El engaño del «Chiapas más seguro»
En su desesperación por encontrar un flotador que contuviera el hundimiento de su deteriorada imagen, el gobierno de Chiapas se agarró de donde pudo sin pensar en la solidez o fragilidad de lo que encontraron sus manos en movimiento dislocado. Se sujetó de los números arrojados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que dice que la disminución del delito en más de 6 por ciento entre 2014 y 2016, lo hace el estado más seguro del país.
Sin embargo, la terca realidad es una aguafiestas de las cifras alegres. El optimismo gubernamental para nada coincide con lo que piensa el ciudadano común, el que hace su día en la calle y el que se informa con cierta regularidad de lo que sucede en su entorno. A la imagen amable de Chiapas que se quiere difundir, se oponen los frecuentes asaltos a bancos, cuentahabientes, negocios, transeúntes o transportes de carga o pasaje; robos de autos y a casas; asesinatos en bares y cantinas; secuestro y violación de mujeres; feminicidios recurrentes; abigeato; ejecuciones y decapitados; y desenfrenado vandalismo contra establecimientos comerciales.
Al gobierno estatal se le olvidó que en materia de seguridad pesa más la percepción de la gente que las estadísticas. Tal vez las cifras del Inegi no mientan, técnicamente puede que su medición sea correcta, pero de ahí a que reflejen la realidad hay una enorme distancia. Lo primero que habría que preguntarse es en qué datos se sustentó, porque si fue en los que les proporciona el propio gobierno a través de la Procuraduría de Justicia o de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, desde ahí hay un problema de origen, pues no son nada confiables ya que tienden a ser maquillados para mantener en un rango de “eficacia” en el rubro que permita seguir obteniendo recursos federales.
Otro detalle que el gobierno chiapaneco no quiso ver, es el porcentaje de los delitos que no se denuncian ante las autoridades de justicia, sea por desidia, por la tortuosidad que implica el proceso o porque los ciudadanos no confían en las instituciones. Según el propio Inegi, ese dato alcanza el 89 por ciento en el país. Si ese organismo hubiera tomado como referencia las secciones policiacas de los diarios locales, con certeza su encuesta habría arrojado un resultado muy diferente.
La decisión de “colgarse” de cifras relativas y tratar de manipularlas para dar una imagen edulcorada de la entidad, finalmente resultó un búmeran para la administración velasquista en general y, en particular para el procurador Raciel López Salazar y el secretario de Seguridad, Jorge Luis LLaven Abarca. En las actuales circunstancias de Chiapas, el trillado discurso del “estado más seguro” está agotado. A diario queda derrumbado por la violencia desbocada, la sangre derramada, la tragedia cotidiana, el miedo y la incertidumbre habitual de los ciudadanos.
No es ningún consuelo que nos quieran convencer de que en un México ahogado en la violencia y secuestrado por la inseguridad, Chiapas se encuentre en el último lugar de la lista. Lo correcto aquí entonces no sería decir que somos el “estado más seguro”, sino el menos inseguro. Pequeña gran diferencia de semántica que no aceptarán los gobernantes de este estado donde suelen ser muy afectos a disfrazar la realidad, a la simulación.
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