Para personas de comunidades indígenas, la creación de “acciones afirmativas” para acceder a cargos de elección popular está más cerca de ser una simulación que de garantizar la llegada de personas de pueblos originarios a las presidencias municipales, diputaciones y regidurías.
Diversos estudios antropológicos apuntan que el modelo de turismo actual en la Sierra Tarahumara de Chihuahua reduce la cosmovisión de los pueblos originarios a un simple producto de consumo y perpetua el despojo de sus territorios y recursos naturales. Las comunidades indígenas quieren cambiar las formas de hacer turismo, pero a los empresarios y autoridades gubernamentales poco les interesa.
La organización dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Chihuahua busca a través de siete foros públicos que la ciudadanía chihuahuense pueda conocer más de cerca la historia de resistencia de las comunidades que luchan en la Sierra Tarahumara, así como del acompañamiento que han realizado en sus 25 años de trabajo.
Los defensores rarámuri de territorio, Miguel Manuel Parra y Luis Javier Pérez Enríquez, llevaron las denuncias de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, ante los Estados miembros de las Naciones Unidas en el 23o. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
Con la creación de contralorías ciudadanas del agua, las personas se han propuesto impulsar políticas públicas e incidir para el mejor uso del agua, ante la crisis que se vive en todo el país por este recurso natural.
Durante una protesta en el Tribunal Superior de Justicia, varias mujeres condenaron la falta de perspectiva de género en la impartición de justicia, y exhibieron casos que ejemplifican esa problemática que, en varios casos, ha colocado a los agresores por encima de las víctimas
Desde el 2001 se encuentra ese antimonumento frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, un espacio que se ha convertido en punto clave para exigir justicia y denunciar la impunidad de las autoridades ante la violencia que hay contra las mujeres y sociedad en general.
Esta es la primera ocasión que el Palacio de Gobierno es amurallado. También es la primera ocasión que el Movimiento de Mujeres no podrá colocar ofrenda floral y veladoras en la placa de Marisela Escobedo, asesinada en 2010 en lo que ahora está del otro lado de las vallas metálicas.
Después de 100 años de luchar por su territorio, la comunidad rarámuri Bosques San Elías Repechique, logró su reconocimiento ancestral como pueblo indígena y con ello la restitución de 11 mil hectáreas por las que luchaban desde 1988. Esas tierras habían quedado en manos de familias no indígenas tras obtener títulos de propiedad argumentando que se trataba de terrenos baldíos o incurriendo hasta en la falsificación de firma de un gobernador.