La impunidad ha protegido a los responsables y durante más de tres décadas no se llevo a cabo ninguna investigación seria sobre estos eventos, pese a los persistentes reclamos de justicia de los familiares de las víctimas y los mismos sobrevivientes. El régimen autoritario que imperó en México por más de setenta años (gobernado durante este tiempo por el Partido Revolucionario Institucional), impidió que los hechos fueran investigados.
Mientras no se tomen medidas realmente comprometidas con los derechos humanos y la proscripción de tal práctica, la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por la Delincuencia Organizada y la de Secuestros, por mencionar algunas, continuarán torturando para conseguir confesiones que luego se publicitan como la “investigación científica llevada a cabo por las policías para esclarecer delitos”.
Quienes insinúan que el actual gobierno es “menos peor” que sus inmediatos anteriores, deberían conocer el triste y lamentable papel que desempeña en el conflicto de las comunidades de la Selva Lacandona y en el encarcelamiento de Gabriel Montoya. En ambos casos el gobierno del Estado funciona como brazo ejecutor de los intereses de Julia Carabias, Televisión Azteca y de organizaciones «ambientalistas» en territorios indígenas.
En un contexto en que la libertad de expresión constituye una mercancía que se compra disfrazada de publicidad, o mediante pagos contantes y sonantes, Chiapas Paralelo constituye una de las muy pocas excepciones que no participan del mercado. En un año Chiapas Paralelo se ha posicionado como un medio de información imprescindible para conocer la realidad, y eso es motivo más que suficiente para celebrar y para felicitar a quienes alimentan día a día ese espacio de información y resistencia.
Los habitantes de la Rivera Cahuaré, han tocado innumerables puertas y enviado un sinfín de denuncias ante diversas dependencias. Aquellas que tiene por misión proteger el medio ambiente, han simulado procedimientos que culminan en ridículas multas que la empresa cubre para continuar explotando y contaminando. Las que protegen los derechos humanos han guardado silencio.
En los ataques de Israel a Palestina se violan las normas del Derecho Internacional Público que regulan el uso de la fuerza, los métodos de guerra, armas utilizadas, y protegen a los civiles que no toman parte en los conflictos. Resulta urgente la reacción inmediata de la comunidad internacional. La ONU debe tomar medidas urgentes para frenar los ataques israelíes, proteger a la población civil, atender a los refugiados.
La razón única, verdadera y lamentable por la cual fue encarcelado Gabriel Montoya, asesor de Bienes Comunales de la Lacandona, es simplemente porque la señora Julia Carabias lo considera un estorbo para la realización de sus planes en la Selva Lacandona. Ella pidió que fuera detenido para, de esa manera, y según su perspectiva, asegurar que el resultado de la asamblea de comuneros en que se elegirían nuevas autoridades le fuera favorable.
En la Facultad de Derecho hay diferencias históricas, surgieron desde su creación como escuela y subsisten al día de hoy. Tienen que ver con una ineludible realidad: la escuela es un coto de poder político cuyos hilos se mueven desde el Palacio de Gobierno, pasando por la administración central de la Universidad.
El conflicto suscitado en la Selva Lacandona requiere ser analizado y abordado desde la perspectiva de los derechos indígenas. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho al medio ambiente y el derecho al territorio se encuentran interrelacionados y deben ser respetados y garantizados por el Estado.