La agenda política que viene: los gobiernos municipales en Chiapas
Emmanuel Nájera de León[i]
Después del escenario electoral local del 2 de junio en el que 2 millones 448 mil 818 (62.74%) ciudadanos chiapanecos emitieron su voto se ha definido un nuevo mapa político-local a nivel de la representación de los partidos políticos. Morena se ubica como el organismos político que más municipios representará en Chiapas con 39; en segundo lugar el Partido Verde (PVEM) con 27; un empate en el tercer lugar con 15 Ayuntamientos entre el Partido del Trabajo (PT) y Redes Sociales Progresistas (RSP); mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quedará con la representación de 4 Ayuntamientos. Convenie hacer un corte de caja post-electoral y pensar en la agenda pendiente en el ámbito político de los Ayuntamientos y del propio proceso de gestión local en los municipios chiapanecos.
Y es que, si enfatizamos la tesis central del municipalismo mexicano, que coloca al Ayuntamiento como el primer orden de gobierno con comunicación directa con la ciudadanía, dada su cercanía; y en el que se ubica al Ayuntamiento como el órgano principal para el ejercicio del poder (Art. 115, F. I) éste entonces tendría que jugar un papel fundamental en la gestión, hechura y ejercicio de incidencia de la acción pública. Sin embargo, en los últimos años, parece que el retrato fiel y cotidiano de los gobiernos locales chiapanecos se acerca más a la antidefinición ofrecida por Óscar Navarrete Gárete (citado en Congreso de la Unión, 2000) en el que sitúa al “municipio como la parte del gobierno que cobra multas, […] organiza la feria y nunca tiene dinero”.
El panorama actual de la entidad chiapaneca y sus municipios obligan a revertir esa antidefinición y trazar verdaderas rutas que evidencian la necesidad de un mayor compromiso, transparencia y eficiencia por parte de las autoridades locales para atender las demandas y necesidades de la ciudadanía. Es en ese contexto que es crucial reflexionar sobre los retos y desafíos que enfrentarán los Ayuntamientos chiapanecos para cumplir con su responsabilidad constitucional de garantizar el bienestar de sus habitantes a partir de que asuman funciones el próximo 1 de octubre.
Es inminente que uno de los ejes fundamentales es la cuestión de la inseguridad, que dicho sea de paso se ha posicionado como uno de los desafíos más urgentes y complejos que enfrentan los gobiernos municipales de Chiapas, y es que en este 2024 Chiapas registró un aumento de 53% de homicidios dolosos (Campos, 2024) además de escenarios locales donde no sólo está la presencia de grupos delictivos en varias municipalidades: Tapachula, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, Berriozabal, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Huixtla San Cristóbal de Las Casas (Canseco, 2024), sino su ejercicio de dominación; lo que muestra por otro lado, la debilidad en las instituciones de seguridad pública municipal, la falta de recursos para la prevención del delito lo que ha contribuido a la perpetuación de la violencia y la inestabilidad en varios municipios de la región. Justamente, ese contexto actual en el que se muestra la falta de estrategias efectivas para combatir la delincuencia organizada, la corrupción en las fuerzas de seguridad y la ausencia de una coordinación interinstitucional han generado una serie de brechas en los procesos de gestión que han afectado directamente a la población, limitando su libertad, desarrollo y calidad de vida.
El siguiente tema de la agenda, tiene que ver con la dependencia financiera de los gobiernos municipales de Chiapas respecto al orden de gobierno federal, lo que significa que los gobiernos locales tienen muy bajos niveles de generación de ingresos propios, representando otro desafío significativo que impacta en la autonomía y la capacidad de gestión de las administraciones locales. Y es que de acuerdo con la Estadística de Finanzas públicas estatales y municipales del INEGI por ejemplo en 2023 la entidad chiapaneca y sus municipios apenas recaudaron 4% de sus ingresos; a nivel local, Tuxtla Gutiérrez se ubicó como el municipio que más recaudó con 10.44%; seguido de Tapachula con 4.98% y San Cristóbal de Las Casas con 3.4 por ciento; a ello hay que agregar en el otro extremo a los municipios que en su actuar cotidiano presentan dificultades para recaudar o si quiera llevar un control financiero de su cuenta pública.
Justamente la falta de recursos propios, la limitada capacidad recaudatoria y la escasa diversificación de las fuentes de ingresos han generado una situación de vulnerabilidad en la autonomía financiera de los municipios dificultando la implementación de políticas públicas efectivas, la prestación de servicios de calidad y el impulso de proyectos de desarrollo sostenible en los municipios. De ahí que la importancia de los ingresos propios locales y su efectivo uso posibilitarían la imagen de buenos gobiernos municipales, promotores de una acción pública intensa y por lo tanto de atención de los problemas públicos.
El tercer eje de la agenda es el que tiene que ver con la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos municipales chiapanecos, que dicho sea de paso conlleva una serie de beneficios tangibles que impactan en el proceso de gestión pública, la confianza ciudadana y el fortalecimiento de la democracia local. La transparencia contribuye a prevenir la corrupción, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, aumentar la eficacia de las políticas y programas gubernamentales, así como fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades locales. La rendición de cuentas, por su parte, promueve la responsabilidad de los funcionarios públicos, la mejora en la toma de decisiones, la identificación de áreas de mejora y la legitimidad del ejercicio del poder.
La realidad en Chiapas, de acuerdo con la métrica de gobierno abierto elaborada por el CIDE es que desde 2021 la entidad chiapaneca sigue mostrando un doble problema: los organismos públicos muestran obstáculos para producir información y para actualizarla (2021, 2023). En ese sentido, el principal desafío en dicha agenda radica en la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso a la información, la capacitación del personal en materia de transparencia y la promoción de una cultura de apertura y colaboración con la ciudadanía. La implementación de políticas de transparencia activa, la creación de portales de información pública que realmente funcionen y se actualicen; y la promoción de la participación ciudadana son acciones clave: obra pública abierta y los cabildos abiertos para garantizar una gestión pública transparente y con perspectiva de incidencia.
Finalmente, la profesionalización de los funcionarios municipales es otro eje determinante para garantizar la eficiencia y la calidad en la gestión de los asuntos públicos. En ese sentido, es fundamental analizar y reflexionar sobre la importancia de la formación, capacitación y el desarrollo profesional de los funcionarios municipales como un elemento esencial para fortalecer la gobernanza local, promover la excelencia en la gestión pública y mejorar la calidad de vida de la población.
La profesionalización de los funcionarios es un aspecto crucial que incide directamente en la calidad de los servicios públicos, la toma de decisiones informadas y la eficacia en la gestión de los recursos. La formación continua, la actualización de conocimientos y la adquisición de habilidades técnicas y gerenciales son elementos fundamentales para garantizar la profesionalidad, ética y la eficiencia en el desempeño de las responsabilidades públicas.
En un contexto de demanda creciente de la ciudadanía de diversos municipios por la atención de estos temas es imperante que los próximos Ayuntamientos que entran en funciones este próximo 1 de octubre tengan la intención firme y decidida de transitar de la antidefinición de municipio hacia experiencias de gobiernos locales promotores de intensa acción pública, capaces de transformar rezagos y brechas de implementación en la gestión en oportunidades para el desarrollo municipal y el bienestar de sus habitantes que tanto se necesita.
[i] Dr. en Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas (FCS-UNACH) y colaborador del ODEMCA. Correo-e: emmanuel.najera@unach.mx; emmanuelnaj@hotmail.com
Referencias
Campos, Mariana. (11 de abril de 2024). “Homicidios en Chiapas aumentaron 52% en el primer trimestre del 2024; crimen organizado la principal fuente”. Infobae.
Canseco, Ángel. (20 de mayo de 2024). “Ola de violencia en Chiapas: Más de 200 homicidios registrados en 2024” El Heraldo de Chiapas.
Congreso de la Unión (2000) ABC del gobierno municipal, Grupo de producción editorial, México.
INEGI (2024) Estadística de Finanzas públicas estatales y municipales.
Métrica de gobierno abierto 2021, Centro de Investigación y Docencia Económicas
Métrica de gobierno abierto 2023, Centro de Investigación y Docencia Económicas.
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