La expulsión violenta y el desplazamiento forzado, una constante en Chiapas

• Divididos y desplazados, campesinos dejan sus tierras “libres” para los inversionistas
• Habitantes de Primero de Agosto, dos semanas viviendo a la intemperie

María Esmeralda López tiene 17 años y cursa el sexto semestre en el Colegio de Bachilleres. Sentada en un tronco, en medio de un bosque de pino, observa a otros tres compañeros del Colegio, a su padre y madre, a su hermano mayor, a sus vecinos, hombres y mujeres; a los 57 indígenas tojolabales quienes desde el 23 de febrero pasado, duermen a la intemperie, solo protegidos por unos plásticos.

María Esmeralda narra que todos los días hasta antes del 23 de febrero, caminaba hora y media rumbo al Colegio, desde el poblado Primero de Agosto a Nuevo Momón, en Las Margaritas; hasta que su hermano mayor, un campesino sin tierra, y varios jóvenes como él, fueron expulsados junto con sus familias, en castigo por gestionar a su favor 73 hectáreas de tierra que según el Registro Agrario Nacional, son terrenos nacionales, no tienen dueño alguno.

Sus expulsores, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-Histórica), no desean que nadie usufructúe esos terrenos que hace algunos periodos electorales, un candidato a presidente municipal les ofreció a cambio de su voto.

Desde entonces, aún cuando no hay ningún documento legal que se los conceda, quienes militan en esa organización se sienten dueños de esa tierra a la que llaman El Roble; y se consideran socios de las autoridades municipales de Las Margaritas y de los gobiernos estatal y federal, porque los cioaquistas han ocupado diversos cargos públicos en los tres niveles de gobierno, como moneda de cambio por su voto y su complicidad. Los hermanos Luis y Antonio Hernández –ex diputados federales- son prueba de ello.

Mujeres desplazadas del poblado Primero de Agosto. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

El Primero de Agosto de 2013, los ejidatarios sin tierra –entre ellos el hermano de María Esmeralda- se instalaron en El Roble e inauguraron lo que llamaron Poblado Primero de Agosto. Iniciaron también las gestiones para la legal posesión del predio. El Registro Agrario Nacional dictaminó que esa tierra era libre y podían hacer uso de ella. En ese momento inició la disputa entre los campesinos del Primero de Agosto y quienes militan en la CIOAC-H.

Luego de varios encuentros y desencuentros que tuvieron como interlocutor al gobierno estatal, este último se declaró “incompetente” tanto para mediar, como para evitar un enfrentamiento o una posible expulsión, la que finalmente se dio el pasado 23 de febrero, en medio de una acción violenta donde los expulsores incendiaron las casas y quemaron los bienes de quienes demandaban la tierra.

Desde entonces María Esmeralda López, su familia y vecinos -unas 57 personas que vivían de su trabajo en la tierra y habían logrado que los jóvenes fueran a la escuela para que tuvieran algún oficio y profesión-, duermen a ras de piso.

Perdieron todos sus vienes, viven con la incertidumbre de nuevamente lleguen los cioaquistas a agredirlos, pero mantienen firme la demanda de que tienen derecho a la posesión del predio de 73 hectáreas. Refugiados bajo techos de plástico, comiendo de la donación de personas solidarias, esperan el momento de volver.

Autoridades omisas y cómplices

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha acompañado la gestión del poblado Primero de Agosto. Lo ha hecho con ellos y con habitantes de otros cinco poblados ubicados en diferentes partes de la geografía chiapaneca, también víctimas de la expulsión y el desplazamiento forzado.

Desde 1994 se incrementaron los casos de destierros como consecuencia de conflictos que no han sido atendidos por el gobierno, pero en la última década, se han recrudecido las expulsiones, refiere Víctor Hugo López Rodríguez, director del Frayba.

Cita los casos del Ejido Puebla, desplazados en 2012; Banavil en 2011; Viejo Velasco en 2006; El Bosque, de San Cristóbal apenas este mes de marzo; y de San Marcos Avilés en Chilón. De 2006 a la fecha son 6 desplazamientos de comunidades enteras que ha acompañado el Frayba. “No son las únicas, son sólo una muestra de lo que está ocurriendo en muchas otras regiones de Chiapas”, explica López Rodríguez.

“La principal causa de desplazamiento es que las autoridades no han atendido las problemáticas, en lugar de resolver en tiempo y forma a través de dialogo y gestiones, han sido omisas o cómplices en conflictos por la disputa de tierra”, señala.

Añade que en el caso del poblado Primero de Agosto lo que le toca al gobierno de Manuel Velasco es reconocer el derecho a la tierra de los hijos de ejidatarios; que se les reconozca su derecho y se legalice el terreno a su favor. Lo que se le ha pedido en diversas reuniones que han tenido con representantes del gobierno, es que se hagan las gestiones y se llegue a un acuerdo y conciliación entre las partes.

“Pero nos hemos encontrados que autoridades locales tienen intereses en las tierras y por tanto protegen al grupo expulsor, a quien o no los tocan, a los favorecen. En otras expulsiones son intereses locales o caciquiles los que impiden se llegue a acuerdos entre las partes”.

Conciliar antes que judicializar

López Rodríguez sostiene que antes de judicializar, criminalizar o perseguir a unos u otros, el gobierno debe privilegiar el diálogo intercomunitario, que permita a las partes llegar a un acuerdo. “Independiente de su militancia o identidad política, todos son pueblos originarios”.

Refiere que de manera independiente en otros conflictos las partes han llegado a la conciliación. “Por ejemplo en territorios zapatistas se ha llegado a acuerdos entre zapatistas y no zapatistas, para implementar estrategias de desarrollo y conservación. Nosotros apostamos por esa vía”.

Sin embargo, reconoce que areciera que la estrategia del gobierno es mantener el conflicto y fomentar los desplazamientos forzados.

“Cuando las comunidades se dividen y fragmentan la tierra, quien sale ganando es el capital extranjero, los inversionistas. Al analizar los casos en su conjunto, vemos que hay un patrón en los conflictos intercomunitarios donde la disputa es por la tierra rica en recursos naturales: empresarios y políticos ya han gestionado que en esas regiones se les conceda permisos para la exploración minera, la implementación de hidroeléctricas o eólicas”.

Lo que buscan entonces, asegura, pareciera ser despejar el territorio para libremente explotar los recursos de la zona.