las necesidades de medicamentos y materiales de curación de las instituciones públicas de salud.

El quinto y último factor es que todo lo anterior ocurrió en medio de una pandemia, lo que limitó severamente la capacidad de respuesta del sistema de salud público ante la emergencia sanitaria y es una de las causas explicativas de alta tasa de letalidad del virus COVID-19 entre la población mexicana.

Sin duda, las razones anteriores fueron consideradas por el presidente López obrador cuando el 4 de febrero de 2022 anunció la “federalización” de los sistemas de salud mediante el sistema IMSS-Bienestar, implicando así la sustitución del INSABI, la cual se concretó el pasado 25 de abril de 2023.

El desahucio se formalizó y el INSABI fue enterrado en el panteón de los fracasos ilustres de la política mexicana.

El gobierno federal 2018-2024 prometió implementar en México una Cuarta Transformación de la Vida Pública (4T) donde ya no habría “un sistema de salud insuficiente, ineficiente, depauperado y corroído por la corrupción”.

Pero la 4T aún no revierte el sistema de salud segmentado, jerarquizado e ineficaz del país. El cambio ha sido que hubo un experimento institucional que no funcionó y que todavía no se mejora el sistema de salud en México, mucho menos se ha acercado a los de Dinamarca o Canadá.

La salud es un derecho social sin garantizarse en México y la carencia por acceso a los servicios de salud aumentó entre 2018 y 2020. Por eso, es urgente seguir observando.

[1].- Miembro del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (ODEMCA). Catedrático CONACYT comisionado al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA). Correo: manuel.martinez@unicach.mx

[2] NOTIMEX. “El Seguro Popular ni es seguro ni es popular: será reemplazado: AMLO”. https://www.youtube.com/watch?v=FlTI7pH5kbc

[3] Fuente: https://www.mexicoevalua.org/el-ocaso-del-fonsabi/#_ftnref14