Si de algo presumió Manuel Velasco durante casi cinco años en materia financiera, es que su gobierno no había contratado un solo peso de deuda. Pero como ha sucedido en otros ámbitos de su fallida administración, ese “logro” tenía pies de barro y ha empezado a derrumbarse.
Dejar en ceros el financiamiento a partidos políticos para gastos de campaña electoral y destinar el dinero a la ayuda a damnificados de los sismos y a la reconstrucción, es una propuesta que suena bien para el consumo de una sociedad agraviada por sus políticos. Pero cuando ese planteamiento se hace desde el poder, desde el partido en el gobierno, la iniciativa viene envenenada. Despojar de recursos a los partidos opositores, significa limpiarle el camino al candidato oficial a la gubernatura de Chiapas y perpetuar en el poder al grupo que hoy lo detenta.
La actuación sesgada del Tribunal no debe de verse de forma aislada, sino en el contexto de la soterrada intención del gobierno de someter a sus designios al Instituto de Elecciones, el cual quedó fuera de su control luego de que el INE decidiera renovar a todos los funcionarios.
Pero bueno, si esa posibilidad no se concretó, ahora la cuestión es plantearse si existe una opción mejor que Rómulo para encabezar una rebelión ciudadana contra el establishment político-electoral al que han querido circunscribirnos el gobierno estatal y los políticos de siempre.
Si no se entiende el mensaje, si no se aquilata en su verdadera dimensión el delicado momento político por el que atraviesa el país, se estaría desperdiciando una de las últimas oportunidades para transformar a México de manera pacífica.
Lo fundamental del discurso de López Obrador se desdobló en cuatro vertientes: erradicar la corrupción del gobierno, revisar las reformas estructurales, fortalecer la economía y los programas sociales, y cambio de régimen político (la llamada cuarta transformación histórica del país).
Velasco enfrentará un 2017 bastante complicado en materia política y económica, y en estas circunstancias no se descarta que para resarcir el boquete que dejará en su administración la merma de recursos, caiga en la tentación de aumentar, restituir o crear nuevos impuestos, o bien contratar créditos que agraven el ya insostenible endeudamiento del estado.
“¿Sabes cuándo van a regresar María Gloria y Rosa Pérez a sus alcaldías? ¡Nunca!”. Así contestó hace un mes Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso local chiapaneco, a un periodista de la fuente legislativa que en corto le había preguntado sobre los tiempos en que debería cumplirse la sentencia del Tribunal Electoral federal que ordena reinstalar en su puesto a las alcaldesas que fueron obligadas por el gobierno a pedir licencia para resolver un problema de gobernabilidad en los municipios de Oxchuc y Chenalhó.
En su desesperación por encontrar un flotador que contuviera el hundimiento de su deteriorada imagen, el gobierno de Chiapas se agarró de donde pudo sin pensar en la solidez o fragilidad de lo que encontraron sus manos en movimiento dislocado. Se sujetó de los números arrojados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que dice que la disminución del delito en más de 6 por ciento entre 2014 y 2016, lo hace el estado más seguro del país.