Cuando los gobiernos son tiranos, que cierran los cauces de negociación, y son insensibles a los derechos humanos, la resistencia civil encuentra su inobjetable justificación y se instituye en causa justa. Tal es la situación del movimiento magisterial frente al gobierno.
A veces uno no entiende por qué una persona se afana tanto en conseguir una posición política, y cuando la consigue hace todo para perderla. Cuando esto último sucede, sí se entiende que todo era un engaño, que nunca hubo voluntad de servicio a la ciudadanía, sino de satisfacción de egos soberbios y de enriquecimiento personal a costa del servicio público.
Veintiún años después las acusaciones han prescrito, pero no así la traición del entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, quien, simultáneamente a un diálogo con el EZLN, orquestó una operación político-militar y judicial en su contra.
Ahora que el Papa Francisco Bergoglio visita Chiapas, y en particular San Cristóbal de Las Casas, conviene tener presente la historia colonial y la dominación impuesta a los indígenas en nombre de la evangelización.
Entre las reparaciones por las violaciones a derechos humanos perpetradas también se consideran garantías de no repetición. Sin embargo, estas medidas no alcanzan al Ejército, y es quizá por esta razón, que continúa violando los derechos humanos.
El camino de la justicia se encuentra abierto, y el acuerdo representa un importante gesto del Estado mexicano para reconocer y admitir su responsabilidad en la privación de la vida de Severiano Santiz Gómez, Sebastián Santiz López y Hermelindo Santiz Gómez; sin embargo, resulta evidente, que las violaciones a los derechos humanos solo habrán sido resueltas y resarcidas cuando se lleve ante los tribunales a los responsables y se les imponga una sanción.
Las sesiones de cabildo ahora se llevarán a cabo en privado, y a ellas solo podrán asistir quienes integran el Ayuntamiento. Sesionarán a escondidas de la ciudadanía, en la tranquilidad que da la privacidad y el contar con la mayoría para tomar las decisiones y los acuerdos que sean necesarios. Eso es lo que había venido deseando el alcalde, y ahora lo ve realizado.
el nombre del organismo municipal y el hecho de que se nombrara como titular a un pastor de iglesia justifican la inconformidad ciudadana y revelan la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que protegen la libertad religiosa y la separación del Estado y la Iglesia.
La explotación y despojo de los indígenas no ha terminado. Hoy día, pese a que se reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho al territorio, el Estado se reserva el derecho sobre el subsuelo de esos territorios, y por eso, según su explicación, otorga concesiones de explotación minera, que no afectan la propiedad indígena. Como si hubiera manera de penetrar al subsuelo sin afectar la superficie!