Desafuero

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Obrador en México, Correo en Ecuador, Lulla en Brasil, Kirchner en Argentina, Castillo en Perú, Morales en Bolivia, en su momento Arévalo en Guatemala…, la lista podría seguir. El común denominador en ellos es la intervención del Poder Judicial, supuestamente “independiente”, convertido en una estrategia política de la oligarquía de las telarañas añejadas en las estructuras judiciales, en el edificio de la democracia, pero  corroído por la el tiempo y falta de claridad, donde las relaciones, favores, complicidades, se vuelven casi privilegios del poder político en turno, o como en estos casos, un objetivo: sacar de la competencia política a adversarios incómodos y peligrosos para para las élites, que ven en las “mayorías” provenientes del lado izquierdo, un peligro para la continuidad y operatividad de un capitalismo como  negocio, “judicializando la justicia”, para que no parezcan como golpes de Estado clásicos, pero que en realidad son, sólo que en montados en una aparente “legalidad”.

¿Y qué pasa en lado derecho? La francesa y líder de la ultraderecha Mari Le Pen es aquí la “víctima” de este asunto centrada en una oportuna malversación de fondos. Sin embargo, movimiento se ve como una decisión que está mostrando la fuerza del Estado para impedir que participe en las próximas elecciones, debido a la preocupación que tiene el crecimiento de la ultraderecha -no sólo gala-, y cuyas bases ideológicas están guiadas por un discurso nacionalista, excluyente  y racista. El presidente Nentayau es otro caso, como el de Corea del Sur. El israelí estaba en problemas en un proceso con fuertes presiones sociales y, sobre todo, con el Poder Judicial, pero el ataque de Hamás dejó de lado -por no decir en el olvido- el asunto; el coreano, por su parte, después de haber decretado la ley marcial, enmarcado en un ambiente de fuertes presiones sociales fue orillado a separarse del poder y finalmente destituido. Al israelí le salvó otro “11 de septiembre”; pero al coreano ni un accidente aéreo (el avionazo que desvió momentáneamente la atención del problema político). Son casos, en efecto, distintos; sin embargo, lo que los nutre es el papel desempeñado por el poder Judicial.

El aniversario del desafuero contra el expresidente Obrador sirve ahora para ver como el arma foxiana fue echada a andar para impedirle competir en las elecciones. Vendrían después los fraudes electorales, dudosos “triunfos”, abalados y legalizados por una mayoría “prianizada”. Al final, y pese a tener todo el poder encima, sería con el apoyo de las otras mayorías, las que lo haría presidente de México en 2018 después de tres intentos. Por ser un proyecto distinto, que el sistema político mexicano no permitía, porque el reformismo no se había hecho presente en los gobiernos neoliberales, la transformación del poder judicial tenía que hacerse desde adentro. Ese poder que ni el presidente Trump se salvó, por cierto, pero que no le impidió salir ileso en la carrera por la intensa lucha actual por el poder en el interior de las élites gringas. No le impidió pese a que allá supuestamente la independencia del poder judicial es presumida en prácticamente todo el mundo poblado por ese modelo, como un  poder indispensable para el funcionamiento de la democracia liberal, pareciera estar hoy en una crisis.

No sabemos aún cual será el futuro de los políticos impedidos para competir políticamente. Lo que si podemos saber es que, en los hechos, su protagonismo es, justo o no, una realidad. Si prevalece lo jurídico la ley caerá sobre ellos, pero el  trasfondo político parece ganar más terreno. La reforma judicial en ciernes podrá aclararnos algo más del funcionamiento real de este poder, que recuerden, desde la república juarista, no era votado.