Legislar desde los derechos humanos

La Constitución señala que ninguna persona puede ser discriminada por su preferencia sexual. Foto: Sandra de los Santos/ Chiapas PARALELO.

La Constitución señala que ninguna persona puede ser discriminada por su preferencia sexual. Foto: Sandra de los Santos/ Chiapas PARALELO.

¿Será que las y los diputados de Chiapas tienen un argumento legal, un sólo argumento legal para votar en contra o no apoyar que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo? Las posiciones que están en contra de la unión legal entre dos personas del mismo sexo están basadas en las creencias morales y religiosas y no desde el principio del respeto a los derechos humanos.

El artículo primero de la Constitución Política de México señala desde el 2011, que no puede ser discriminada ninguna persona por diferentes motivos, uno de ellos su preferencia sexual. El Código Civil del Estado de Chiapas no permite la unión entre dos personas del mismo sexo por lo que el código resulta discriminador y violatorio a un principio Constitucional. Suficiente argumento para reformar la Ley, pero los diputados no lo han hecho.

Hay dos argumentos altamente cuestionables que utilizan algunas personas para manifestarse en contra de legalizar el matrimonio entre las personas del mismo sexo: 1) Que el principio del matrimonio es la concepción y 2) Que la sociedad no está preparada para ello. Que lo diga un sacerdote o un pastor tradicional –los hay progresistas-no es de sorprenderse; que lo exprese  un ciudadano influenciado por la cultura patriarcal que ve mal otras preferencias sexuales es lamentable; pero que lo piensen los diputados es totalmente inaudito.

Las y los congresistas no deben legislar con la biblia en la mano, mucho menos desde la ignorancia. Para legislar se necesita personas con una clara perspectiva de los derechos humanos. Las creencias personales de cada uno son muy respetables. Uno –al menos yo- podría hasta tolerar que las y los diputados suspendan sus labores por ser 12 de diciembre –ya les conté que ayer se suspendió la sesión ordinaria del Congreso Local-; pero que quieran legislar bajo los principios religiosos es una clara violación a nuestros derechos humanos.

Regularmente se utiliza el argumento de que “la sociedad aún no está preparada” como un sinónimo de que no toda la población acepta una propuesta progresista. Si tuviéramos que esperar la aceptación de todos para que una propuesta que respeta los derechos humanos sea aprobada, entonces ahorita en Sudáfrica siguiera existiendo el apeartheid y las mujeres no tuviéramos el derecho a la participación política en México. Hay personas que se siguen oponiendo en estos temas. Lo que se debe garantizar es el respeto a los derechos humanos.

Utilizar ese argumento, además, también se me hace un doble discurso porque cuando a la clase política le conviene escuchar a la sociedad –una parte de ella que cada vez es más minoritaria, afortunadamente- pues resulta ser que no quieren aprobar algo sin antes saber su opinión. Ojalá la misma atención le pusieran a todos los sectores de la sociedad y también todos los temas quisieran consultarlo.

En este tema, en particular –lo pongo en negritas para que quede claro-, considero que no hay de otra. Legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo es un asunto de derechos humanos y las garantías individuales no se regatean ni se consultan. Se respetan. No hay de otra, salvo que se quiera ser un declarado violador a los derechos humanos de una parte importante de la población.

Otro derecho violado

Diego Cadenas, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en su calidad de ciudadano, presentó hace unas semanas una propuesta al Congreso del Estado para reformar el Código Civil del Estado de Chiapas y así legalizar el matrimonio igualitario. El presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, Neftali del Toro Guzmán rechazó la iniciativa argumentando que para hacer una iniciativa ciudadana se tiene que entregar las firmas del 1.5 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, algo así como 50 mil 500 firmas.

La propuesta que presentó Diego Cadenas es el segundo intento que hace algún ciudadano o grupo de ciudadanos por hacer valer su derecho a la participación política mediante el uso de figuras como: iniciativa ciudadana, referéndum o plebiscito. Los primeros en intentar hacer uso de estas figuras legales, hace unos meses, fueron los integrantes del Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua. Hasta ahora siguen sin darles una respuesta clara –ya no digamos satisfactoria-sino clara sobre su petición.

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana no es claro sobre la forma en que se hará valer este derecho y las y los legisladores no se han tomado la molestia, pese a existir una necesidad clara y urgente, de aclarar esa laguna de la Ley, crear un reglamento o un mecanismo legal que permita que las y los ciudadanos hagan uso de estos derechos que son garantes en cualquier estado que aspire a una democracia.

Las y los diputados locales, a pesar que en el sistema político en el que vivimos son los representantes del pueblo, a la hora que la ciudadanía participa y les pide algo con toda claridad son los primeros en obstaculizar su participación.

La actual legislatura –que no tiene gran diferencia con las anteriores- no escucha a la ciudadanía y no admite su participación. Las únicas propuestas que fueron retomadas por legisladores y que surgieron de la ciudadanía durante esta legislatura son dos, ambas tienen que ver con el acceso al internet. Una de ellas fue retomada por el diputado Noé Castañón Ramírez, la cual fue altamente criticada y después retirada por el propio legislador por tratar de controlar el uso de la red; y una más presentada por la diputada Alejandra Soriano Ruíz, que hasta ahora no ha sido ni dictaminada, ni votada en el pleno.

El número de foros que han organizado los diputados para dar a conocer una iniciativa se cuentan con los dedos de una mano. En resumidas cuentas los diputados sólo escuchan las propuestas que vengan de Palacio de Gobierno o las que marqué su agenda personal, porque ni siquiera le han dado seguimiento a la agenda legislativa. Todavía tienen buen tiempo para hacer la diferencia. No la desaprovechen.

Un comentario en “Legislar desde los derechos humanos”

  1. Tere Campos
    13 diciembre, 2013 at 14:37 #

    Es verdaderamente claro y retrogrado lo que esta pasando en nuestro Estado y Pais entero, NADIE QUIERE ENTRARLE AL CAMBIO AL VERDADERO, solo se escucha y se hace lo que viene ordenado de «alla arriba» de los Pinos, pq hasta MAVECO esta de rodillas ante el Sr. del Copete…La SCJN recibio de la ONU el maximo reconocimiento por «disque» respetar los derechos humanos, serian los de Florenzees Cassez, porque los de las y los mexicanos siguen siendo VIOLADOS !!!

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