“Las desapariciones de mujeres son una de las manifestaciones más brutales de la violencia por motivos de género”: CEDAW

“Las desapariciones de mujeres son una de las manifestaciones más brutales de la violencia por motivos de género”: CEDAW.
Foto: Zona Docs

*Esta nota fue realizada por Zona Docs, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.


El caso de Ivette Melissa Flores Román es el primero sobre desaparición de personas en México que resuelve un órgano de vigilancia de los tratados de las naciones unidas donde la víctima es una mujer, y el segundo que resulta en un pronunciamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

La determinación de la CEDAW, consideró Jesús Peña Palacios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hace de la desaparición de Ivette Melissa, ocurrida el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero “un caso representativo” de la situación a la que están sometidas las mujeres, jóvenes y niñas que han sido víctimas de este delito. Es, también un caso representativo de las violencias que sufren las mujeres dentro de sus espacios privados y públicos.

Por un lado, la CEDAW reconoce que “las desapariciones de mujeres son una de las manifestaciones más brutales de la violencia por motivos de género”, es decir, por el hecho de ser mujeres; y por el otro, deja en evidencia el proceder de las autoridades en la tarea de buscarlas y localizarlas, donde prevalece el nulo reconocimiento del contexto generalizado de violencia de género, la dilación, la revictimización, la criminalización y la ausencia de perspectiva de género en los procesos, así como de personal capacitado en la materia.

Por Dalia Souza / @DaliaSouzal

Fotografías Facebook Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Ivette Melissa Flores Román fue sacada de su domicilio con extrema violencia por sujetos armados y encapuchados, se la llevaron junto a su cuñada el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero. Su madre, la señora Sandra Luz Román, recuerda que tuvo que ser ella quien levantó los casquillos de las balas que fueron percutidas durante el evento, pues ninguna autoridad de seguridad acudió a atender su llamado de auxilio tras lo sucedido a su hija.

“Nos presentamos al 27 batallón y no nos dieron el apoyo, igualmente a la policía judicial, a la policía del estado, a la policía municipal, nos dijeron que estaban acuartelados, que no podían brindar sus servicios. Así que mi hija no fue buscada”.

Incluso, Sandra Luz, quien hoy lidera la búsqueda de su hija y la de cientos de personas a través del Colectivo de Madres Igualtecas, narra que tuvo que permanecer sin la puerta de entrada de su vivienda al menos un mes, porque no tenía la solvencia económica para reparar los daños materiales que también ocasionaron quienes se llevaron a Ivette Melissa. Sobre todo, esta madre permaneció en un escenario de desprotección “nadie me dio seguridad, todos me veían como si yo fuera la culpable de lo que había sucedido”.

Esos casquillos que Sandra Luz levantó fueron los mismos que, dos años más tarde, le fueron solicitados por personal ministerial de la Fiscalía del Estado de Guerrero.

“Nadie se presentó a hacer siquiera un peritaje” denuncia Sandra Luz con molestia mientras recuerda aquel momento cuatro años después de la desaparición de Ivette Melissa, cuando personal de la policía judicial se presentó a “pedir informes” sobre lo que había sucedido a su hija: “indudablemente los corrí” afirma.

“Ya no busqué” le mencionó un servidor público cuando acudió a la dirección de Antisecuestros, “ese hombre tiene muchas denuncias y la van a matar”, le reiteró. Y es que, desde el primer día, Sandra Luz intentó decirles a las autoridades de seguridad de Guerrero quién podría ser el autor material de la desaparición de su hija, puesto que, este hombre le dijo personalmente que la “había entregado al cartel”, así lo denunció Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Sin embargo, esta madre fue ignorada y, ahora, a 10 años de la desaparición de su hija, el sujeto está muerto y nunca fue sancionado o siquiera llamado a declarar para ofrecer información sobre el paradero de Ivette. 

Frente a estas y otras omisiones que han costado la seguridad, la integridad, la vida y el acceso a la justicia de esta madre y su hija durante más de 10 añosIdheas ha llevado el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) con el objetivo de que sea la comunidad internacional quien ofrezca la ruta de acción sobre lo que el Estado mexicano debe hacer -por omisión- para buscar y localizar a Ivette, así como a las más de 26 mil mujeres, jóvenes y niñas que han sido desaparecidas en el país,

Y es que, como mencionó Jesús Peña Palacios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la desaparición de Ivette Melissa es “un caso representativo” de la situación a la que están sometidas las mujeres, jóvenes y niñas que han sido víctimas de este delito, así como de la violencia generalizada que sufren en el espacio público y privado.

La CEDAW es el órgano internacional que se ha encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea de las Naciones Unidas. México ratificó como país esta convención en 1981 y desde 2002 ratificó el Protocolo Facultativo, recordó el Representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado.

Añadió que, si bien, uno de los requisitos que deben cumplirse para presentar este tipo de denuncias ante los organismos internacionales es que todos los recursos legales del país hayan sido agotados, esta regla es susceptible de excepción cuando “la tramitación de dichos recursos ha sido prolongada indefinidamente”, como ha sucedido durante 10 años en el caso de Ivette Melissa.

Isabel Suárez Terrazas, abogada de Idheas, encargada de acompañar a Sandra Luz en su proceso frente a la CEDAW y ante las dependencias mexicanas obligadas a encontrar a su hija, explicó que el dictamen del organismo internacional fue emitido el pasado 15 de noviembre.

En la resolución se destaca que el contexto social de inseguridad y la violencia extrema fueron los dos elementos claves para que el crimen que se cometió contra Ivette Melissa sucediera.

Pero, sobre todo, deja evidencia que fue ignorada por las autoridades mexicanas la violencia familiar que vivía la joven en manos del padre de su hija y expareja, así como de quien era su suegro. Estos hombres, refiere la abogada, la amenazaron y violentaron durante el tiempo en el que vivieron juntos y aumentó cuando ella decidió salir de este entorno.

“Dicho contexto no fue considerado al momento en el que se presentó la denuncia” manifiesta Suárez Terrazas. Además, “las autoridades no ordenaron ninguna acción de búsqueda inmediata, ni se activó ningún mecanismo, a pesar del grave peligro en el que se encontraba y de la normativa vigente que obligaba a llevar a cabo estas acciones” precisa la abogada.

Así como pasaron dos años para que personal ministerial acudiera a recoger los casquillos percutidos en la escena del crimen, fue hasta el año 2016, cuatro años después, que el Ministerio Público de Iguala acudió a recabar el testimonio de Sandra Luz y solicitó su ingreso a la base de datos como una persona desaparecida.

El 14 de marzo de 2014, la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Tratade Personas de la Fiscalía General de la República admitió un acuerdo de incompetencia, precisa la abogada, donde señala que los hechos investigados sobre la desaparición de Ivette Melissa “no podían considerarse como hechos de violencia contra la mujer o por el género de la víctima, por la falta de elementos probatorios en la indagatoria que permitiesen orientar la investigación en dicho sentido”.

Para el Comité en su determinación, es más que claro que dicha valoración “no considera el contexto previo de violencia de género sufridas por la víctima, así como, el contexto general de las desapariciones que padece el Estado”.

Es relevante advertir que la cuñada de Ivette Melissa fue liberada días después, por lo que, pudo señalar e identificar al principal responsable, no obstante, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República nunca le citó para declarar.

Para agregar a las omisiones, el 5 de junio de 2017 por primera vez la policía federal practicó la inspección a la casa de Sandra Luz y su hija, no obstante, no realizó ningún peritaje sobre los impactos de proyectil que documentó en la vivienda, con el fin de establecer, por ejemplo, qué tipo de arma se había utilizado.

Ante la suma de estos eventos, la madre de Ivette Melissa interpuso un amparo, solicitando a las autoridades que se rigieran tanto en la investigación como en la búsqueda de su hija, bajo una perspectiva de género. Por fin, el 9 de diciembre de 2018, el Juez concedió el amparo, sin embargo, a cuatro años del mandato judicial, “las autoridades no han cumplido dicha sentencia, incluso, ha habido dos resoluciones por el incumplimiento de la misma” denuncia la abogada.

Aunque la SEIDO buscó dar cumplimiento a dicha sentencia a través de la solicitud de un “análisis y contexto con perspectiva de género” precisa la abogada, el resultado de éste fue un documento que “contine estereotipos de género y culpa a la víctima de haberse puesto en un riesgo que la llevó a su desaparición”.

Idheas expone que “la Fiscalía fue influenciada por estereotipos e ideas preconcebidas al interpretar su competencia legal de forma restrictiva y al negar la existencia de actos de violencia por razón de género”, particularmente, revelan que esto sucede con mayor reiteración “cuando los delitos son cometidos por el crimen organizado”.

De igual manera, el Estado Mexicano respondió al Comité que involucraría a personal del Instituto de las Mujeres en las averiguaciones previas del caso para guiar a los ministerios públicos, esto como una de las acciones de cumplimiento a una investigación y búsqueda con perspectiva de género, sin embargo, esto no ha sucedido.

El caso de Ivette Melissa es el quinto referente a desaparición de personas que resuelve un órgano de vigilancia de tratados de las naciones unidas, afirma Jesús Peña Palacios, de éstos, cuatro constituyen casos de desaparición forzadas de personas; es decir, donde hay implicación de agentes del Estado. También, es el segundo que resuelve el Comité de la CEDAW.

Junto a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Radilla Pacheco y Alvarado, “México tiene ya siete determinaciones de organismos supranacionales de derechos humanos en materia de desaparición de personas” asegura Peña Palacios. Y agrega que seis de las siete determinaciones “derivan de hechos que se han presentado en el contexto del modelo de seguridad militarizado que se ha impuesto en México desde el año 2006”.

Al ser el primer caso resuelto por órganos de vigilancia de las naciones unidas en materia de desaparición de personas donde la víctima es una mujer, los patrones identificados permiten observar con una perspectiva internacional la problemática que aqueja a este sector de la población, dijo Peña Palacios.

En ese sentido, a la luz del caso de Ivette Melissa, el comité reitera que “las desapariciones de mujeres son una de las manifestaciones más brutales de violencia por motivo de género, es decir, la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer” denuncia el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esto significa que se reconoce “el vínculo estrecho que existe entre la desaparición y los actos de violencia contra la mujer” afirma la abogada Isabel Suárez Terrazas, así como el patrón que existe de las desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y la impunidad que prevalece, ya que el Comité considera que “el expediente devela información que sugería que las personas vinculadas a organizaciones se beneficiaron de la autorización, el apoyo y las omisiones del Estado respecto a la desaparición de Ivette”.

Por lo tanto, manifiesta Jesús Peña Palacios, en su posición de representante de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el Comité considera que el Estado tiene parte de la responsabilidad en el reciente caso como desaparición forzada”.

En su resolución, el Comité es consistente en advertir que “la discriminación contra la mujer también viola otros derechos humanos, como el derecho a la vida y a la integridad física”, frente a estos contextos, dice, “son los Estados quienes están obligados a iniciar acciones primarias y a llevar a los infractores a juicio e imponer las sanciones penales correspondientes” manifiesta el dictamen.

Puntualmente, el Comité reconoce que los procedimientos penales promovidos por Sandra Luz -desde que su hija fue desaparecida en el 2012-, “se han prolongado injustificadamente”; para muestra, explica la Suárez Terrazas, el incumplimiento reiterado de la sentencia de amparo. Este proceder, dice el órgano de vigilancia, ha demostrado que el Estado Mexicano es “ineficaz en dar un remedio efectivo” a la problemática.

Y es que, el Comité de la CEDAW afirma que “es deber de los Estados proceder con debida diligencia para prevenir, investigar y enjuiciar las desapariciones de mujeres”, así como, de hacer una búsqueda inmediata. Lo que no ha sucedido para el caso de Ivette Melissa, ya que, hasta el día de hoy, asegura la bogada, “no se encuentra un plan de coordinación e investigación por ambas fiscalías (del estado de Guerrero y la Federal), ni un plan de búsqueda con protocolo”, mucho menos se cuenta con alguna orden aprehensión de los presuntos responsables.

La resolución del Comité es determinante también porque es “la primera en toda la historia de México en la que se condena al Estado mexicano por discriminar en el acceso a la justicia y por no aplicar la perspectiva de género en la investigación” asegura Juan Carlos Gutiérrez Conteras, director de Idheas, al reconocer que la gravedad de la resolución está dada por el carácter de este órgano de vigilancia, el cual es el más importante en el mundo sobre violencia a la mujer.

“A Ivette Melissa se le discriminó en el acceso a la justicia, no se investigó de manera adecuada, no se garantizó una investigación rápida y efectiva”.

Así como el Comité nombra y describe las omisiones, negligencias y deficiencias dentro del proceso de investigación y localización del paradero de Ivette Melisa, traza una ruta de actuación para el caso específico y para los casos de niñas, jóvenes y mujeres que aún permanecen desaparecidas. En ese sentido, Jesús Peña Palacios, habla sobre las características de la búsqueda que debe llevarse a cabo, donde el proceder de toda autoridad involucrada debe contar con “la debida diligencia para prevenir, investigar y enjuiciar las desapariciones de mujeres”. Esto supone una búsqueda inmediata, sin demora o retraso y con enfoque de género dentro de todas las etapas. Sin olvidar destacar la participación de personal capacitado, que incorpore, además a funcionarias mujeres.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones “transformativas, integrales y diferenciadas”, dijo Peña Palacios, que tiendan a garantizar:

  • La búsqueda efectiva
  • La investigación
  • El acceso a la información
  • La protección de la madre y la familia
  • La liberación o restitución de los restos de Ivette Melissa
  • La reparación integral
  • Las garantías de la no repetición, a través de tres medidas concretas: la erradicación de la impunidad, la capacitación y la adopción de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.

Este último punto, precisa Peña Palacios, fue el eje del informe con motivo de la visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas.

CRIMEN ORGANIZADO Y DESAPARICIÓN DE MUJERES

Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, denunció que como organización han insistido que la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente de mujeres, cuando la delincuencia organizada está involucrada “también requiere contar con perspectiva de género”, esto, porque afirmó que “muchas de las jóvenes que están “involucradas” en lugares donde hay conflicto, donde hay presencia de la delincuencia organizada, son tomadas para ejercer violencia sobre sus cuerpos, sobre su vida y son entregadas a redes de trata”.

Recordó que, la desaparición de Ivette Melissa se da en un contexto donde el autor material del delito confesó a Sandra Luz que había entregado a su hija al cartel, “se lo dijo personalmente la persona y a pesar de esas declaraciones, la fiscalía nunca llamó llamar a esa persona que ya murió”.

Juan Carlos Gutiérrez afirma que en más de una ocasión han denunciado que en Iguala prevalece la comisión de “desapariciones sistemáticas y generalizadas de niñas y jóvenes desde hace 10 años”.

Y que, frente a ello, “el contexto central de esto es que existe ausencia absoluta de aplicar perspectiva de género en casos donde la delincuencia organizada se encuentra vinculada con agentes del Estado”.

Resulta de vital importancia, entonces, que exista una política “en la que realmente podamos abrir la discusión sobre qué sucede con la desaparición de niñas y mujeres que son desaparecidas en el contexto de la violencia de la delincuencia organizada”, agregó Gutiérrez.

LA BÚSQUEDA DE IVETTE MELISSA DIEZ AÑOS DESPUÉS DE SU DESAPARICIÓN

El director de Idheas reveló que la Secretaría de Gobernación se comunicó con la organización para hacerles saber que “tenía la firme convicción de dar seguimiento y cumplimiento a la decisión del Comité de la CEDAW”; no obstante, advirtió Juan Carlos Gutiérrez, que, si bien es importante, no ha existido una respuesta de parte de la Fiscalía o el Gobierno del estado de Guerrero, tampoco de la Fiscalía General de la República o de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Lo cierto es que “el caso sigue en la impunidad, 10 años después”, prueba de ello es que recientemente la Fiscalía de Guerrero se comunicó con Sandra Luz e Idheas para que acudieran a ampliar la declaración”.

“Nos parece que es algo totalmente revictimizante, lacerante para la víctima que denunció la desaparición de su hija hace 10 años y el ministerio público nos envía un oficio diciendo que 10 años después vayamos a ampliar la declaración. Ese oficio demuestra la desnaturalización, la falta de perspectiva de género y de sensibilidad”.

Aunque hubo una carta respuesta dirigida a la Fiscalía de Guerrero y a su fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, no han recibido otra de vuelta.

Luego de 10 años, así como uno de los presuntos culpables de la desaparición de Ivette Melissa murió sin ser llamado a declarar, los otros siguen libres.

SANDRA LUZ Y SU LUCHA A TRAVÉS DEL COLECTIVO DE MADRES IGUALTECAS

Ante la ineptitud del Estado mexicano, Sandra Luz Román, madre de Ivette Melissa hoy encabeza su búsqueda y la de los hijos e hijas de más de 200 madres que integran el colectivo Madres Igualtecas.

Su labor, narra esta buscadora, la ha llevado a acompañar a sus compañeras de lucha y a rastrear la tierra; apenas hace unas semanas llegaron a un predio de donde lograron encontrar a varios tesoros desaparecidos.

“Tengo la seguridad suficiente para yo hacer esa búsqueda porque soy yo la que ha buscado, la que ha encontrado los predios, dar respuesta e informes que ellos no hicieron” dice esta madre buscadora. Sin embargo, en este andar ha sido amedrentada por diversas autoridades de seguridad en su estado, por lo que, alza la voz para pedir “seguridad suficiente” que le permita seguir “emprendiendo esta búsqueda por mi hija”.

Desde Idheas les consta el trabajo que realizan las Madres Igualtecas, por ello, llamaron a apoyar a Sandra Luz y a sus compañeras, “no tiene protección, le quitaron la protección”, manifestó Juan Carlos Gutiérrez, acciones que contrastan con el llamado que hizo el Comité de la CEDAW sobre la labor de esta madre, puesto que, el organismo requiere al Estado mexicano “garantizar la protección para que siga desarrollando la búsqueda de su hija y el liderazgo del colectivo”.

“Nosotros necesitamos pedir al mecanismo de protección para que proteja a todas las madres igualtecas” agregó el director de Idheas.

Sandra Luz requirió al Gobierno Federal que “haga caso por fin y hagan realidad” todas las peticiones que tienen estas familias: “que nos sigan dando las búsquedas, que nos den el apoyo económico para continuar con ello. Las búsquedas implican varios gastos, desde las carpas, las herramientas, los gastos” señaló.

Y es que ella, ya ha hecho su parte, incluso, más de lo que tendría “mi vida se la ofrezco a todas esas víctimas indirectas que buscan a sus desaparecidos, estoy para apoyarles en todo lo que yo pueda” concluyó.

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