La democracia en Guatemala y los retos de Bernardo Arévalo

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. Foto: Agencias

Por Daniel Villafuerte Solís[i]

Guatemala es un país de más de 108 mil km², con grandes contrastes sociales, y con el mayor porcentaje de población indígena en América Latina, seguido de Bolivia[ii]; es la bisagra que une Centroamérica con México. Es un país de importancia geopolítica para Estados Unidos y nuestro país, por ser un territorio de tránsito de transmigrantes y drogas hacia la Unión Americana. Además, México tiene un Tratado de Libre Comercio y diversos acuerdos de cooperación, como la formación del Grupo de Alto Nivel para la Seguridad Fronteriza.

Para México y Estados Unidos es relevante contar con un gobierno progresista en Guatemala porque permite fomentar la cooperación en muchos campos de interés mutuo. La llegada al poder de Bernardo Arévalo resulta clave para ambos países y, sobre todo para el pueblo de Guatemala que después de varios presidentes de derecha espera una transición a un escenario de mayor inclusión, sobre todo para la población indígena y campesina.

El triunfo de Arévalo sorprendió a propios y extraños, sobre todo porque el partido Semilla que lo postuló no figuraba entre los partidos favoritos. En la primera vuelta compitieron 22 partidos; de éstos, cuatro concentraron 2 273 411 de votos, de un total de 5 557 273 emitidos, es decir, 40.9 por ciento, distribuidos de la siguiente manera: UNE: 881 992 (15.86%); Semilla: 654 534 (11.77 por ciento); Cabal: 371 857 (6.69 por ciento); Valor: 365 028 (6.56 por ciento)[iii].

Lo inesperado ocurrió en la segunda vuelta, Sandra Torres obtuvo 1 567 472 votos, equivalente a 37.24 por ciento, y Bernardo Arévalo alcanzó 2 441 661, es decir, 58.01 por ciento, de un total de 4 208 985 votos válidos emitidos[iv]. Una diferencia de 874 189 votos, con lo que se consumó el triunfo irrefutable de Arévalo, con una gran legitimidad, difícil de cuestionar, aunque se hizo todo el intento, a través de la Fiscalía, con la complacencia de la Corte de Constitucionalidad.

En términos legales, la juramentación del nuevo presidente de Guatemala debía llevarse a cabo en la tarde del 14 de enero del presente. Sin embargo, no ocurrió sino hasta las primeras horas del día 15. Fueron largas horas de espera, de tramitología en el Congreso, de tensiones entre facciones partidistas. Detrás de esta irregularidad estuvieron los intentos de los grupos de poder, a través de los integrantes del Congreso, de evitar lo inevitable: la toma de posesión de Arévalo. Este fue el punto culminante de una serie de ataques legales que cuestionaron la legitimidad del proceso electoral y del estatus del partido Semilla que lo llevó al triunfo.

La presión social, sobre todo de la movilización de los miles de indígenas de los 48 cantones de Totonicapán y de otras comunidades, que durante más de tres meses realizaron actos de protesta para advertir el riesgo de golpe de Estado contra el presidente electo; el respaldo que recibió de la comunidad internacional, de la OEA, del gobierno de Estados Unidos, de España y muchos otros de América Latina, y de última hora, la presión de los cancilleres que asistieron a la toma de posesión de Arévalo, terminó por inclinar la balanza.

El presidente Bernardo Arévalo recibe un país con serios problemas estructurales, rezagos sociales, pobreza y desigualdad. En 2022 la población estimada por la CEPAL[v] fue de 17.8 millones de habitantes. La tasa de mortalidad de la población menor a los 5 años es de las más altas de América Latina, con 23.8 por cada 1 000 nacidos vivos, sólo por debajo de Bolivia, Guyana y Haití, este último con 56.7 por ciento.

Guatemala es el segundo país más pobre de América Latina, después de Honduras, con 50.5 por ciento de su población en pobreza y 15.4 por ciento en pobreza extrema[vi]. A esto se añade los altos niveles de desigualdad social: La comparación entre los grupos de hogares de menor y mayor ingreso revela una profunda polarización, de manera que el ingreso del decil X, que representa el ingreso más alto, es 12.2 veces mayor con respecto a los hogares de menor ingreso representado por el decil I. Mientras el que el decil I declaró ingresos por 1737.5 quetzales por mes, el X fue de 21 189.4 quetzales[vii].

Los hogares presentan diversas carencias, por ejemplo, en materia sanitaria, la conexión a la red de drenaje todavía arrastra serias deficiencias, el 51 por ciento de las viviendas en el país carecen de drenaje; en el medio urbano el 73 por ciento cuentan con este servicio y en el medio rural únicamente el 17.2 por ciento, lo que revela la enorme disparidad entre el campo y la ciudad. En lo que se refiere a la conexión de red de agua, el 77.2 por ciento de las viviendas en el medio urbano cuentan con este servicio; y en el medio rural sólo el 63.3 por ciento, lo que, de nueva cuenta, muestra las diferencias entre ambos espacios.

Los rezagos sociales se acompañan de la prevalencia de altas tasas de homicidios y corrupción. En 2023, aunque menor al promedio observado en América Latina, que fue de 20 por cada 100 mil habitantes, en comparación con El Salvador y Nicaragua que registraron 2.4 y 6.2 por cada 100 mil habitantes, sigue siendo alta pues el estimado es de 16.7, que arroja 2 944 asesinatos[viii].

Guatemala es un país desgarrado por la corrupción y la impunidad. Justo por eso se creó en 2007 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a petición del gobierno de Guatemala, con el respaldo de la comisión anticorrupción de la sociedad civil. Un organismo de la ONU para coadyuvar a combatir estos males, que gracias a su actuación se descubrió redes de corrupción desde las más altas esferas del poder y llevó a la cárcel al presidente Otto Pérez y sus más cercanos colaboradores

El papel de la CICIG fue fundamental en la reducción de la corrupción y la impunidad, contribuyó a la diminución de la tasa de homicidios de 45.1 por ciento por cada 100 mil habitantes en 2009 a 26.1 en 2017 y la tasa de impunidad para crimines violentos pasó de 98 por ciento en 2008 a 87 por ciento en 2016[ix].

Con un índice de corrupción de 24 puntos, la percepción de corrupción de la población es muy alta, ocupa el lugar 150 de 180 países[x]. La corrupción envuelve a las altas esferas de poder económico y político, lo cual explica la férrea oposición para impedir que Arévalo pudiera tomar posesión como presidente de la República, que involucra a la Corte de Constitucionalidad, congresistas y la Fiscalía. Por cierto, el gobierno de Canadá en días recientes ha sancionado a la Fiscal Consuelo Porras y tres altos funcionarios del poder judicial por estar haber favorecido “directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad”[xi]

El expresidente Otto Pérez Molina y colaboradores cercanos están en la cárcel, el expresidente Jimmy Morales ha sido acusado por actos de corrupción, de financiamiento ilegal de su campaña política, fue en encargado de liquidar a la CICIG; y en el caso del presidente saliente, Alejando Giammattei, Estados Unidos ha prohibido su ingreso a este país.

Las condiciones descritas arriba han convertido a Guatemala en un país de migrantes, reflejado en la cantidad de remesas familiares. Durante los años de la pandemia de la COVID-19 superaron a las exportaciones de bienes (FOB): En el periodo 2020-2022, las exportaciones sumaron 36 754 millones de dólares, mientras que las remesas alcanzaron los 44 676 millones de dólares. En 2023 se obtuvieron 19 804 millones de dólares, equivalente al 20 por ciento del PIB. Son cifras tremendas porque rebasan con mucho el monto de la Inversión Extranjera Directa (IED), cuya cifra más alta fue en 2021 con 3 461.8 millones de dólares, que comparado con la de remesas del mismo año sólo significó 22.6 por ciento.

Con estos indicadores inicia el gobierno de Bernardo Arévalo, en los próximos cuatro años deberá virar la brújula para inaugurar una nueva época, de democracia, inclusión social y mejoramiento de vida de millones de guatemaltecos. El reto es enorme tanto en lo interno como en su relación con lo externo, la presión de Estados Unidos ha comenzado en temas de migración y narcotráfico.

[i] Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA). Correo electrónico: gasoda2000@gmail.com

NOTAS

[ii] https://publications.iadb.org/es/pueblos-indigenas-en-guatemala-desafios-demograficos-linguisticos-y-socioeconomicos-analisis

[iii] https://primeraeleccion.trep.gt/#!/tc1/ENT

[iv] https://segundaeleccion.trep.gt/#!/tc1/ENT

[v] https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b4ece780-8395-487b-ba4f-a22412716e1b/content

[vi] https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b4ece780-8395-487b-ba4f-a22412716e1b/content

[vii] https://www.ine.gob.gt/ine/wp-content/uploads/2020/08/01-Presentacion-de-Resultados-Nacionales.pdf

[viii] https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/Balance-de-InSight-Crime-de-los-homicidios-en-2023-Feb-2024-1.pdf

[ix] https://www.wola.org/es/analisis/los-hechos-el-legado-de-la-cicig-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-guatemala/

[x] https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/guatemala

[xi] https://www.prensalibre.com/guatemala/canada-sanciona-a-consuelo-porras-dos-fiscales-y-un-juez-y-les-congela-activos/?incomingUrl=https://www.prensalibre.com/